La incertidumbre en la vacunación contra el Covid 19 en población indígena en La Guajira.

Por: La veeduría cidadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017.

Ha pasado más de un mes desde que la primera persona en el mundo recibió finalmente la vacuna contra el Covid- 19. Sin embargo, en países como Colombia aún no han llegado las anheladas dosis, a pesar que el gobierno anunció la compra de las primeras vacunas con la farmaceutica Pfizer, de quienes recibiremos 1.7 millones de biológicos que deben ser almacenados a muy bajas temperaturas (-70 grados) para garantizar su vida útil, lo que implicaría iniciar la inmunización del personal que se encuentra en áreas urbanas donde se garantice el almacenamiento correcto de la vacuna.

El gobierno colombiano afirmó que también adquirió 10 millones de dosis de la empresa AstraZeneca, que requiere también un almacenamiento especial a temperatura entre 2 y 8 grados para preservar la efectividad y calidad. A través del acuerdo multilateral con el mecanismo COVAX se buscó garantizar el suministro a los paises más pobres del mundo y con el que se adquirieron 20 millones de dosis, para un total de 40 millones que llegarán al país a partir de febrero de este año.

Cabe anotar que pese al esfuerzo del gobierno para adelantar los planes, campañas y todos los protocolos que implica un plan masivo de inmunización, aún quedan abiertas inquietudes sobre la distribución, suministro y aplicación de vacunas a la comunidad indígena residente en la zona  rural dispersa que garantice la transparencia y universalidad para la  población, en atención a que en estos vastos territorios, sin energía eléctrica, llevar este tipo de vacunas se vuelve una labor titánica y de enormes retos,

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que de no tomar control sobre la adquisición de las vacunas en los paises más pobres y la pronta inmunización de población en riesgo (mayores de 60 años) sobre la población jóven de los paises más ricos, se estaría cometiendo un crimen moral. Bajo estas circunstancias, os planes para inmunizar a la mayor cantidad de gente para contener la pandemia, sería tan solo “un parche” frente a la problemática real que hoy cobra la cifra de más de 2 millones de muertes.

Los planes del gobierno dan cuenta de 5 etapas en la inmunización de la población colombiana, que está inscrita en los sistemas de salud (EPS-IPS), entidades que deben proporcionar la lista de afiliados y garantizar las jornadas extramurales para evitar el desplazamiento de la población. Pero en La Guajira, estos planes deben ser evaluados técnicamente en todos los detalles por las condiciones del territorio, las altas temperaturas, el difícil acceso, el personal y los equipos disponibles, más las debilidades institucionales del sistema de salud conocidas, si se tiene en cuenta que el 51% de la población se encuentra en la ruralidad y el 91% de la población indígena se encuentra en áreas rurales dispersas.

El plan nacional de vacunación adolece de mucha información útil que genere confianza a la ciudadanía, son más los vacíos, la falta de información y la percepción de que el gobierno nacional no tiene control sobre la pandemia. Ello genera desconfianza   sobre cuantas vacunas se han comprado, su priorización, focalización, cuando llegarán y cómo se distribuirán.

El 21 de enero, el Ministro de Salud emitió un comunicado que dejó mucho mas preocupada a la ciudadanía. En el señala que el sistema de salud colombiano es descentralizado, donde principalmente las acciones de salud pública recaen en los programas y planes que plantea el Gobierno Nacional, pero su ejecución está basada en la acción de los gobernadores, los alcaldes y los secretarios de salud», indicó el ministro.

Señaló que le corresponderá a las entidades territoriales diseñar e implementar las estrategias a nivel departamental, lo que obliga a que cada secretaria de salud deberá diseñar su plan focalizado para ejecutar las acciones, y que las entidades territoriales garantizarán el equipo técnico para la gestión y vigilancia de las diferentes actividades y adaptar los lineamientos nacionales de vacunación así como gestionar el espacio para el manejo jurídico con los tomadores de decisiones».

Continuó indicando que los territorios deben elaborar la micro planificación para el logro de la meta establecida según población priorizada, coordinar el desarrollo de tácticas y estrategias; y realizar la asistencia técnica desde las gobernaciones hacia los municipios para poder hacer las acciones de manera ordenada y armónica.

Así las cosas, estas mismas acciones se llevaron a cabo durante el periodo de la asistencia humanitaria en la primera fase del ciclo pandémico del Covid 19 y que no dejó resultados favorables.  Desaparecieron las jornadas de seguimiento y control de población infantil con desnutrición, e incluso de búsqueda activa o suministro del PAE. Ellas han estado viciadas de inconsistencias donde no se logró la cobertura universal, especialmente, en las comunidades indígenas más alejadas de los cascos urbanos. El gran reto, es que esto no vuelva a ocurrir durante la ejecución del plan de vacunación.

Por eso y a pesar del decreto que está preparando el gobierno que servirá como marco jurídico del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el cual puede ser consultado por los colombianos y exponer las apreciaciones que consideren pertinentes frente a este, se espera que se especifiquen las condiciones y la manera en que la población indígena tendrá acceso a la vacunación para garantizar el cumplimiento e inmunicación del 70 % de la población de Colombia.

Hay que anotar que el proceso de vacunación, como hemos visto en el resto de paises y que avanza no tan aceleradamente como tenían presupuestado,  requiere una serie de información y explicación previa, partiendo de convencer a una gran parte de la población de que acepte vacunarse, firma de consentimiento, tiempo de vigilancia y espera por si se presenta alguna reacción alérgica a la vacuna, lo que implicaría personal preparado y un sitio dispuesto con distanciamiento adecuado para evitar contagios en el momento de la aplicación de la misma.

Adicionalmente, es indispensable que las comunidades indígenas conozcan el derecho a la aplición o no de la vacuna y a la importancia de seguir con los planes de autocuidado miestras se logra controlar la propagación del virus.

Siendo así, no solo es primordial garatizar la totalidad de las vacunas necesarias para la inmunización de la población, excluyendo menores de 16 años, mujeres emabarazadas o en lactancia, condiciones graves de coagulación, inmunosupresión o cualquier otra condición que no haya sido estudiada o garantice la seguridad de las personas que reciben las vacunas, sino la socialización y explicación bilingüe en las lenguas propias de los pueblos indígenas  que garantice que  la población étnica comprenda los pro y contras de la vacunación y pueda firmar el consentimiento de la misma.

De no ser así, se estaría violando el derecho al acceso a una información clara y oportuna que permita tomar decisiones que beneficien no solo al individuo, sino a la comunidad frente a este virus, que permanecerá rondando durante varios años más a pesar de lograr la vacunación de la mayoría de la población y la creación de las condiciones de inmunidad de rebaño.

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