En La Guajira una sentencia de la Corte Constitucional que no se cumple.

Por: Betty Martínez Fajardo

La corte ordenó a Cerrejón adoptar medidas para proteger a la comunidad de Provincial

Mientras la empresa Cerrejón informó de un principio de acuerdo con el resguardo indígena de Provincial para establecer mecanismos que le permitan cumplir con la sentencia T-614 de la Corte Constitucional y, al tiempo, impulsar el desarrollo de esa comunidad en los próximos años, las accionantes de la tutela desmintieron a la multinacional.

En otro comunicado, se informó de parte de las accionantes que no es cierto que la empresa hubiese logrado un acuerdo histórico o un diálogo sincero abierto y de buena fe con el sector de la comunidad del resguardo de Provincial quienes por años han acudido a diversas instancias  denunciando las graves violaciones, abusos y atropellos que ha cometido la empresa de propiedad de las multinacionales mineras BHP, Glencore y Anglomerican.

A través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, expresan las tutelantes que Cerrejón miente y pretende engañar al país e instancias internacionales frente al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia de la Corte Constitucional T-614 de 2019 y las quejas que presentaron a las relatorías de las Naciones Unidas.

Afirman que desde que se profirió la sentencia de la Corte Constitucional T-614 de 2019 y el llamado de las relatorías de Naciones Unidas que dieron la razón a sus denuncias, la empresa en su habitual estrategia de dividir a las comunidades, ha concentrado los diálogos “negociaciones” y comunicaciones de esos pronunciamientos con el Cabildo Gobernador Oscar Guariyu y sus familiares. “Este Cabildo (figura impuesta por la ley arijuna y no por la ley wayuu) desde un inicio rechazó tanto la tutela como la petición que enviamos a la ONU reclamando y exigiendo el respeto a los derechos a la salud y ambiente de nuestra comunidad y en especial de nuestros niños y niñas).

Afirman, que es de conocimiento de la empresa que la misma Corte Constitucional dejó advertido en el texto de la sentencia que el Cabildo no podía anular la legitimidad de sus voces.

Además, que tanto Carbones del Cerrejón e instituciones del Gobierno deben respetar los tiempos y el proceso de reflexión interna que se está surtiendo al interior de la  comunidad para solucionar las divisiones que la empresa ha causado y hasta tanto eso no se solucione no puede aceptarse como válido o legítimo ningún diálogo sobre la sentencia T614 de 2019. Como tampoco tiene permitida la entrada al territorio.

La empresa

Cerrejón y el Resguardo Indígena de Provincial alcanzaron un principio acuerdo que permitirá establecer mecanismos para cumplir con la sentencia T-614 de la Corte Constitucional y, al tiempo, impulsar el desarrollo de esta comunidad en los próximos años.

El acuerdo, que es el resultado de un diálogo proactivo con la mayoría de las autoridades tradicionales, impulsará iniciativas conjuntas que permitirán mejorar sus condiciones de vida e incluyen la puesta en marcha de iniciativas sostenibles, el apoyo a proyectos productivos y la mejora de servicios de salud.

Entre estas acciones se encuentra la construcción y dotación de un nuevo puesto de salud en Provincial, un programa de rehabilitación ambiental de diferentes áreas del Resguardo, que incluye la siembra de más de 248.000 árboles, y la creación de un vivero que producirá 100.000 plantas anuales y que generará ingresos a la comunidad.

Por su parte, dentro de las acciones definidas por la Corte, Cerrejón establecerá un programa de limpieza en las instalaciones comunitarias y las áreas cercanas, para los próximos 5 años, y hay un compromiso para brindar apoyo técnico a la comunidad en la definición del estándar de calidad de aire aplicable al Resguardo, con el apoyo de un experto y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Antes de la ejecución de este acuerdo, la comunidad de Provincial deberá discutir en plenaria, con presencia de las autoridades tradicionales del Resguardo, especialmente de las personas que presentaron la tutela a la Corte, las actividades propuestas.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dialogando con la comunidad de Provincial.

