La Guajira entre la desconfianza ciudadana y las sentencias judiciales.

Por: Veeduría a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

La Guajira es un departamento fronterizo de 20.848 km2, que representa el 15,7% de la extensión del Caribe Colombiano y el 1,8% del territorio nacional. Territorio desértico en la Alta Guajira y con nieves en los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta (5775 m), con 403 kms costeros que representan el 24,4% del litoral Caribe y 249 kms de frontera con Venezuela. El Rio Ranchería, con una extensión cercana a los 150 kms, es considerado el eje estructurante del territorio al integrar la parte noroccidental con la zona sur.

Según las proyecciones del Censo del 2018, en el 2020 contó con 965.718 habitantes correspondiente al 9.4% del Caribe y el 1,92% del país. El 28,7% se encuentra entre la edad de 0 a 13 años, de ellos 112.396 son menores de 5 años. El 51% de sus habitantes se encuentran en la parte rural.  La población étnica (indígena y afrocolombianos) es de 455.187 (51,69%), 394.683 (44,82%) de ellos son wayuu asentados de manera dispersa en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao, Albania, Hatonuevo, Barranca, Fonseca, Distracción y San Juan.

Los desencuentros con la nación

La historia de esta península está determinada por los desencuentros con la nación. Ha sido una región que desde el inicio del periodo colonial se mantuvo por fuera de las lógicas mediterráneas que primaron en el país y cuyos indígenas no fueron sometidos. Hasta la parte alta del siglo XVII perteneció a la Real Audiencia de Santo Domingo. Al inicio de la república su economía dependió del comercio con los puertos de las colonias holandesas en el Caribe.  Para integrarla, en la Carta de Jamaica, Simón Bolívar (1815) propuso a Bahía Honda en el municipio de Uribia como capital de la naciente república de la Nueva Granda, lo cual no pudo lograr.

Rene de la Pedraja señala que por las tensiones existentes a finales del siglo XIX Panamá optó por la separación y La Guajira prefirió mantener la clandestinidad de sus relaciones comerciales con el Caribe y por este malestar fue cedida a Venezuela, pero rechazada por su Congreso. A partir de allí se ha conservado disfuncional a los modelos de desarrollo económico y social de la nación

Asociada a sus debilidades institucionales que hasta hoy se mantienen, a las dificultades de invertir de manera eficiente y transparente los recursos de regalías, a los problemas sociales como la desnutrición, la muerte continua de niños  y la sequía que prima en gran parte de  la Alta Guajira,  se le determina como el revés de la nación; territorio salvaje; frontera y tierra de nadie; la vergüenza de la nación y el confín del mundo (finis terrae) y que según Pérez V-L se genera por  la existencia de un profundo síndrome de vacío del  Estado y de mercado. Solo la explotación de recursos naturales (sal, gas y carbón) durante la década de los setenta logró vincularla tardíamente al sistema productivo del país.

De acuerdo al Dane, La Guajira para el 2018 mantenía un nivel de pobreza monetaria del 53,7%, frente al 27,0% del nacional. El 26,7% se encontraba en condiciones de pobreza extrema, mientras que el promedio nacional disminuía a 7,2%. La pobreza multidimensional de La Guajira fue 51,4% en 2018, siendo la de mayor incidencia de los departamentos del Caribe ubicándose 17,9%. por encima del promedio de la región y 19,6% del promedio nacional.

Los municipios con las mayores prevalencias se localizan en la Alta y Media Guajira. Uribía con un 92.2%, Manaure con 86.7%, Dibulla con 65.5%, Maicao en 60% y Riohacha 43,6%. Para el mismo año el indicador de pobreza multidimensional en La Guajira se situó en 72,5%, siendo el tercer departamento con el mayor nivel de pobreza en centros poblados y rurales dispersos, mientras que el nacional alcanzó el 39,9%, Ello permite determinar la existencia de una alta correlación entre pobreza y ruralidad en estas entidades territoriales, ya que el 86.3% de la población rural prevalece en dichos municipios.

