Por: Betty Martínez Fajardo.
Los docentes de la Universidad de La Guajira, decidieron no regresar a labores académicas por las deudas de salarios atrasados de cuatro meses de 2019 y siete de este 2020, lo que contrasta también con lo que la empresa Cerrejón le debe al primer centro de educación superior por estampilla Pro Universidad que superaría más de 40 mil millones de pesos.
Del pago de la estampilla, la universidad está autorizada para invertir un 30% en funcionamiento y el resto para investigación e inversión.
La estampilla Pro-Universidad creada por la Ley 71 de 1986 y fortalecida por la ley 1423 de 2010 y la ley 1877 del 2018, construye un piso jurídico que permite gravar a todas las “actividades y operaciones” que se ejecuten en el territorio del departamento de La Guajira.
El objetivo del pago de la citada estampilla es fortalecer la educación superior de los jóvenes guajiros, lo que se considera como una compensación de la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables del suelo del departamento de La Guajira.
Tabla 1. Inversión en compras y contratos de El Cerrejón
Fuente: Cerrejón
Las gráficas oficiales de la empresa Cerrejón indican que invirtieron en compras y contratos en los años 2017, 2018 y 2019 un valor de tres billones seiscientos noventa y custro mil millones de pesos
La ordenanza 388 “por la cual se compilan y armonizan las normas tributarias del estatuto de rentas departamental” establece para la Estampilla Pro-Universidad en su artículo 306 Hecho Generador y Causación literal e reza lo siguiente:
…
e. Los contratos, adiciones, ordenes de servicios, documentos, o cualquier acto jurídico que realicen las empresas exploradoras, explotadoras y comercializadoras de recursos naturales renovables o no renovables con jurisdicción en el Departamento de La Guajira, diferentes a los de la venta de productos derivados de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
Y en el literal e del articulo 308 estable como Base Gravable el valor del pago del contrato o adición y como tarifa el 2%.
Teniendo como base el estatuto de rentas departamental, El Cerrejón por la inversión que hizo en compras y contratos en los años 2017, 2018 y 2019 debió pagarle al Departamento de La Guajira la cifra de $73.886.300.000 por estampilla Pro-Universidad.
La Secretaria de Hacienda del Departamento de La Guajira certifica que ingresaron por estampillas Pro-U para el 2017 la suma de $5.687.876.093; para el 2018 la suma de $12.083.115.910 y para el 2019 tiene un valor proyectado de $15.000.000.000 dando un total de treinta y tres mil millones de pesos aproximadamente.
A modo de ejercicio, si ese valor que ingresó a las arcas del departamento de La Guajira por estampilla pro-universidad los años 2017, 2018 y 2019 lo haya pagado únicamente la empresa Cerrejón todavía le quedaría restando al departamento más de cuarenta y un mil millones de pesos por las inversiones que hicieron en compras y contratos en este mismo lapso de tiempo.
Propuesta
La ordenanza 388 de 2014, que establece el Estatuto de Rentas departamentales, en su artículo 306 define como hecho generador las compras y contratos de las empresas exploradoras y explotadoras de los recursos renovables y no renovables.
Para Manuel Sierra Deluque, ex Secretario de Hacienda Departamental, el hecho de que Cerrejón no cancele la totalidad del recurso por el valor de la estampilla pro Universidad, radica en que la Administración Departamental, no ha definido una política de auditoria para esa clase de estampillas, porque son las únicas sobre tasas departamentales que gravan las actividades y operaciones en el estadio privado, es decir, es algo nuevo para las administraciones.
En ese sentido, Sierra Deluque considera que el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, podría ordenar auditorias mensuales a las compras y contratos de las empresas privadas en el departamento.
De ser así entonces, la universidad de La Guajira contaría con esos recursos que sobrepasan los 40 mil millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento lo puede invertir para gastos de funcionamiento, que incluirá el pago de docentes que reclaman los salarios correspondientes septiembre, octubre, noviembre y diciembre y las prestaciones sociales del año 2019, así como los meses que van de este 2020.
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