El Plan de Acción de la Sentencia T-302 de 2017 es el Plan de Desarrollo del Resguardo de la Alta y Media Guajira.

Por: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017

Como parte de los mecanismos constitucionales para la superación del estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, se establece que, dentro de los seis meses siguientes a la última notificación de la Sentencia; las entidades vinculadas al proceso deberán contar con el documento (plan de acción) que especifique la ruta a seguir para asegurar el goce efectivo de los derechos de los menores wayuu tutelados en los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y el Distrito de Riohacha, convirtiéndolo  de manera directa en el Plan de Acción  para la intervención y transformación del Resguardo de la Alta y Media Guajira.

Las iniciativas que fueron desarrolladas dentro del Pacto por el Agua y la Vida en La Guajira y que han sido presentadas ante el Tribunal Superior de Riohacha, han sido estructuradas y realizadas para satisfacer los requerimientos de la T. 466 de 2016 y no se acogen a los principios de progresividad, integralidad, complementariedad, sostenibilidad, transparencia, impacto, cobertura universal y resultados medibles determinados por la Corte Constitucional. Igualmente, las medidas contenidas en el documento CONPES 3944, se adoptan como parte de la política pública de la Sentencia T-302 de 2017.

Los tres niveles de gobierno que se involucran en el cumplimiento de la Sentencia no cuentan con un organismo de coordinación. Aunque el liderazgo en su cumplimiento está centrado en las acciones que se puedan desplegar desde la figura del Presidente de la República, en la practica la agenda se encuentra segmentada en  diversas instituciones y no se le hace seguimiento especializado a los resultados, bajo las siguientes consideraciones:  I) las órdenes se procesan y se intentan cumplir sectorialmente desde las entidades directamente  accionadas con base en sus competencias; ii) La Consejería Presidencial para la Regiones ha mantenido  la responsabilidad de la coordinación sectorial; iii) la oficina jurídica de Presidencia de la República  tiene la responsabilidad de responder legalmente  ante el Tribunal Superior de Riohacha; v) el  Departamento Administrativo de Planeación  le hace seguimiento a la ejecución del documento CONPES y no a los indicadores de la Sentencia;  vi) dentro de este esquema, los gobiernos territoriales se encuentran absolutamente desarticulados: vii) se suplantan las competencias y responsabilidades propias de las entidades territoriales y viii) el Sistema Nacional de Articulación de Bienestar Familiar ha demostrado ausencia e incapacidad estructural para la articulación intersectorial y en los distintos niveles.

Por los antecedentes de la ejecución del programa por el Agua y la Vida en La Guajira, y las iniciativas del Documento CONPES 3944, la implementación de actual programa como Guajira Azul (en agua potable) y ReSA étnico (alimentos y seguridad alimentaria) se vienen constituyendo en ofertas únicas que el gobierno replica sin la suficiente valoración sociocultural en los territorios de los wayuu y sin los acuerdos respectivos con los autoridades tradicionales,  detonando  conflictos territoriales.

En el proceso de ejecución del Programa ReSA étnico se han presentado eventos que  limitan  sus impactos: i)  se presentan  contradicciones  con la autoridad tradicional por interlocución inadecuada ; ii) se evidenciaron conflictos interétnicos por ocupación de tierras sobre las cuales los grupos familiares beneficiarios no tienen derechos; iii) los altos precios de los insumos inciden sobre la sostenibilidad; iv) las escalas productivas no permitieron que las familias accedan a  un ingreso adicional de corto plazo y   v) los grupos familiares no pudieron tener los recursos para reparar los  daños  y reposición  de los equipos de extracción de agua y riego)  salvo lo que se prospecta desde el programa Guajira Azul, los demás  no tienen una estrategia de sostenibilidad de respaldo.

Las acciones de gobierno parecen estar signadas por prejuicios socioculturales y determinaciones geográficas invencibles. Si bien la Corte Constitucional alertó sobre ello, esto no ha sido superado por la manera como se organizan las instituciones y en la estructuración de las ofertas que se planifican para impactar social y económicamente el territorio. El bilingüismo y la cultura wayuu son presentadas de manera recurrente por los funcionarios institucionales como obstáculos en vez de reconocerlos como la riqueza de esa Colombia pluriétnica y multicultural consagrada en la Constitución del 91.

