La ejecución de la Sentencia T-302 de 2017 a paso de cangrejo

Por: Veeduría Ciudadana a la sentencia T-302 de 2017.

En materia de protección de los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, la Corte Constitucional cuenta con un instrumento de alta transcendencia e impacto, que aplica de manera excepcional: la declaración del estado de cosas inconstitucional. Con él se llama la atención sobre la existencia de un grupo significativo de personas en la nación o en un territorio a los que se les vulneran, en forma generalizada y sostenida en el tiempo, los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia.

El contenido del Informe

La Corte Constitucional entre 2016 y 217 pudo constatar que en La Guajira ocurría una violación injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la salud y a la participación del pueblo wayuu, el cual representa el 45% de la población departamental. Con la expedición de la Sentencia T-302 de 2017 la Corte Constitucional mostró la grave situación de vulneración de los derechos de los niños y niñas wayuu y declaró el estado de cosas inconstitucional.

         El ejercicio de evaluación, seguimiento y verificación, realizado por la Veeduría Ciudadana, sobre los procesos adelantados por las 25 entidades del Gobierno accionadas (18 nacionales, 2 regionales y 5 territoriales) en la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 en el departamento de La Guajira, se expone en el informe de rendición anual de cuentas del periodo noviembre 2019 –  octubre 2020. En el proceso de estructuración del informe técnico, se buscó compilar, organizar, verificar, analizar y dimensionar los impactos de las acciones y los obstáculos que han surgido en la hoja ruta de su cumplimiento.

En la evaluación se resaltan los aplazamientos reiterados para presentar el plan de acción de la Sentencia, actuaciones que vienen generando costos medibles en 63 niños y niñas wayuu fallecidos en dichos periodos. A ellos se les suman los niños que no han sido identificados ni valorados (subregistros), que crecen bajo condiciones de desnutrición crónica y aguda, situación que persiste y se reproduce en su ciclo de vida y hasta la adultez, afectando el desarrollo físico y motor, sus capacidades cognitivas, condicionantes de las capacidades de relacionamiento con la sociedad y el desempeño productivo, aspectos todos significativos para superar condiciones de pobreza extrema e inequidad.

Por otro lado, el estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional declaró en La Guajira por la muerte de niños y niñas wayuu por casusas asociadas a la desnutrición y otras patologías prevenibles y tratables, muestra un caso específico de las disfuncionalidades del Estado colombiano,  su grado de desarticulación, los  tipos  y la calidad de las  repuestas de sus instituciones  frente  críticas realidades  sociales y económicas que trascienden las que generalmente  se encuentran al estudiar los procesos regionales, la descentralización y autonomía regional.

Los resultados están a la vista y se exponen en las diferentes secciones del trabajo de evaluación, destacándose los planteamientos metodológicos para el abordamiento de la investigación y verificación que se realizaron a través de la lectura detallada del expediente, la implementación de encuestas, entrevistas comunitarias e institucionales.  En el documento se presentan el contexto social y económico de La Guajira, la comprensión de la Sentencia, la descripción del proyecto de la Veeduría, las relaciones entre la Sentencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS y los planes de desarrollo territoriales, un inventario de las actuaciones judiciales, se describen y se analizan  las ejecuciones  de los accionados por fases  en consistencia   con  los objetivos mínimos constitucionales, la revisión de los indicadores para la superación del estado de cosas inconstitucional, las acciones emprendidas por la Veeduría,  las comunicaciones enviadas y los tipos de respuestas de las instituciones,  las percepciones de las comunidades sobre el cumplimiento de las ordenes de la Corte y su apropiación social. También se presentan conclusiones y recomendaciones.

Los obstáculos a la ejecución

En el informe se  detallan  diferentes   obstáculos en su implementación: i) las debilidades del Estado para planificar, coordinar y ejecutar intervenciones territoriales; ii) las inconsistencias para  interlocutar bajo parámetros de  dialogo genuino y llegar a acuerdos con las comunidades étnicas que no siempre reconocen la autoridad político-administrativa del Estado, y más cuando invocan la autonomía étnica desde el territorio ancestral; iii) las acciones  del  gobierno nacional en el territorio  muestran los problemas de gobernanza y la desconfianza en los mandatarios, lo que ha llevado a un proceso de intervención y recentralización y vi) la baja calidad de la burocracia estatal releva en los servidores públicos tanto nacionales como locales la existencia de profundos déficits en la comprensión de la diversidad social del territorio regional colombiano y del ejercicio respetuoso de sus funciones frente a la ciudadanía y a sus organizaciones.