Defensor del Pueblo

En su reciente visita a La Guajira, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, se reunió con la comunidad del Resguardo de Provincial, en un espacio de dialogo sobre los alcances de la sentencia T-614, razón por la cual solicitó a los organismos de control para que ejerzan labores estrictas de supervisión sobre el cumplimiento de la misma.

La sentencia T-614 de la Corte Constitucional, ordena a la empresa Cerrejón adoptar medidas para proteger a la población wayuu.

El representante del Ministerio Público, mostró su preocupación por los pocos avances en el cumplimiento de la sentencia T-614, razón de su llamado a los organismos de control para el seguimiento a la misma.

En su diálogo durante varias horas con líderes wayuu de la comunidad resguardada,  constato en territorio las dificultades por las que atraviesa las familias wayuu que allí habitan.

La Corte

Sobre la sentencia, la Corte Constitucional resaltó que  las entidades de control ambiental no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena, a pesar de que en varias sentencias de esta Corporación se ha advertido sobre el grave riesgo que representa la explotación minera a cielo abierto. Inclusive, se encontró que varias entidades como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales corroboraron incumplimientos por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes. Debido a ello, la Sala llamó la atención en que el control ambiental no puede limitarse a una verificación matemática de los valores límite de concentración y menos aún, puede afirmarse que su cumplimiento implique que no se estén generando daños ambientales, como si se tratase de un “dictamen pericial anticipado”.

Adicionalmente, hizo un especial llamado a la empresa Carbones del Cerrejón para que realice sus actividades mineras con un grado especial de diligencia, a fin de que sus acciones no afecten el goce efectivo de derechos fundamentales de otras comunidades que habitan cerca de sus terrenos de operación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ordenó a la empresa Carbones del Cerrejón, que debe implementar medidas transitorias urgentes que prevengan y mitiguen el riesgo de la comunidad Provincial de sufrir afectaciones a su ambiente y/o salud, las cuales incluyen control de emisiones de material de particulado, limpieza exhaustiva de polvillo de carbón, disminuir el nivel de ruidos que producen sus operaciones, impedir eficazmente la contaminación de fuentes hídricas y la prevención de incendios que se generan en los mantos de carbón de la empresa.

 Por otra parte, se ordenó la creación de una Comisión Técnica, presidida por la Defensoría del Pueblo y conformada por varias entidades del nivel nacional y local con el fin de establecer los factores de riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad e identificar las alternativas que existen para prevenir y corregir tales riesgos de manera definitiva. La Comisión deberá remitir sus conclusiones a la comunidad y a la empresa para que se definan las medidas a adoptar con base en los procesos de consulta previa y/o de consentimiento previo, libre e informado. Se dispuso que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corpoguajira deben implementar mecanismos de medición independientes y eficaces respecto a la calidad del aire y el agua en la zona, así como estrategias de supervisión participativas y estrictas que garanticen los derechos de la comunidad.

 También se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que cree una brigada de salud para valorar a los habitantes del resguardo indígena e informe los resultados a la Comisión Técnica y a las entidades prestadoras del servicio de salud correspondientes.

A su vez, se dispuso que la Gobernación de la Guajira y la Alcaldía de Barrancas deben asegurarse de que los habitantes del resguardo tiene acceso a un mínimo de agua potable para cubrir sus necesidades básicas. Finalmente, se encargó a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la supervisión del cumplimiento de este fallo, se ordenó comunicar la sentencia a las instituciones científicas y académicas que participaron en el proceso y se dispuso que la empresa Carbones del Cerrejón Limited debe traducir la providencia al idioma inglés y remitirla a sus sociedades accionistas, Anglo American, BHP Billiton y Glencore, para que valoren la necesidad de adoptar estrategias adicionales para proteger a la comunidad indígena. [1] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la ANLA, la Gobernación de La Guajira y Corpoguajira.

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