La desnutrición como causa del estado de cosas inconstitucional

La Guajira presenta una serie de privaciones que inciden en el nivel de salud (enfermedades gastrointestinales y desnutrición) y pobreza: i) oficialmente sólo el 4% de la población rural tiene acceso a agua potable; ii) aunque la cobertura urbana alcanza el 90%, la continuidad promedio es de 9 horas por día; iii) solo 3 de 15 municipios tienen agua  apta para el consumo humano; el 76% de la población vive en  municipios que no tratan sus aguas  residuales adecuadamente; la cobertura en salud  que es cercana al promedio nacional,  no es oportuna  ni de calidad en los territorios dispersos y la tasa de analfabetismo (para personas de 15 y más años) es del 14,93 %  cuando en la nación es del  5,00%. Estos factores incidentes fueron tomados por la Corte Constitucional para declarar el estado de cosa inconstitucional, como la violación generalizada de los derechos al agua, alimentación, salud y participación por parte de las comunidades wayuu y en especial de los niños y niñas de la etnia.

El grado de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, medido a través del índice de GINI, evidencian que La Guajira es de los más altos del país. Este fue de 0,552 durante 2018, siendo el segundo departamento más desigual del país, si se compara con el 0,517 como promedio nacional. Tratándose de que Colombia es miembro de la OCDE, estos promedios solo son comparables   con los que se presentan en países altamente desiguales como los del continente africano tales como: Botswana 0,533, Mozambique 0,54 y República Centroafricana con 0,562.

En el ámbito económico, el aporte que le hace La Guajira a la nación desde la producción de bienes y servicios durante el 2018 se ha podido establecer en el 1,2% del Producto Interno Bruto – PIB, aunque durante ese año decreció (-0,2%) e igualmente en el 2019 (-0,8%). Por el nivel de la contribución que realiza por intermedio de la explotación minera de gas y carbón, la hacen dependiente de la minería al representar el 45.4% en el 2018 y el 38,9% del PIB departamental en el 2019. El PIB percápita como porcentaje del promedio nacional en el 2018 se situó en 68.14%

Una de las consecuencias son las altas tasas de mortalidad de niños menores de 5 años señalada por la Corte Constitucional en el fallo de la Sentencia T-302 de 2017. Esta realidad  es vivida principalmente  por los miembros de la etnia wayuu, la que se encuentra determinada por múltiples factores, entre ellos: i) ser un departamento que enfrenta dificultades en la producción agrícola, distribución,  acceso, aprovechamiento y calidad  los alimentos, en especial, en municipios como Uribia y Manaure: ii) la población tiene bajo acceso al agua y saneamiento básico: iii) se presenta una baja consolidación de las relaciones del territorio con el Estado y el mercado nacional; iv) durante el presente decenio ha persistido la sequía por la variabilidad de los ciclos de lluvias; v) la Alta Guajira históricamente ha mantenido una dependencia social y económica de Venezuela, circuitos que se encuentran bloqueados por la crisis y fallas estructurales del modelo de desarrollo existente del otro lado de la frontera; vi) el masivo retorno de miembros de la etnia wayuu procedentes de Venezuela profundizan  la crisis humanitaria. y vi) el departamento en los últimos 8 años mantiene problemas de gobernanza y baja continuidad en sus políticas públicas.

La proliferación de sentencias judiciales

Las vulnerabilidades que enfrentan los grupos étnicos (wayuu, kogui, wiwa y arhuaco) y las limitaciones del desarrollo social como consecuencia de la incidencia de las altas tasas de desnutrición y mortalidad de niños menores de 5 años, han generados múltiples respuestas jurídicas de diferentes instancias, buscando llamar la atención por parte del Estado. Demandas judiciales contra el gobierno nacional y los gobiernos locales para intentar solucionar la preocupante situación de los niños y niñas de las comunidades indígenas, acciones y ordenes que poco se cumplen.
Allí el déficit de Estado y de mercado se hace más protuberante debido a la reversión de los términos de intercambio con Venezuela. En la actualidad no se reciben los dineros provenientes de Venezuela, muchos wayuu de la Alta Guajira en la zona de Puerto Estrella, Nazareth, Siapana en Uribia, Aremazain, La Gloria, Popoya y La sabana en Manaure estaban empleados en Maracaibo, las provisiones que se enviaban de manera recurrente son cada vez más escasas, generándose condiciones de desabastecimiento de alimentos que se incrementaron a partir del 2015 con el advenimiento de la emergencia social por la sequía que impactó a esta subregión.

Este contexto se hace más difícil, ya que la producción de La Guajira enfrentará una tendencia contractiva por la reducción de las reservas de gas que se inició en el 2014. Igualmente, se verá afectada por los planes de cierre de las minas de carbón del Cerrejón en el 2034, actividades productivas que sostienen los niveles de desarrollo social y económico.

La Guajira. Sentencias y medidas judiciales vigentes en beneficio de los indígenas

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