La Guajira sigue en deuda con la política pública para proteger a los niños wayuu.

Por: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017

Durante la semana pasada se divulgaron las diversas inversiones que se han venido desarrollando en territorios wayuu, obras y acciones que sin duda dan respuesta parcial a las necesidades de las comunidades que la Corte Constitucional ordenó proteger en sus derechos, sin embargo, las respuestas institucionales no satisfacen los requerimientos de la sentencia por diversos factores.

Uno de ellos y tal vez el más significativo es que hasta ahora no se ha construido la política pública establecida por la Corte Constitucional, que en realidad es un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para mitigar las necesidades de orden social, propiciar condiciones de desarrollo económico e institucional en la Alta y Media Guajira, y que en su conjunto se podría homologar a un plan de desarrollo para cambiar vidas en el pueblo wayuu. 

La sentencia es una oportunidad para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de este pueblo y que no se ha aprovechado en toda su dimensión. Ella se convierte en un documento propicio para la coordinación de acciones orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional, con objetivos, metas e indicadores de resultados, que obligan a llevar las tasas de morbimortalidad por causas asociadas a la desnutrición a la media nacional. Las tendencias   que se muestran en los boletines epidemiológicos de La Guajira, señalan que las brechas en vez de cerrarse se están ampliando durante el presente año, tal como lo ha venido afirmando la Superintendencia de Salud.

En la semana epidemiológica 48,  el Instituto Nacional de Salud señala que han muerto por desnutrición 45 niños en La Guajira, lo que genera una tasa de mortalidad por esta causa de 40.04 por cada 100.000 niños, donde la media nacional se ubica para misma semana en tan solo 4.79, es decir, La Guajira esta 8.36 veces por encima de la media nacional. Cuando se dio a conocer la Sentencia el promedio departamental era de 32.5 menores de 5 años fallecidos a causa de la desnutrición por cada 100.000 niños.

La política pública no aparece. Esta política pública debe ser el resultado de un diálogo genuino que aún no se implementa. La política o el Plan de Acción de la Sentencia debe ser construido de la mano de los wayuu, por lo tanto, no se trata de una consulta previa, en la cual las instituciones socializan, logran la aceptación y obtienen la aprobación para ejecutar su oferta institucional.

No se trata de eso, sino de un proceso de construcción conjunta entre las partes.  La política pública es crucial para promover la participación, pero las instituciones insisten en generar un proceso basado en la representación, que se ha alterado de manera significativa cuando el gobierno nacional señaló que la deuda histórica con los wayuu se ha tasado en $ 800 mil millones.

La política pública no es una lista de inversiones, no se trata de construir 10 o 20 pozos, tampoco de dinero, aunque este se necesite para lograr las metas.  Ella se constituye en un conjunto de estrategias macro y micro, para superar el estado de cosas inconstitucional, que debe partir de contar con un sistema de información detallados de las situaciones de vulnerabilidad de cada comunidad, familia y niño, y una clasificación de los riesgos de cada una y sobre esto priorizar las acciones específicas (intervenciones). A la fecha solo se cuenta con el Censo 2018 realizado por el DANE, instrumento que no permite llegar a los detalles sociodemográficos de los corregimientos, tal como fue solicitado en el fallo judicial.

La Corte ordena que las acciones deben ser producto de una priorización, en otras palabras, que entre múltiples necedades que presentan las más de 7.500 comunidades (rancherías) de la Media y Alta Guajira, tanto en territorios resguardados como no resguardados, se debe identificar cuales tienen los mayores  vulnerabilidades  y dirigir sus acciones hacia ellas, garantizando cobertura territorial, progresividad de las intervenciones, fácil acceso, movilidad,  calidad y sostenibilidad de las mismas.

Las acciones deben ser desarrolladas a nivel de corregimientos, comunidades, incluso a nivel de familias y en el caso de la población infantil, niño (a) a niño(a), dado que los derechos que se establecen han venidos siendo vulnerados y para ellos la Corte concibió una atención reforzada, ya que el contexto en que se desarrolla la niñez y la infancia wayuu se encuentra determinada por múltiples privaciones sociales y económicas.

Un tema crucial es la baja comprensión que los funcionarios públicos tienen de la sentencia y como producto de ello, consideran que todas las acciones que ejecutan en territorios wayuu hacen parte de su cumplimiento, lo cual no es cierto. La Corte Constitucional estableció ocho objetivos mínimos representativos de los derechos tutelados que deben ser promovidos a través de la política pública. Cuatro que se pueden clasificar como derecho sociales y económicos y cuatro que se encuentran relacionados con adecuaciones institucionales, eficacia y eficiencia de la gestión pública.