Así las cosas, La Guajira es la muestra contundente de las respuestas heterogéneas de las políticas públicas, en donde la desarticulación institucional, ofertas asimétricas y fallas de gestión del 24% de las entidades que hacen parte del gobierno nacional (16 de 68 instituciones), actúan en forma desarticulada. No han dado ni dan respuesta a la crudeza de la realidad social del territorio, en donde las instituciones y agencias no están preparadas ni orientadas para crear condiciones de equidad, sino dispuestas a crear condiciones de adscripción y reproducción político – administrativa. Con esto, mantienen el statu quo, desde respuestas situacionales basadas en disponibilidad de recursos y no en la calidad demostrable de sus intervenciones. Generan inversiones decididas unilateralmente, paliativas, intrascendentes, muchas veces superfluas e incapaces de cambiar el desarrollo tendencial en un territorio que requiere que se homogenicen las normas sociales de consumo colectivo con más Estado y más mercado, abordables a través de los 8 objetivos mínimos constitucionales señalados por la Corte.

El estado de cosas inconstitucional se mantiene

        Las consecuencias son diversas. La brecha existente al comparar la tasa promedio nacional de mortalidad de niños menores de 5 años (por 100.000 niños) con el de La Guajira en el 2019 fue de 26 puntos, la que tiende a crecer en el 2020.  En el 2019 la prevalencia de la desnutrición global se encuentra 5 veces por encima del promedio nacional.  Estos son dos de los 4 indicadores seguidos por la Corte y sustantivos para afirmar que el estado de cosas inconstitucional se mantiene.

       En la relación con el agua, el 56.07% de la población rural dispersa (mayoría wayuu) toma el agua de pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno. En Riohacha este porcentaje llega al 24.04%, en Maicao al 62.12%, en Manaure al 59.76% y en Uribía al 78.21%. Las pilas públicas tienen una cobertura limitada, ya que el modelo de Casa Azul solo cubre el 40.5% de la población en sus áreas de influencia. Adicionalmente, Corpoguajira no ha cumplido la orden de estudiar la dinámica del agua y las conexiones entre el ciclo de agua en la Media Guajira y los acuíferos de la Alta Guajira, dado que en el área de minería se han intervenido 17 arroyos y 177 adicionales podrían ser afectados por futuras actividades mineras y se desconocen sus consecuencias.

         En consistencia con el objetivo mínimo constitucional de alimentación y seguridad alimentaria, de las 29 iniciativas del Departamento de la Prosperidad Social – DPS para producir agua y alimentos, 2 están operando, 5 nunca fueron terminadas y entregadas y el resto se encuentran abandonas. Sobre salud y nutrición, la disponibilidad de cupos de los niños más que crecer han disminuidos. Entre el 2015 y el 2018 desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF se redujeron los cupos por tipos de atención: 32.407 en primera infancia y 6.422 en niñez y adolescencia, incrementándose el riesgo para esta población por inasistencia estatal.

         Sobre el derecho a la participación, en los 14 eventos realizados por el Ministerio de Interior con las comunidades indígenas wayuu en aras de consultar el Plan de Acción al final del 2019, 2 no se llevaron a cabo, en 5 se lograron acuerdos parciales y en el resto se firmaron acuerdos condicionados a revisiones y visitas técnicas que se harían en febrero y marzo del presente año y que por el advenimiento del ciclo de la pandemia por COVID -19 se aplazaron.

 La Guajira vista a través de la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, se convierte en un caso emblemático que permite percibir la baja calidad de las prácticas de los gobiernos (nacional y territorial) y la ineficacia de sus acciones intersectoriales, multiescalares e intertemporales, lo que se agudiza en el contexto de aislamiento social (obligatorio y preventivo ) por la pandemia del COVID -19, que ha limitado aún más el acceso a los derechos, bienes y servicios de consumo colectivos, con los reiterados aplazamientos para implementar un plan de acción, que se suponía era urgente, que encamine al departamento hacia un cambio social coordinado. Frente a esto último, urge una visión conjunta de objetivos, metas, cronograma e indicadores de evaluación y seguimiento.

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