En La Guajira $ 70.405 millones invertidos por la nación en agua potable para los wayuu no aportan al mejoramiento de la cobertura.

Por: Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017

Recientemente y desde Riohacha, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT le envió un mensaje esperanzador al país, a los guajiros y especialmente a los niños y niñas wayuu.  Esta institución a diferencia de lo que ha acontecido con las fallidas intervenciones de la nación en los sectores de la salud y educación, mantiene su apuesta por mejorar las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades rurales y se encuentra dispuesta a seguir trabajando e invirtiendo recursos para hacer que se cumpla el viejo  deseo de que los wayuu de la Alta y Media Guajira sean ciudadanos colombianos con agua apta para el consumo humano de manera  suficiente, de calidad y sostenible.

En el documento CONPES 3944 se implementó  la prestación del servicio de agua potable en la zona rural a través de sistemas no convencionales con un esquema diferencial y sostenible establecido en el Decreto 1898 de 2016, buscando: i) disminuir el costo del agua en la zona rural, el cual es 5 veces mayor que en Bogotá; disminuir el índice de enfermedades gastrointestinales, que es 2.4 veces superior al promedio nacional; iii) disminuir los índices de desnutrición, que son 4.8 veces superior al promedio nacional; iv) mejorar los niveles de saneamiento e higiene en las comunidades cubiertas;  v) lograr la participación continua de la comunidad (enfoque de demanda); vi) reordenar la ocupación y el uso del territorio ancestral a través de la prestación de servicios sociales del Estado y vii) desarrollar un espacio de integración comunitaria,  encuentros y cruces de caminos..

El modelo de prestación de servicio seleccionado para La Guajira fue el de pilas públicas, el cual consta de tres componentes:  infraestructura, aseguramiento de la prestación del servicio público y gestión social. La infraestructura, está compuesta por un punto de producción de agua potable, la pila pública principal y los módulos de servicios. A esta se le adiciona la unidad sanitaria seca, caseta con la oficina del operador, gestión de brigadas de salud, bodega de reciclaje, enramada y baños.  A la fecha están funcionando los módulos de Casa Azul (Manaure), Flor de La Frontera (Winpeshi – Uribia), Sararao (Maicao) y próximamente entrará en servicio una estación de Rumonero (Riohacha – km 18 salida a Valledupar).

Hasta aquí, todo indica que el cronograma de ejecución de obras va raudo hacia una ejecución progresiva, El problema se presenta cuando se determinan las coberturas alcanzadas y que se exponen en un comunicado oficial, precisando que la línea de base se estableció con una cobertura del 4% teniendo como fuente el Censo del 2018. A partir de allí se evolucionó al 9% en el 2019, 19% en el 2020 y en el 2021 la cobertura llegará al 49%.

La ejecución del esperanzador programa de Guajira Azul, el ambicioso programa de contratación y realización  de obras en aras de conformar una vasta red de pilas públicas sostenibles en  el territorio ancestral wayuu, serían las acciones claves para llegar a una cobertura del 70% al finalizar el periodo del presidente Duque,   hechos  que mensualmente han venido reportándose al Tribunal Superior de Riohacha, convalidándolas como atención de  urgencia  mientras se estructura la política pública ordenada por la Corte Constitucional  en  la Sentencia T- 302 de 2017.

En el informe técnico de la Veeduría Ciudadana en octubre del 2020, se demostró que el modelo de pilas públicas mantiene diferentes riegos en la sostenibilidad y su cobertura debería ser ajustada, ya que muchas comunidades por fuera de los 2.5 kms de radio o 5 kms de diámetro que se toman para establecer la cobertura real, no tienen acceso al agua potable. Por lo tanto, su cuantificación necesariamente tiene que ser verificada a profundidad.

En relación con la línea de base  que  se estableció con una cobertura del 4%,  el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana desarrolló un trabajo de verificación de campo  durante enero de 2021 y encontró que esta se calculó teniendo en cuenta las intervenciones  desarrolladas  por la Alianza por el  Agua y la Vida en La Guajira entre  2016 y 2018  por parte del  Departamento de la Prosperidad Social – DPS,  la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD,  el Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Agricultura y el MVCT,  en  donde se adelantaron múltiples  obras  pretendiendo llegar a una cobertura del 44% de la población wayuu, centradas en soluciones de agua potable para uso doméstico y consumo animal,  proyectos productivos pecuarios  y  huertas para autoconsumo, proceso en donde se  invirtieron un poco más de $70.405 millones.

De estos recursos, el Departamento de la Prosperidad Social – DPS ejecutó $ 14.412 millones en 29 intervenciones de agua potable y huertas comunitarias a razón de $ 496 millones cada una, la mayoría de ellas lideradas por el actual gobernador de los guajiros,  quien para la época oficiaba como director de la entidad  En relación con los sistemas de producción de agua potable que incluye   el  pozo profundo, sistema de extracción fotovoltaica, filtraje, potabilización con planta de ósmosis inversa, almacenamiento y distribución final, las  estaciones comunitarias de agua potable  de Samuptio, Media Luna Jawao, Kuzutalain, Walerrapo e Ichichon en Uribia no están en funcionamiento por daños en los  sistemas de producción de agua, problemas de mantenimiento, hurto de equipos, incendio de la caseta de potabilización y falta de sostenibilidad. En Carrizal, el pozo profundo construido por el DPS no fue entregado a la comunidad y hoy una pimpina de agua de jagüey traída desde el poblado de Kaiwá cuesta $ 2.500.

En Manaure, las comunidades de Mapasirra, Ichien, Kasiska, Nazaret y Waraschien se encuentran en iguales condiciones y con los proyectos productivos inactivos.  En Betania y Kaanan, el líder wayuu José Ipuana señala que “el DPS nos dejó con una agua amarga, hedionda y salada”, lo que remite a pensar que los recursos invertidos en dichas iniciativas se perdieron y que en la actualidad esos proyectos no pueden servir de base para estimar coberturas efectivas de soluciones de agua potable dentro del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

En las comunidades inspeccionadas se encontró que los proyectos de agua para el consumo humano en cantidad y calidad no fueron sostenibles, ellos comenzaron a dañarse en el primer semestre del 2018, es decir, que solo operaron cerca de un año y medio de acuerdo a las bitácoras de instalación, daños y mantenimiento de la infraestructura. Concluidas las intervenciones, la gran mayoría de las familias y comunidades beneficiarias paulatinamente fueron abandonando la producción de las huertas, lo que evidencia que el trabajo en torno de los procesos de apropiación social fue limitado en el tiempo, fracturando la gestión social del proyecto y la calidad de la gobernanza de los mismos en las comunidades.

La Guajira. Inversión Alianza por el Agua y la Vida ($ corrientes de 2018)

Fuente: Alianza del Agua y la Vida en La Guajira (2018) Cierre de la estrategia. Compilación de parte del equipo técnico de la Veeduría.

La Guajira.  Intervenciones del Gobierno Nacional en el marco de la estrategia de la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira

Fuente: Tribunal Superior de Riohacha – TSR (2020). Expediente de la Sentencia T-302 de 2017. Compilación de Veeduría a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 (2020). Trabajo de campo.

 La Guajira. DPS. Pozos para agua potable y proyectos productivos agrícolas – Alianza por el Agua y la Vida.

Fuente: Tribunal Superior de Riohacha – TSR (2020). Expediente de la Sentencia T-302 de 2017. Compilación de Veeduría a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 (2020). Trabajo de campo

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