La Guajira debe normalizar su base económica y reducir brechas sociales.

Por: La veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017.

Comunidad Wayuu Ceura. Foto: Betty Martínez Fajardo.

Con el cierre del 2020 llegó la oportunidad de reflexionar, acción que generalmente termina en un listado de propósitos y deseos que esperamos cumplir de manera individual y colectiva en la medida en que avancen los meses del 2021. Momentos en donde decenas de propósitos irrumpen en la memoria, buscando dejar atrás el inventario de insatisfacciones que se acumularon en la medida en que el año viejo decae.

Cuando las tensiones e incertidumbres sobre la salud pública en el mundo están al máximo, lo que más deseamos, es que se consiga bajar la velocidad del contagio y muertes causadas por el Covid-19 y que, según expertos, nos acompañará por 10 años más. En nuestras mentes se encuentra el regreso a la normalidad, lo que no es posible por estos días, si tenemos como referente que en Colombia habrá toque de queda en ciudades con más del 70% de ocupación en las unidades de cuidado intensivo – UCI, medidas que van a ser extremas dependiendo si las ocupaciones de dichas camas se encuentran por encima del 70, 80 u 85% y aplicables para ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

En este ámbito, es importante poner nuestra energía en hacer realidad la vacunación masiva durante el primer trimestre  del año  para que  la población tenga  una herramienta efectiva en  la lucha contra  el virus y así lograr reducir sustancialmente el índice de personas fallecidas, sin embargo,  inocular a la  totalidad de los habitantes o conseguir la inmunidad de rebaño, es uno de los retos más grandes  que tienen  los países en vía de desarrollo, como Colombia, en donde se sigue un plan de vacunación  que  ha generado controversias por la baja transparencia de la ejecución de las diferentes fases que involucran la selección del laboratorio, precios, logística de importación, almacenamiento, distribución masiva  y focalización de la población.

En la lista de deseos para La Guajira, es necesario tener en cuenta su contexto. Las consecuencias del Covid 19, la extensa huelga de los empleados del Cerrejón, la crisis del carbón y la transición energética, hacia fuentes renovable, determinan el actual escenario social y económico, en donde sobresalen las condiciones de pobreza extrema, la precariedad en que viven las comunidades indígenas, el alto desempleo e informalidad laboral existente en las zonas urbanas.

Los niños wayuu disfrutan de su territorio a pesar de ciertas dificultades como el acceso al agua potable. Foto: Betty Martínez Fajardo.

En el 2021 el departamento requiere normalizar su base económica y también reducir brechas sociales. Ello se puede lograr en la medida en que las inversiones públicas se realicen en obras que cambien vidas, pero con efectos multiplicadores en la demanda local y regional. La disminución de las brechas sociales es posible aplicando inversiones sociales focalizadas, especialmente, en las comunidades wayuu territorialmente incidentes en la superación del estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte en el 2017 y que hasta ahora se ha hecho poco, de acuerdo al seguimiento realizado a los indicadores de la Sentencia durante el 2020.

Así las cosas, uno de deseos está centrado en que el Tribunal Superior de Riohacha con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo puedan exigir avances específicos a las instituciones públicas accionadas en la estructuración de la política pública para darle cumplimiento efectivo a la Sentencia T-302 del 2017, que cumplirá 4 años de haber sido expedida.

El 2020 se cerró con la frustrada convocatoria realizada por el Ministerio del Interior y la Consejería de las Regiones en aras de instalar mesas de trabajo y definir la destinación de los $ 800 mil millones que el gobierno considera como la cifra para pagar la histórica deuda que se tiene con el pueblo wayuu. El año viejo   también se clausuró con la devastadora noticia de que La Guajira sigue siendo la primera en reportes de muertes de niños wayuu por desnutrición aportando el 24% de los casos del país, con 49 muertes de niños menores de 5 años según el último boletín del Instituto Nacional de Salud – INS.

Es conveniente, que frente a las dramáticas cifra, se deben hacer toda la lista de deseos y propósitos para cumplirlos sin más retrasos.  Para ello se hace necesario, convocar de manera urgente a las autoridades tradicionales, grupos y líderes de los 4 municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao para trabajar de manera articulada las rutas metodológicas para generar consensos sobre las necesidades y requerimientos de las comunidades wayuu frente a los temas de agua, alimentación, salud, movilidad y participación.

Es el primer paso para realizar la formulación conjunta de los proyectos, inmerso en el reto de lograr generar competencias y apropiación social dentro de las comunidades. Los proyectos que se estructuren y que finalmente se aprueben deben contar con la sostenibilidad necesaria para lograr impactar de manera profunda los 4 indicadores para superar el estado de cosas inconstitucional.

Esto implicará la realización de procesos contractuales transparentes, con la convocatoria abierta de los contratistas que llevarán a cabo la ejecución de obras e inversiones, garantizando la prestación adecuada de los servicios requeridos con rendición de cuentas de manera sistemática apoyándose en las veedurías étnicas, iniciativa del gobierno departamental que aún no se ha puesto en marcha.   

En diciembre del 2020 se anunció la creación de la empresa de acueducto y alcantarillado de La Guajira con un capital de $400 millones que tiene como objetivo acabar con la sed del pueblo guajiro, principalmente la de los indígenas wayuu de la Media y Alta Guajira, pero hasta el momento no se conoce como lograrlo en la totalidad del territorio en el menor tiempo posible, cuando los municipios del norte no han evidenciado la voluntad de pertenecer a ella. Adicionalmente, no se tiene información sobre los proyectos y los criterios de selección que permitan ejecutar el préstamo de $181.8 miles de millones asociados al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Departamento de La Guajira – Programa Guajira Azul.

Frente a la dinamización de la economía, este año se espera la inversión de cerca de US $ 2.500 millones en proyectos de energía renovable y que entrarán en operación en el 2023. Los impactos positivos deben reflejarse en la población de las localidades donde se ubicarán los polígonos de los campos eólicos. Bajo los principios de responsabilidad social, las empresas están llamadas a generar empleos e ingresaos en las comunidades en aras de obtener esa licencia social, que ha sido tan esquiva de lograr en La Guajira, teniendo en cuenta otras experiencias.

Con los recientes anuncios, La Guajira parece estar avanzado en temas de comunicaciones, con los diferentes proyectos de telecomunicaciones y conectividad vial realizados por el Ministerio TIC y mediante la firma de convenios para la construcción de vías del programa Colombia Rural, que buscan comunicar a las comunidades dispersas con la sociedad regional y nacional. Un importante deseo es que esos recursos se ejecuten con transparencia y sostenibilidad, tal como se determina en la Sentencia T-302 de 2017.

El deseo más grande para La Guajira es que los  gobiernos territoriales se articulen al nacional para bajar las tasas de mortalidad por desnutrición, la prevalencia de desnutrición crónica, la prevalencia de desnutrición global y la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años, a partir de la ampliación de la cobertura de los niños wayuu con programas complementarios a los creados por el ICBF y el fortalecimiento PAE,  como lo solicitan los docentes wayuu en los centros etnoeducativos.

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