Por casos de corrupción dictan otra orden de captura contra juez municipal de Maicao.

Conocia orden de captura en su contra y al parecer siguió ejerciendo su cargo desde la clandestinidad,

La labor de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de
la Nación y su equipo de investigadores permitió recopilar los elementos de prueba necesarios,
para establecer la posible autoría en delitos contra la Administración Pública del juez segundo
promiscuo municipal de Maicao, Vladimir Ernesto Daza Hernández.

El funcionario desde la clandestinidad se presentó de manera virtual a la audiencia ante juez
penal de garantías para que le formularan los cargos por abuso de función pública y prevaricato
por acción agravado. El imputado no aceptó su responsabilidad.

El juez de garantías estableció que Daza Hernández podría continuar con la actividad delictiva y
por eso impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y por lo
tanto dictó una nueva orden de captura en su contra.

Antecedentes

El juez Daza Hernández en el año 2018 fue vinculado a una investigación por otras denuncias de
posible corrupción. En ese proceso fue cobijado con medidas restrictivas de movilidad, pero
durante dos meses huyó de la justicia para evadir ser capturado.

Desde la clandestinidad se presume que continúo ejerciendo su labor de juez desarrollando las funciones propias de su despacho.

En los cinco eventos que son investigados, se encuentra que revocó una medida de aseguramiento en agosto de 2018 otorgando libertad a un hombre que fue privado de su libertad por otro juez; en diciembre de 2019 dejo sin efectos las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Superior de La Guajira que impedian la posesión del alcalde electo de Manaure; en mayo de 2020, fue vinculado a una investigación por asesoramiento indebido al parecer por entregar información privilegiada y reservada de procesos que conocía su despacho.

Además para enero de 2020 el juez promiscuo sustituyó la medida de aseguramiento a cuatro
personas, aun cuando el proceso judicial era de San Andrés Islas y la audiencia se realizó
sin presencia de la Fiscalía. Daza Hernández sustentó su medida en que los privados de
la libertad eran padres cabeza de familia, calidad que no fue justificada.

En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela
de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una
mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad.

El último de sus fallos que es investigado ocurrió en febrero de 2020, cuando revocó la
medida de aseguramiento intramuros para tres personas judicializadas por porte ilegal
de armas en el municipio de Uribia . Su decisión se materializó dos días después de las
audiencias concentradas a pesar de que la defensa apeló dicha decisión y no se contaba
con la presencia de la Fiscalía.

Para la Fiscalía, el juez presuntamente actuó contrario a la ley asumiendo competencias que no eran de su cargo y en algunos casos al parecer sustituyó funciones de superiores jerárquicos.

El imputado continua prófugo de la justicia. Además, se determinó la separación del cargo al procesado y, para tal fin, envió oficio al Consejo Superior de la Judicatura notificando de su decisión.

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