Contraloria General advierte irregularidades en obras financiadas con regalias.

Cristhian Camilo López: Delegado Sectorial de la Unidad de seguimiento de regalías.

Por irregularidades en obras ejecutadas con recursos de regalías, la Contraloría General de la Nación, alertó sobre una serie de hallazgos en los municipios de Riohacha, Uribia, Albania, Hatonuevo, la Universidad de La Guajira y la gobernación.

Cristhian Camilo López, Contralor Delegado Sectorial de la Unidad de Seguimiento de Regalías, asignado a La Guajira, explicó que fueron  cinco hallazgos por un valor total de 42 mil 163 millones de pesos, tres beneficios de auditoría por un valor total de $ 23.398 millones de pesos, para un total de hallazgos fiscales por valor de $64.080 millones de pesos, de los cuales 3 tienen posible incidencia penal, por un valor total de $ 31.730 millones de pesos,

La primera de las observaciones realizadas por el ente de control tiene que ver con el proyecto para la Construcción de la Terminal de Transporte de categoría IV en el municipio de Uribía, por un valor total de $7.944 millones de pesos. Resultado del análisis realizado por la CGR, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $7.564 millones de pesos. Lo anterior, producto del uso ineficiente e ineficaz de los recursos del SGR en la construcción de una infraestructura que no cuenta con la aprobación y habilitación necesaria para entrar en operación, lo cual ha ocasionado que después de más de 5 años y 2 meses de haber suscrito el acta final de ejecución de obra exista una obra de ingeniería civil que no está funcionando, que no presta el servicio para el cual fue contratado, y que no está aportando los beneficios técnicos, económicos y sociales a la comunidad.

La segunda observación tiene que ver con el proyecto de Construcción y puesta en marcha del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones Riohacha, por un valor total de $12.102 millones de pesos. Aquí, la Contraloría encontró que 7 años después de haber iniciado el contrato de construcción del acueducto, y 1 año y 7 meses después de la entrega y recibo final, la infraestructura se encuentra abandonada e inoperante, y que no se ha cumplido el objetivo de garantizar una fuente de agua potable constante y de calidad, ni dar una cobertura real en la prestación del servicio de alcantarillado a la población del Corregimiento de Camarones. El documento expone en detalle una serie de fallas en la planeación, formulación, viabilización y aprobación del proyecto, donde se desconocieron las características de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR referidas a la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto de las que habla el artículo 23 de la ley 1530 de 2012, por lo que se presenta una observación con presunta incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal y penal de $11.837 millones de pesos, equivalentes a la totalidad de los $ 10.858 millones pagados al contratista y los $ 979 millones pagados al interventor.

En tercer lugar, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.697 millones de pesos, por deficiencias en el desarrollo del proyecto de Asistencia técnica y desarrollo social dirigida a los pequeños y medianos caficultores de la frontera colombo venezolana, Serranía del Perijá, departamento de la Guajira, y cuya ejecución estaba a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros. El documento pone de manifiesto que el contrato no se ha ejecutado a cabalidad por parte de la Federación, pues, cinco años después de su inicio, no se han adelantado todas las actividades que este preveía y, por ende, no existe un claro beneficio para la comunidad. Adicionalmente, el ente de control señala que las suspensiones del contrato han tenido como causa la falta de planeación financiera, pues es claro que desde el inicio no se presupuestaron los recursos suficientes para garantizar la contratación y el pago efectivo de la interventoría del contrato.

Finalmente, se presentaron dos hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal; uno por valor de $12.328 millones de pesos, relacionado con un incumplimiento contractual por parte de la Universidad de la Guajira en la ejecución del contrato en modalidad de convocatoria, cuyo objeto es Estudios de maestría dentro y fuera del país para profesionales en el departamento de la Guajira. Entre otros aspectos, no se evidencia que exista una efectiva retroalimentación de los profesionales beneficiarios de este programa al Departamento de La Guajira.

El último hallazgo tiene que ver con la Construcción de las obras de protección contra inundación de la estación de bombeo de la urbanización Lomas de Trupillo, en el distrito de Riohacha. La urbanización Lomas de Trupillo, forma parte del proyecto de 1.000 viviendas gratis entregadas por el Gobierno Nacional y desarrollado mediante acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, La Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira, con el fin de beneficiar a 300 familias. A través de este contrato, se pretendía disminuir el nivel de inundaciones en el sector de la estación elevadora del barrio Lomas del Trupillo y barrios que conforman la comuna 10 del distrito de Riohacha. La ejecución del contrato se ha visto afectada por siete suspensiones desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019, presentando un retraso de ejecución, liquidación y entrega de la obra de más de 26 meses. Por esta razón, el ente de control determinó que había lugar para una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.253 millones de pesos.

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