Los factores que bloquean el plan de acción de la Sentencia T-302 de 2017

Por: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302

En un reciente oficio dirigido a la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302, la Corte Constitucional solicitó exponer los motivos y obstáculos que han tenido las instituciones para estructurar, presentar, aprobar y ejecutar el Plan de Acción ordenado en la Sentencia.

La veeduría le contestó al magistrado José Fernando Reyes Cuartas,  que  en el proceso de estructuración y presentación  definitiva del plan de acción o de la política pública, se pueden identificar diferentes factores, que han limitado la acción del Estado en ese propósito, entre  las cuales resaltan las siguiente: i) se validan respuestas situacionales y reactiva como parte del progreso; ii) las actuaciones son  puntuales, dispersas   y de baja  coordinación;  iii) las propuestas promovidas por el  gobierno  se deciden de manera unilateral y sin pertinencia  sociocultural; iv) se asume la dispersión  territorial como excusa; v) la imposibilidad de entender las dimensiones y componentes del  diálogo genuino, vi) las capacidades  instaladas  en el Tribunal Superior para apropiar y decidir de manera estructural y vii) no se consideran los llamados de atención  y las recomendaciones de las instituciones de los organismos de control y seguimiento.

Se validan respuestas situacionales y reactivas como parte del progreso

Las entidades involucradas no han tenido una respuesta específica a la sentencia T- 302 de 2017, ellas son situacionales y generalmente reactivas.  Las acciones recurrentes que se desarrollan producto de la intervención de la nación en el sector de agua y saneamiento básico, salud y educación de La Guajira y otras que surgen de la gestión nacional y territorial el marco de la sequía, se han venido presentando como parte de su cumplimiento sin tener en cuenta la temporalidad, focalización, calidad, pertinencia, consenso e impactos en los 4 indicadores de resultado seguidos por la Corte.

En el expediente se consignan, describen y validan acciones por fuera del marco de la sentencia. Las iniciativas desarrolladas dentro del Pacto por el Agua y la Vida en La Guajira han sido presentadas ante el Tribunal Superior de Riohacha sin tener en cuenta que ellas fueron estructuradas y realizadas para satisfacer los requerimientos de la Sentencia T – 466 de 2016 y no se acogen a los principios de progresividad, universalidad, integralidad, complementariedad, sostenibilidad, transparencia, impactos, cobertura universal y resultados medibles determinados por la Corte Constitucional. Igualmente, las medidas contenidas en el documento Conpes 3944, se adoptan como parte de la política pública de la Sentencia T-302 de 2017.

Las actuaciones son puntuales y  de baja coordinación

Los tres niveles de gobierno que se involucran en el cumplimiento de la Sentencia no cuentan con un organismo de coordinación. Aunque el liderazgo en su cumplimiento está centrado en las acciones que se puedan desplegar desde la figura del Presidente de la República, en la práctica la agenda se encuentra segmentada en diversas instituciones y no se hace seguimiento especializado a los resultados.

Con la expedición del Decreto 100 de enero 28 de 2020, se pensó en darle la integralidad a los procesos de planeación, ejecución de acciones, evaluación y seguimiento, pero la desarticulación se mantiene. Ello permite evidenciar que las funciones de la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira, en su papel de coordinador de las acciones ordenadas en la Sentencia, hasta ahora no presentan resultados sobre el trabajo integral y armónico que se espera de las instituciones accionadas en los tres niveles de gobierno.

Las propuestas promovidas por los gobiernos se deciden de manera unilateral y sin pertinencia sociocultural

Por los antecedentes de la ejecución del programa por el Agua y la Vida en La Guajira, y las iniciativas del Documento CONPES 3944, la implementación de actual programa como Guajira Azul (en agua potable) y ReSA étnico (alimentos y seguridad alimentaria) se vienen constituyendo en ofertas únicas que el gobierno replica sin la suficiente valoración sociocultural en los territorios de los wayuu y sin los acuerdos respectivos con los autoridades tradicionales,  detonando  conflictos territoriales.

Existen prejuicios socioculturales y la dispersión territorial como excusa

Las acciones de gobierno parecen estar signadas por prejuicios socioculturales y determinaciones geográficas invencibles. Si bien la Corte Constitucional alertó sobre ello, esto no ha sido superado por la manera como se organizan las instituciones y en la estructuración de las ofertas que se planifican para impactar social y económicamente el territorio.

En el área rural de los municipios de Uribía, Manaure, Maicao y Riohacha, se concentran más de 400.000 indígenas, en un territorio de más de 1 millón de hectáreas, en un poco más 7.000 comunidades y más de 58.297 puntos poblados. 

No contar con un sistema de información y una adecuada georreferenciación de las comunidades se constituyen limitantes sustantivas que presenta la estructuración y ejecución del Plan de Acción, Los programas terminan concentrándose en las mismas zonas, generándose una nueva exclusión social a nombre de la ocupación dispersa que hace la población en el territorio.

La imposibilidad de entender las dimensiones y componentes del diálogo genuino

La Corte Constitucional en la Sentencia concibe la participación de los wayuu de manera amplia y efectiva. No puede agotarse en capacitaciones o socializaciones realizadas en los centros urbanos de los municipios, ni en reuniones de concertación con unas pocas autoridades escogidas para tal fin. La participación debe ser un proceso deliberativo de las distintas comunidades, es el resultado de un dialogo genuino con los funcionarios adecuados y con los interlocutores de las comunidades pertinentes. El diálogo no puede ser indiscriminado y en él deben participar las personas con incidencia en la vida comunitaria. El espacio de interlocución no puede ser considerado inocuo e intrascendente.

Contrario a estos planteamientos, el gobierno se ha visto sometido a diferentes actuaciones de urgencia como la ocurrida durante el mes de diciembre de 2019, en donde se volcaron sobre las comunidades wayuu diferentes grupos de funcionarios de nivel intermedio tratando de generar acuerdos a partir de la socialización de una oferta institucional restringida. Los wayuu esperaban a funcionarios de alto niveles con capacidad de decidir Por ello, muchas de las convocatorias fracasaron.

Las capacidades instaladas en el Tribunal Superior para apropiar y decidir de manera estructural.

El expediente se encuentra conformado por una densa información que proviene   de las entidades accionadas, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, organizaciones de la sociedad civil y actores interesados en el proceso. Es tan voluminoso y rico que una sola persona le es imposible tener perfecta información de su contenido, referenciar y verificar los innumerables hechos y eventos que allí se exponen.

Para su revisión a fondo se requiere de un equipo interdisciplinario de soporte al juez tomador de las decisiones, ya que en una audiencia no puede determinar con suficiencia que es lo exacto, lo inexacto, lo viable, lo pertinente y sus impactos. Es decir, no puede tener información de calidad para tomar las mejores decisiones frente al desarrollo del proceso, valorar, decidir y exigir la presentación pronta del respectivo Plan de Acción.

No se consideran los llamados de atención del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento

En el marco de las intervenciones y audiencias públicas la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, han venido  realizando llamados de atención y  dando recomendaciones, para que se adopten decisiones de fondo y de carácter vinculante, pero la tendencia del Tribunal Superior de Riohacha ha sido  ampliar los plazos para presentar  el Plan de Acción, dejándolas   sin instrumentos  de gestión en búsqueda de responsabilidades administrativas, especialmente a la Procuraduría General de la Nación.

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