La Corporación Autónoma Regional de La Guajira dispuesta a defender el recurso hídrico del departamento.

No tiene conocimiento de proyectos pilotos de fracking

Por: Betty Martínez Fajardo.

El Director de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Samuel Lanao Robles, aseguró que la institución sigue trabajando en la defensa del recurso hídrico del departamento,  a propósito de los pilotos de fracking que el gobierno nacional impulsa en las cuencas del río Ranchería y Cesar.

Lanao Robles, expresó que ese tema lo ha manejado de manera hermética el gobierno nacional, y la Unidad Nacional de Licencias Ambientales.

Explicó que desde la Corporación se está atento al tema, por el déficit de agua alto que no permite que la comunidad cuente con ese recurso de manera continua en sus viviendas.

Recordó, que en muchas temporadas del año La Guajira no tiene acceso al agua, y por esa situación no se puede  permitir situaciones como las que plantea el gobierno nacional sobre el fracking, porque de alguna manera se atenta contra el recurso hídrico.

Agregó, que cuando se da un trámite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, solicitan  un concepto que no es vinculante, es decir  ellos lo pueden tener en cuenta o no

Precisó, que hasta el momento no les  ha llegado ninguna solicitud de concepto para ningún trámite relacionado con fracking,  pero si llega ya se tiene claro cuál es la posición  que debe adoptar la Corporación Regional de La Guajira.

Sin embargo, dijo también que los casos hay que analizarlos,  pero lo cierto es que desde la entidad que dirige estará  muy atentos a que no se afecte el acceso al recurso hídrico en el departamento. “Eso es primordial para nosotros,  porque preservar el recurso hídrico es preservar la vida de La Guajira y allí vamos a estar muy atentos”, dijo.

En el caso de La Guajira, el Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, en declaraciones a medios nacionales, explicó que entre los departamentos del Cesar y La Guajira, se encuentra el mayor potencial de gas del país en yacimientos no convencionales, exactamente en bloque Cesar-Ranchería.

De acuerdo a información de la empresa, actualmente Colombia cuenta con dos mil millones de barriles de reservas en petróleo.

Se conoció, que en la cuenca de los ríos Cesar y Ranchería en el sur de La Guajira y noroeste del Cesar, se cuenta con un potencial de gas de 10 tcf, que podría aumentar a 2.5 veces las reservas pasando entonces de 10 a 35 años.

Para el Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, “la región Caribe ha sido una de las mayores fuentes de gas de Colombia, desde La Guajira en el campo de Chuchupa en Ballenas, y ahora en el Cesar-Ranchería hay uno potencial muy grande para generar gas para la región y el país”, dijo.

Y fue precisamente el alto ejecutivo, quien anunció que esa cuenca se tiene proyectado desarrollar uno de los pilotos de fracking en Colombia.

Según información de la ANH, las inversiones que se tienen proyectadas para desarrollar los cuatro pilotos de fracking, ascienden a US$ 400 millones. Tres de los cuatro pilotos se llevaran a cabo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, los cuales serán operados por Ecopetrol, ConocoPhilips y ExxonMobil, mientras que proyecto en la cuenca Cesar-Ranchería, es responsabilidad de la empresa Drummond.

Es importante recordar, que recientemente el Consejo de Estado negó la medida cautelar que suspendía de manera provisional el desarrollo de los pilotos de fracking en el país, lo que permite entonces que se avance con la iniciativa.

La Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que por no ser compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución, declare nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking.

“Considera el Ministerio Público que teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”.

Al rendir concepto ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Procuraduría pidió aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medio ambiente, en especial, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano.

Sostuvo el Ministerio Público que de darse el daño este resultaría irreversible, teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.

Consideró la Procuraduría que en caso de contaminación hídrica, esta repercutiría en daños irreversibles a los ecosistemas, fauna y flora del país, sin descartar el potencial daño a la salud del ser humano, no solo de quienes laboran y se exponen a las sustancias que hacen parte del proceso de fracturación, sino de quienes habitan en sus alrededores.

Precisó el ente de control que el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 son contrarios a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución, y al artículo 1o de la Ley 99 de 1993, que incorporan los principios de precaución y de desarrollo sostenible en el manejo de las decisiones que puedan afectar el medio ambiente.

“A juicio de esta Delegada, en el caso que nos ocupa debe aplicarse el principio de precaución, pues ha de priorizarse la protección al medio ambiente, en especial, el recurso hidrográfico que se compromete con este tipo de práctica, y que puede verse afectado de manera grave e irreversible, dañando así ecosistemas, afectando la flora y la fauna colindante, así como también genera un potencial daño a la salud del ser humano. En la medida en que con la expedición de las normas objeto de este medio de control se ignoraron estos trascendentales principios, se considera que deben declararse nulas, por infringir las normas en las que han debido fundarse”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.