En el área rural de los municipios de Uribía, Manaure, Maicao y Riohacha, se concentran más de 400.000 indígenas, en un territorio de más de 1 millón de hectáreas, en un poco más 7.000 comunidades y más de 58.296 puntos poblados.

No contar con un sistema de información y una adecuada georreferenciación de las comunidades se constituyen limitantes sustantivas que presenta la estructuración y ejecución del Plan de Acción. Los programas terminan concentrándose en las mismas zonas, generándose una nueva exclusión social a nombre de la ocupación dispersa que hace la población en el territorio.  Los criterios de gradualidad y universalidad, aun no se han identificado claramente por parte de la institucionalidad en sus diversos planes, programas y proyecto.

Es válido recordar que en la Sentencia, las acciones e información deben estar referenciadas a nivel de municipio, corregimiento e incluso de comunidad, a nivel de acceso al agua a nivel de familias y sobre la atención de la desnutrición y otras patologías en el caso de niños, lo que nos está cumpliendo.

El expediente se encuentra conformado por una densa información que proviene de las entidades accionadas: Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, organizaciones de la sociedad civil y actores interesados en el proceso. Es tan voluminoso y contiene tanta información, que a una sola persona le es imposible tener perfecta información de su contenido, referenciar y verificar los innumerables hechos y eventos que allí se exponen.

Para su revisión a fondo se requiere de un equipo interdisciplinario que soporte al juez tomador de las decisiones, ya que en una audiencia no puede determinar con suficiencia que es lo exacto, lo inexacto, lo viable, lo pertinente y sus impactos. Es decir, no puede tener información de calidad que posibilite la toma de decisiones frente al desarrollo del proceso y ayude a valorar, decidir y exigir la presentación pronta del respectivo Plan de Acción.

En el marco de las  intervenciones y audiencias públicas,  la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, han realizado llamados de atención y dado recomendaciones, para que se adopten decisiones de fondo y de carácter vinculante; pero el accionar  del Tribunal Superior de Riohacha ha ampliado los plazos para presentar el Plan de Acción, lo que deja sin instrumentos  de gestión que permitan buscar responsabilidades administrativas a estas instituciones, especialmente a la Procuraduría General de la Nación.

En las audiencias del 6 de diciembre de 2019 y en la del 6 de marzo de 2020, estas instituciones evidenciaron su malestar de la siguiente manera: i) la Defensoría del Pueblo señaló de manera directa que no se ha dado cumplimiento a la Sentencia en la mayoría de los corregimientos del Distrito de Riohacha y los municipios de Uribía, Manaure y Maicao; ii) la Defensoría del Pueblo confirmó que a esas fechas no existe un plan de acción fuerte, robusta y con presupuesto que se requiere para definir como se hará efectiva la Sentencia y iii) la Procuraduría General de la Nación reiteró su solicitud de no conceder plazos adicionales al Gobierno Nacional para el cumplimiento de los compromisos, a lo cual el Presidente del Tribunal Superior respondió que no era procedente.

En este contexto podemos afirmar que los informes y las alarmas de las entidades de control no han sido vinculantes y no han logrado producir efectos en el sentido que las entidades responsables adopten las medidas que conduzcan al cumplimento de la Sentencia.  Mientras el Tribunal, como parte del mecanismo de evaluación y seguimiento, siga otorgando plazos no se declara el incidente de desacato ni se pueden abrir procesos disciplinarios, siendo así, el estado de cosas inconstitucional se mantendrá y la muerte de niños wayuu continuará. 

Con la expedición del Decreto 100 de enero 28 de 2020, se pensó en darle la integralidad a los procesos de planeación, ejecución de acciones, evaluación y seguimiento, pero la desarticulación se mantiene. Esto evidencia que las funciones de la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira, en su papel de coordinador de las acciones ordenadas en la Sentencia, hasta ahora no presentan resultados sobre el trabajo integral y armónico que se espera de las instituciones accionadas en los tres niveles de gobierno.

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