Confinamiento, desplazamiento y despojo de las comunidades por la minería en La Guajira.

Desterrados por el desarrollo

Fotografía: Felipe Abondano

Un capítulo aparte mereció las voces de mujeres indígenas y afro descendientes, en la revista Noche y Niebla  del CINEP, donde develaron una vez más la afectación de las comunidades por la explotación minera en La Guajira.

En una rueda de prensa, detallaron el etnocidio y el ecocidio que viven, luego de 14 fallos judiciales que han ratificado la vulneración de Cerrejón y el Estado Colombiano al derecho a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra entre otros.

María de los Ángeles García, de la comunidad afro de Manantialito y la veerduría Akuaippa y Mónica López, lider wayuu de la comunidad La Gran Parada, y del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu, fueron las voceras, quienes además están viviendo las afectaciones de la explotación del carbón.

“En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos y derechos por la empresa Cerrejón”, aseguró María de los Angeles García de la comunidad afro de Manantialito.

En tanto, Mónica López Pushaina, vocera de la comunidad wayúu aseguro que “La minería en La Guajira está acabando con nosotros”.

Apartes del informe de grupo de Interculturalidad del CINEP/PPP

A lo largo de estos cuarenta y cuatro (44) años de actividad minera en nuestro territorio se violentaron nuestros derechos como comunidades Wayuu, Afro y Campesinos, de múltiples y diversas maneras. Fuimos confinados, despojados, desplazados, amenazados, intimidados, engañados y desalojados bajo las promesas del “desarrollo” para La Guajira, pero lo único que nos ha dejado es una crisis humanitaria por la falta de agua, soberanía alimentaria y contaminación al ambiente, y sin territorio.

Era toda una estrategia realizada por varios actores: empresa carbonífera, políticos de turno y fuerzas militares. Inicialmente, fue responsable el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) que entregó títulos de propiedad individual entre 1975 y 1989 a las comunidades Wayuu, Afro y Campesinas que habían habitado toda la vida La Guajira. Al entregar el título de propiedad individual se desmembraba el territorio colectivo y se dividía en distintas propiedades, dejando así la puerta abierta a las ofertas engañosas que las empresas mineras les hicieron a los pobladores: algunos les ofrecieron compra de tierras bajo la modalidad de comodato, lo que suponía permanecer en el territorio, o así lo pensaron nuestros abuelos y abuelas. Algunos hacendados de la región vendieron sus tierras a buen precio y se fueron, y otros tantos fueron engañados por intermediarios que se beneficiaron con las compras irregulares de tierras. En muchos otros casos, las familias o comunidades que se negaban a la venta de forma voluntaria, o se resistían a salir de su territorio, eran víctimas de represión mediante amenazas de expropiación, chantaje, intimidación y persecución a sus integrantes y dirigentes. En el siguiente cuadro se puede apreciar la cronología de la agresión entre 1985 a 2020 que hemos vividos las comunidades Wayuu, Afro y Campesina como resultado de la explotación del carbón en la región:

También se implementaron distintas formas para presionar a las comunidades. Una de estas fue el confinamiento en el territorio para posteriormente expulsar a las comunidades, empleando estrategias como el cierre de caminos que impedían la libre circulación por el territorio para hacer las labores cotidianas como trabajar en la roza, cazar, pescar y compartir con otras comunidades. El confinamiento se dio al cortar los caminos que conectaban entre sí a las comunidades de Manantial, Ojo de Caro, Roche, Tabaco, Los Remedios, Paradero y los municipios de Albania y Barrancas. Nos limitaron el derecho de estar libremente en el territorio, ejerciendo nuestras prácticas espirituales de conexiones con el agua y la naturaleza y se vio disminuido el acceso del derecho al agua desmantelando los molinos, robando sus aspas y destrozando las instalaciones.

De esa misma manera, destruyeron las escuelas de las comunidades para que los niños y niñas tuvieran que ir a estudiar lejos. El confinamiento no solo fue el cerco que impidió a las comunidades su libertad y limitaba las posibilidades de permanencia en el territorio, también ha sido el daño psicológico y espiritual que nos han causado porque cercaron y destruyeron nuestros lugares sagrados como las iglesias y los cementerios, la empresa no solo quería cercar nuestra vida física sino también nuestra alma.

Las comunidades de Palmarito, Caracolí, Espinal, Tabaco, entre otras, vieron cómo sus ancestros y cementerios fueron removidos y arrasados con las máquinas buldócer, quedando debajo de una pila de material estéril. Otras comunidades, como Roche y Tamaquito II, tuvieron que abandonar sus territorios mientras sus ancestros quedaron cercados por la actividad extractiva de la empresa Carbones del Cerrejón.

El daño espiritual que nos hicieron no tiene reparo porque para nosotros como comunidades étnicas los cementerios son lugares sagrados que nos permiten una conexión con nuestros ancestros. Es una práctica comunitaria y espiritual que nos conecta con nuestra madre tierra, entonces lo que hizo la empresa fue el daño a todos los seres y toda nuestra identidad cultural como pueblos étnicos. Uno de los rostros más claros del confinamiento, es el caso de la comunidad Wayuu Tamaquito II -hoy resguardo indígena- que, entre los años 2001 hasta 2013 fue cercado por la empresa Carbones del Cerrejón, cuya actividad extractiva causo contaminación ambiental, hostigamiento a las mujeres wayuu que se bañaban en el río y eran observadas e intimidadas por militares del Batallón Especial Energético y Vial –BAEEV– No.17.

Arroyo Bruno – Foto: Betty Martínez Fajardo

Tal irrespeto a la  espiritualidad, daño a los arroyos y desaparición del trueque de cultivos fue algo que también experimentaron otras comunidades. Después de diversas acciones de denuncian y resistencia a nivel nacional e internacional donde se evidenciaba la situación de violación de derechos y la responsabilidad de la empresa, la comunidad de Tamaquito II no tuvo otra opción que negociar el reasentamiento engañoso en el año 2013.

También fuimos desalojados y desplazados por la minería, aunque en Colombia el desplazamiento forzado está relacionado con el conflicto armado nosotros somos fieles testigos del ocasionado por la minería y sin ninguna posibilidad de volver a nuestro territorio, porque ya no existe.

Solo podemos volver a nuestros lugares de origen a través de las memorias de nuestros abuelos, abuelas, padres o madres que evocan sus comunidades con la triste melancolía de lo que ya no puede ser.

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