Niños wayuu sin protección del gobierno nacional, advierte organización de Derechos Humanos.

En las enrramadas los niños wayuu reciben sus clases a falta de escuelas confortables y dotadas para su enseñanza diaria. Foto: Betty Martínez Fajardo.

El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu, plantea la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, en un informe conjunto y una publicación multimedia sobre la situación de las comunidades indígenas y especialmente los niños wayuu que habitan en el departamento de La Guajira.

En el informe se indica que a causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca.

“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”.

La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu. 

En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales.

Desierto de La Guajira. Foto: Betty Martínez Fajardo.

Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.

Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.

Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.

Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.

La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 10 millones) como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.

Covid 19.

El Covid-19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid-19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.

El Covid-19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.

A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.

De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente —físicamente accesible y asequible— y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna.

Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”, señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia”.

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