El primer objetivo es el derecho al agua, que debe ser potable, accesible, asequible y sostenible en el tiempo. Se debe garantizar mínimo 20 litros diarios por persona, especialmente niños, y además se debe garantizar un excedente para el desarrollo agropecuario. Finalmente, la fuente de agua no debe estar ubicada a más de 2 horas de distancia a pie (2 kilómetros) de la vivienda de los beneficiarios, garantizando cobertura territorial. Programas como Guajira Azul, pozos profundos construidos por el DPS y los municipios no cumplen con las condiciones de cobertura territorial, ni con la disposición de agua potable por persona.

El segundo, es el acceso a los alimentos y a la seguridad alimentaria. Allí se encuentran los programas institucionales como los que ejecutan desde el ICBF a través de las UCAS y  el PAE del sistema educativo, con  los cuales se  pretende garantizar  el acceso universal de  la población objetivo, lo que aún no se logra. Estas acciones obedecen a que parte de la población es pobre y no tiene acceso a los alimentos de calidad y el Estado deberá cubrir estas necesidades que serían superadas cuando se logre la segunda orden, que es tener condiciones de seguridad alimentaria, la es entendida como la capacidad de cada familia para generar, acceder, consumir y aprovechar sus propios alimentos.

Para ello es pertinente garantizar el fácil acceso a los alimentos. Los proyectos productivos que se generen deben tener un horizonte superior a los 5 años, ser sostenibles y contar con coberturas territoriales significativas. En este componente también ordena la generación de empleos, en atención a que no todos los alimentos pueden ser producidos en los territorios ancestrales, y por lo tanto, requieren ingresos para poder acceder a ellos en el comercio local y regional.

Los proyectos productivos requieren además de acceso al agua, de asistencia técnica, disponibilidad de créditos, herramientas y maquinaria, asesoramiento y capacitación permanente y semillas, acciones que fueron abandonas por las entidades territoriales hace muchos años y que requieren ser recuperadas.

El tercer objetivo ordenado por la Corte Constitucional busca aumentar y mejorar la atención en salud, que tiene dos frentes. I) garantizar la atención inmediata y permanente de la atención en salud a través de brigadas, que lleguen a todas las familias, especialmente a los niños, incluso de las zonas más apartadas a donde nunca ha llegado el Estado, en la cual se prioriza la atención de 3 patologías que más afectan a los niños como son  la desnutrición,  enfermedades diarreicas y respiratorias agudas y ii)  formular e implementar una política de salud para La Guajira con enfoque étnico diferencial que permita asegurar el goce efectivo de derechos para  los wayuu, implicando reorganizar y consolidar la red prestadora de servicios de salud, que en la Media y Alta Guajira es altamente deficitaria, fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control y enfocar acciones para  garantizar la cobertura de población, las acciones de promoción y prevención, vacunación, atención de enfermedades crónicas, reducir la  incidencia de eventos de desnutrición, enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas agudas.

El cuarto objetivo, es mejorar la movilidad de las comunidades wayuu que residen en zonas rurales dispersas a través de adecuación de vías terciarias en los municipios de Manaure, Uribia Maicao y el Distrito de Riohacha.

Los cuatro objetivos de carácter institucional son: i) mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional (sistemas de información); ii)garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas: iii) garantizar la sostenibilidad de  las intervenciones estatales, que implica el aumento porcentual de recursos per cápita destinados a los niños y niñas wayuu,  proyectos con fuentes de financiación aseguradas para todo el horizonte temporal del plan y eficiencia en el gasto público en salud, educación y agua para los niños y niñas.

Para ello la Corte  Constitucional ordenó identificar las acciones que requieran vigencias futuras y realizar los trámites para comprometerlas, priorizar la superación del estado de cosas inconstitucional en la formulación de proyectos de inversión nacionales, impedir los recortes presupuestales que se realicen por medio de decretos de aplazamiento de acciones  de la Sentencia,  privilegió  la formulación de proyectos a cargo del Sistema General de Regalías,  la destinación de los recursos propios por parte de las entidades territoriales y  el  uso de los recursos de la asignación especial para resguardos indígenas del Sistema General de Participaciones. Los gastos que se contemplen deberán adscribirse a uno o más objetivos vinculantes de esta sentencia

En la misma se le determinó al Gobierno Nacional asumir la  ejecución  del gasto en salud, educación y agua en el Departamento, lo que explica la intervención de los 3 sectores, que lo que aún no se ha traducido en el mejoramiento de las condiciones sociales en que se encuentra la población.

El último de los objetivos constitucionales está relacionado con el desarrollo de la administración pública a partir de garantizar la participación efectiva de las diferentes voces del pueblo wayuu a través del dialogo genuino, que como se expresó anteriormente, no es lo mismo que socialización, consenso, negociación o consulta previa. Este es el error que generalmente caen las instituciones y que ha limitado el cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017.

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