Un llamado sobre los departamentos de Cesar, Guajira y Córdoba.

Mujeres wayuu en la Alta Guajira. Foto; Betty Martínez Fajardo.

La Misión de Observación Electoral, en el informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales alertó sobre la situación de La Guajira comparando los hechos con el año 2019.

El caso del departamento de La Guajira tiene su propia particularidad, ya que es uno de los territorios donde se registra una disminución en la presencia de Grupos Armados Ilegales, y los datos de hechos
violentos contra los distintos tipos de liderazgo no muestran alertas relevantes.

A partir del monitoreo hecho por la MOE, podría entenderse que el departamento ha tenido una mejora en lo que a su situación de seguridad se refiere, pues luego del asesinato de 3 líderes sociales en el último trimestre del año pasado, en lo que va de este 2020, únicamente se tiene registro de 2 amenazas contra lideresas Wayúu.

Asimismo, mientras que en el 2019 se registraron 4 acciones bélicas y 2 amedrentamientos por parte de GAI, en este año, éstas se redujeron a 2 y 1, respectivamente.

Adicionalmente, si bien en lo corrido del año no se han presentado asesinatos en este territorio, el 2019 fue un año especialmente violento, en tanto que La Guajira (con 41 hechos) estuvo en tercer lugar como
el departamento con mayor número de hechos de violencia contra líderes, luego de Cauca (86 hechos) y Arauca (58 hechos).

Lo anterior evidencia que a pesar de la reducción de hechos violentos observados en lo corrido del año, existe un riesgo latente a los distintos liderazgos en la región.

Por otra parte, La Guajira es un departamento donde el análisis del contexto político resulta particularmente relevante. Pues la inestabilidad política en la que ha estado inmerso durante los últimos 2 periodos constitucionales61, su condición de territorio fronterizo con Venezuela
y la confluencia que se ha dado de grupos armados con estructuras del narcotráfico para aprovechar la zona costera del departamento, son variables que no permiten levantar la mirada sobre la situación allí vivida y en la cual desarrollan sus actividades innumerables líderes y lideresas.

En este sentido, es necesario traer a colación el contexto antes mencionado, en la medida que esta realidad del departamento ha llevado a una situación de desconfianza institucional por parte de la población guajira.

Al respecto, a través de fuentes en terreno, la MOE ha logrado conocer que la situación de seguridad ha mutado, dejando de lado la letalidad de los hechos y pasando a usar las amenazas como mecanismo de presión a su ejercicio de liderazgo. No obstante, la falta de confianza en las instituciones políticas, administrativas y de fuerza pública no han permitido determinar a los líderes víctimas, ya que prefieren guardar su anonimato 62.

Así, a pesar de que los datos relativos al 2020 no representan una alarma en el departamento frente a otros casos, los antecedentes y el contexto del departamento permiten ver la necesidad de enfatizar sobre la situación y hacer un llamado a autoridades, a fin de que establezcan las medidas necesarias para de garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad en la región, generar un contexto de confianza con la población, y establecer
acciones de prevención y protección para los líderes y lideresas, con el propósito de evitar hechos de violencia como los que se presentaron el 2019.

Además de los casos destacados, es necesario hacer un especial énfasis sobre otra región del caribe colombiano, el Sur de Bolívar. Lo anterior, pues se trata de una subregión ya marcada por el conflicto armado, donde hacen presencia el ELN y los AGC, y en la que se ha identificado una tendencia al
aumento de la violencia política. En el 2020 se han presentado 4 asesinatos de líderes, una lideresa social en San Pablo y uno en Tiquisio, uno en Barranco de Loba y uno en Simití.

En junio, que en términos generales ha sido uno de los meses con más hechos de violencia registrados, en esta subregión se perpetraron 2 de los 4 asesinatos.

Para la MOE es importante priorizar y caracterizar las distintas regiones y subregiones del país para entender el fenómeno de la violencia y los factores que propician, para que estos elementos sean considerados en la ejecución de la política pública de prevención y protección de líderes que actualmente está presente en los distintos mecanismos e instancias dispuestos por las autoridades.

Esto es relevante teniendo en cuenta que cada región tiene sus particularidades y sus problemáticas que deben ser atendidas con ese mismo factor diferenciador.


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