Habitantes del Cabo de La Vela se declararan en desobediencia civil.

Por: Betty Martínez Fajardo

El abandono que sienten los habitantes del Cabo de la Vela, uno de los principales sitios turísticos de La Guajira, los tiene a un paso de declararse en desobediencia civil.

Ni siquiera la pandemia logró que la administración del municipio de Uribia, se interesara por poner en servicio el micro acueducto que lleva más de un año dañado.

Y es que cuando el gobierno nacional está flexibilizando las medidas para que se pueda dar reapertura al sector del turismo, en el Cabo de la Vela, la situación se respira distinto, puesto que han pasado seis meses desde que el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria por la pandemia y los problemas de siempre no se han superado.

Al daño del micro acueducto se le suma que tampoco se ha contratado el vehículo para recoger las basuras, lo que demuestra la falta de interés del municipio a una población que en su gran mayoría vive del turismo.

El Centro de Salud, no cuenta con los mínimos equipos que son necesarios para atender un caso de Covid-19.

Esas condiciones se convierten en un obstáculo para recibir turistas, especialmente cuando las comunidades wayuu del sector han extremado sus cuidados para evitar casos de covid-19.

De mil forman han expresado que no pondrán en riesgo a la población por la pandemia, porque esencialmente no cuentan con las mínimas condiciones para asumir el riesgo como lo es el agua,  una lucha de años que ni siquiera logró mover a las autoridades para en estos seis meses ponerlo a funcionar.

Los trabajadores del turismo en el Cabo de la Vela, y de otras zonas de la Alta Guajira, tienen claro que para la reapertura se les exigirá el protocolo de bioseguridad, lo que no podrían cumplir por no contar con los recursos económicos para ello.

El sector

Dueños de hospedajes y restaurantes, guías y conductores, se encuentran en la bancarrota por los seis meses de inactividad debido a la pandemia, ad portas de una reapertura que no tendrían como asumir.

La situación la califican de compleja, de allí el llamado a las autoridades para analizar el tema esperanzados en recibir la ayuda que requieren para al menos tener como implementar el protocolo de bioseguridad.

Mileidi Polanco, de la ranchería Utta, propone un trabajo conjunto con el gobierno departamental y el municipal para definir los criterios de una reapertura que además debe darse de manera progresiva.

“Para ello exigimos unos mínimos como el arreglo del micro acueducto,  que tiene más de un año sin funcionar,  y en este tema de pandemia tampoco se priorizó, esa es una enorme dificultad”, dijo.

A la Comunicadora, le preocupa también el manejo de control de carga de los sitios turísticos, que se puede manejar con los Protectores de Taroa  y Jepirra, a quienes se les debe garantizar su sostenibilidad, es decir todos los elementos de bioseguridad y al pago por el trabajo que van a desarrollar.

“Estamos interesados en la reapertura,  porque el noventa por ciento del Cabo de la Vela vive del turismo, llevamos seis meses parados y es de nuestro interés que eso se reactive cuanto antes, pero somos claros de que hay una responsabilidad enorme porque este es un tema de salud pública entonces no queremos ser incoherentes en decir  que vamos abrir a la loca”, dijo.

Agregó, que se tienen que diseñar unas estrategias, pero lamentablemente  el municipio y el departamento han sido reacios al acompañamiento, y esa es su obligación garantizar que los destinos turísticos tengan unos mínimos de atención para la reapertura.

En tanto, Socorro Fajardo, miembro de la comunidad del Cabo de la Vela, manifestó públicamente su preocupación por la no apertura del turismo

“Todos queremos trabajar porque llevamos seis meses de brazos caídos, necesitamos que todos los sectores que tengan que ver con salud y turismo de reúnan con nosotros y hablemos sobre los pro y los contra de la reapertura”, dijo.

Agregó, que es necesario que se les garantice el suministro de agua potable, recolección de basuras, energía eléctrica y delimitación de playas.

Además que requieren de ayuda para todos los empresarios, que hoy no cuentan con los recursos económicos para la compra de insumos para que puedan recibir a los turistas.

“Todos los dueños de hospedaje estamos en bancarrota y con miles de deudas con los bancos que tenemos que cubrir y cada nos preocupa, necesitamos la ayuda de todos los entes involucrados en este sector”, expreso.

Por su parte, Mercedes Ortiz, trabajadora del sector, reitero que los habitantes de la localidad están  a la puerta de una desobediencia  civil por culpa de las necesidades que los aqueja desde hace varios años.

“Estamos en un olvido total,  sin alimentos,   sin agua,  seis meses sin trabajar a esto le sumamos que para la reapertura tenemos que contar con los protocolos de bioseguridad y los implementos e insumos la pregunta de dónde sacamos ese dinero sino hay trabajo?, manifestó.

Reiteró, que el Cabo de la Vela no tiene economía,  puesto que los trabajadores del sector atraviesa por graves problemas económicos, por las deudas con los bancos y proveedores.

“Acá es muy difícil reinventarnos por la lejanía  con la ciudad,  acá todo se hace más costoso por la distancia, ya no aguantamos más”, puntualizó.

Autoridad Tradicional

Para la autoridad tradicional del Cabo de la Vela, Sara Gómez Barliza, la reapertura significa un riesgo en la medida que las autoridades no les brindan las mínimas garantías para atender a propios y extraños  en cumplimiento de todos los protocolos que exige la pandemia.

Por ello en uso de sus facultades, en representación del resguardo,  autorizó el cierre permanente de la comunidad, teniendo en cuenta la situación actual que se atraviesa en el mundo entero, con la llegada del nuevo covid-19, esta decisión se fundamenta en la carencia de garantías para dar atención médica, falta de agua y aplicación de protocolos, se indica en un comunicado.

Además que  El Cabo de la Vela es ante todo una zona de resguardo indígena,  por lo que debe garantizarse la  protección y minimizar en lo posible la expansión del virus en el territorio, buscando así garantizar el  derecho a la vida.

“Teniendo en cuenta que el 90% de la comunidad son prestadores de servicio turístico, resulta indispensable que estemos totalmente preparados para poder abrir y retomar las actividades, pedimos a la comunidad en general, al gremio de agencias, entidades gubernamentales, apoyar la medida tomada y contribuir a la organización de la comunidad como destino turístico y hacer una reapertura que ofrezca garantías al visitante y la comunidad”, expresó.

Puntualizó que para la reapertura se debe tener en cuenta el Alistamiento de playas definidas, la  Capacidad de carga de la comunidad, los  Protocolos de bioseguridad, la  Optimización del micro acueducto de la comunidad, el  Sistema de recolección de residuos, la  organización del equipo de salud.

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