Se inicia segunda jornada de consulta previa en La Guajira en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017.

Ana María Palau, nueva Consejera Presidencial para las Regiones

Ana María Palau, Consejera para las Regiones, confirmó que desde el 4 hasta el 21 de diciembre, se realizará la segunda jornada de consulta previa en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T 302 de 2017, ordenada por la Corte Constitucional.

En la sentencia se declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento, por los notorios índices de desnutrición y mortalidad infantil que han afectado al departamento de La Guajira por décadas. 

Se espera la participación de más de 4.500 personas entre autoridades indígenas y acompañantes.

En este escenario, la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas para participar en el desarrollo de diferentes decisiones legislativas o administrativas que pueden afectar su territorio y su cosmovisión. Entre otras razones, por el desarrollo de obras, proyectos y/o actividades dentro de sus territorios ancestrales, buscando proteger su integridad cultural, social y económica. 

El compromiso de la Presidencia de la República con la población wayú va más allá de lo ordenado por la Corte. No se limitará a proponer estrategias concretas y específicas para solucionar el problema de la desnutrición y mortalidad infantil en el departamento, sino que también propone trabajar en aquellos factores que inciden de forma indirecta en este fenómeno. De esta manera, el Gobierno creó un conjunto de propuestas interdisciplinarias para abarcar las problemáticas del agua, trabajo, infraestructura, educación, seguridad alimentaria, entre otros. 

La segunda consulta previa busca construir con las comunidades y autoridades wayú un Plan de Acción diseñado de acuerdo con las características del territorio guajiro y sus necesidades, llevando de la mano principios wayuu como el de la protección a la vida.  El proceso consultivo se hará desde el 4 hasta el 21 de diciembre y se espera que participen más de 4.500 personas entre autoridades indígenas y acompañantes.

Entre las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional se destaca la socialización de la sentencia en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, que contó con la participación de autoridades indígenas, organizaciones representativas y miembros destacados de las comunidades wayuu convocadas, atendiendo a criterios territoriales y posibles conflictos claniles. Esto exige que el paso siguiente sea la construcción de una oferta institucional articulada, organizada e interdisciplinar que pretenda, por primera vez en la historia del departamento, proponerle al pueblo wayú una política de desarrollo estructurada al corto, mediano y largo plazo. 

Entre las propuestas sustentadas que llevará el Gobierno están, por ejemplo, aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua potable, mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria, entre muchas otras.

El Gobierno Nacional trabaja con todo el compromiso y desarrolla un proceso completo de trabajo conjunto y articulado en la planeación a corto y largo plazo para fortalecer la presencia y la capacidad institucional en el departamento de La Guajira, y el trabajo en conjunto directamente con las comunidades.

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