Diputados iniciaron discusión de ley 550

La Guajira debe más de 620 mil millones de pesos.

Por: Betty Martínez Fajardo

Una decisión nada fácil tomó el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, luego de un análisis detallado de las finanzas de la gobernación para acogerse a la famosa ley 550, lo que le permitiría ponerse al día con todos sus acreedores en una suma estimada en 620 mil millones de pesos es decir más de un billón de pesos.

La cifra por si sola alarma, y da cuenta de la crisis económica que poca capacidad de maniobra le brinda al mandatario cuando la gran mayoría de las cuentas son embargadas.

Es necesario tener claro que, si el departamento se acoge finalmente a un acuerdo de intervención económica y reestructuración de pasivos determinado en la Ley 550 de 1999, no es producto de su mal desempeño fiscal, si se tiene en cuenta que los indicadores hasta el 2019, fueron bastante satisfactorios.

De acuerdo a los montos referenciados y sus fuentes, el Departamento se acoge a la Ley 550 por factores asociados a la baja capacidad de defensa judicial que ha mantenido históricamente la entidad, en donde ha perdido en estrados judiciales un importante volumen de demandas que de a poco han debilitado la capacidad de respuesta institucional. A eso se le debe sumar dos componentes: I) los gastos o hechos cumplidos de la entidad sin respaldo presupuestal y que posteriormente pasan hacer pasivos exigibles mediante conciliaciones por la vía gubernativa y II) el bajo seguimiento que se le hace a los pasivos contingentes.

Roys Garzón, radicó el proyecto de ordenanza en la asamblea departamental, en el marco de las sesiones extraordinarias para que los diputados analicen el documento, lo discutan y puedan dar su visto bueno si así lo consideran necesario.

“Es la única salida para que La Guajira comience a enderezar su camino, comience a saldar tantas deudas que llegan a medio billón de pesos,  no hay forma de continuar como se viene durante tantos años con cuentas embargadas, con contratistas que se quiebran porque la gobernación no les paga, con la universidad protestando porque tampoco hay recursos, con los hospitales, con las clínicas que tampoco se les paga”, expresó.

A renglón seguido, explicó  que en la reforma de los recursos de regalías quedó establecido que los mismos  no pueden ser usados para reestructuración de pasivos, lo que le permite a la gobernación tener un doble camino,  uno para  poder enderezar las finanzas y pagar sus deudas,  pero a la vez no parar la inversión y poder ejecutar todas las obras y programas que están contenidos en el Plan de Desarrollo.

Recordó que del  cien por ciento de los recursos que recibe el departamento 74% es de regalías, y serán destinados para la inversión en obras y el excedente para el pago de la deuda.

“Es una ley 550 para fortalecer con su nueva estructura armonizada con todos los sistemas a nivel nacional”, dijo.

Aclaro, que las deudas quedan completamente reconocidas,   se revisan y quedan hay deudas que en las revisiones al parecer se han pagado dos veces deudas conciliadas incluye  una priorización primero pagos laborales de pensiones para garantizar la estabilidad de las personas, de seguridad social y pagoa a entidades públicas entidades privadas

Reacciones

Sobre el tema, el economista y ex secretario de Hacienda Departamental, Cesar Arismendy Morales, expresó que  a la Ley 550 si bien da un norte a la gestión y le permite a la administración fluir dentro de un marco fiscal condicionado, no se puede tomar como la solución perfecta y confiable a los problemas financieros, además es necesario hacer otras tareas, y ellas dependen de la calidad, experiencia y experticia del equipo técnico que acompaña al gobierno territorial, ya que   un poco más del 25% de los recursos que anualmente recibe el departamento, se administran desde afuera, acción que debe evitar y que generalmente se omite.  

Puntualizó, que en el departamento, ese porcentaje se encuentra en manos de los juzgados bajo títulos judiciales remanentes y de los bancos, que no se apegan formalmente   a las condiciones para establecer medidas cautelares en consistencia con las fuentes de recursos. Estas instituciones son rápidas para embargar y lentas para cumplir una orden de desembargo. 

“Si el Gobernador con la Ley 550 desea liberarse de los embargos recurrentes, por el blindaje que le esta ley, creo que no va a poder lograrlo, ya que un sector importante del sistema de justicia regional y del sector bancario, ha venido interpretando que dicho proceso no protege  totalmente las diferentes fuentes de ingresos de la entidad territorial. Por ello insisto que la fluidez fiscal del departamento depende la una defensa judicial y de buena calidad”, dijo.

En ese mismo sentido, puntualizó que si al estado de cosas inconstitucional que ya tiene el departamento por disposición de la sentencia T-302 de 2017 relacionada con la violación sistemática y generalizada de los derechos al agua, alimentación, salud y participación del pueblo wayuu, se le suma el estado de quiebra de las finanzas, se puede   concluir que la entidad territorial  no será un actor determinante en las transformaciones  sociales y económica que los guajiros esperamos en este periodo institucional de gobierno. El departamento perderá ese espacio de legitimidad y de confianza, ya que son altas las posibilidades de variar el rumbo determinado en el plan de desarrollo, en un momento de transición de su economía, hacia un modelo sostenible sin minería de carbón y gas, de energías renovables, agricultura, eco y etnoturismo. Por lo tanto, es necesario ajustar también el plan de desarrollo para el periodo.

“Le tengo mucha confianza al conocimiento y experiencia con que cuenta el gobernador. En este  momento histórico para el departamento, resulta crucial y  poner a prueba la ejecución de los talentos individuales y colectivos de los actores de gobierno”, agregó.

En tanto, el ex diputado Idelfonso Medina, manifestó que celebraba la decisión del gobernador de La Guajira, de acogerse a la ley 550,  toda vez que la medida es ganancia para todos.

“Los acreedores que llevan años esperando que un gobierno le cumpla sus compromisos contractuales de los negocios jurídicos que han celebrado con la administración,  pero por el otro lado también gana la administración que se fortalece y puede tener unos recursos destinados verdaderamente a cumplir todas las tareas misionales,  porque hoy día no se  puede contar con recursos porque los que a veces se tienen en el banco le cae los embargos”, dijo.

Puntualizó, que la ley 550 como algunos han pensado,  no es para que una entidad territorial o una empresa privada que se sometan a ella evadan las obligaciones,  al contraria es una ganancia de todos porque a quien se le debe va a tener un tiempo real en el cual va a poder contar con los recursos que le va a pagar la entidad.

Por su parte, el economista y ex candidato a la alcaldía de Riohacha, Manuel Sierra Deluque, explicó que el departamento de La Guajira al aocgerse a la ley 550 lo que se busca es una óptima estructura administrativa, financiera y contable.

En ese sentido, propone que se tome una segunda fuente para el pago de la deuda de la administración departamental como es el 50% del recurso adicional que va a recibir la gobernación a partir del 2021 por asignación directa.

“Con esa fórmula más una depuración de la deuda se sale en 5 años de la intervención económica”, dijo.

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