Violencia psicológica y física contra mujeres de zona rural de Riohacha y Dibulla.

Revela estudio de investigación.

Un 36% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica (insultos, juicios, prohibiciones, calificativos negativos, piropos vulgares, y confinamiento), el 24% vivenció al menos un episodio de violencia física (golpes, puñaladas, asesinatos), seguido del 17% que afirma haber sido víctima de violencia económica/patrimonial (daño de materiales de trabajo, restricción económica, robos) y un 5% indica que ha sido sujeto de violencias de carácter sexual (tocamientos, exhibicionismo, acceso carnal violento y abuso sexual a menores), en mujeres de las zonas rurales y semi rurales del Distrito de Riohacha y el municipio de Dibulla en La Guajira, y de las veredas Paz del Caribe y Marquetalia pertenecientes a el municipio de Santa Marta en el Magdalena.

 El resultado es producto de una investigación realizada por el programa de Desarrollo y Paz del Cesar en alianza con Malteser International y la Asociación de Biólogos de la Universidad del Atlántico con el objetivo de documentar la situación de violencia contra las mujeres  en zonas rurales y semi -rurales

La discriminación y la violencia ejercida contra las mujeres, hoy es reconocida no sólo como una grave violación a los Derechos Humanos, sino también como un problema de salud pública, debido a su alta incidencia, la cual tiene consecuencias devastadoras en la salud física, sexual, reproductiva y emocional de las mujeres; Es además un problema de seguridad ciudadana en el que los hogares de las víctimas se convierten en el principal espacio de inseguridad de la población femenina y sus hijos. Así mismo, este problema afecta la producción y el desarrollo de los países porque limita la participación política y comunitaria de las mujeres, baja la productividad de las empresas e instituciones, es causa de deserción y ausentismo escolar, reduce las posibilidades de permanecer estable en el empleo, entre otros. Según el Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Según el Instituto nacional de medicina legal, 138 mujeres rurales fueron asesinadas en el año 2016 en el país y 2.161 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, sin embargo, se estima que el subregistro de casos es alto, pues las brechas de denuncia frente a estas violencias son enormes entre las zonas rurales y urbanas, lo que impide que se tenga una visión objetiva de la realidad de las mujeres en zonas rurales respecto a este tema[1]

Por ello el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en alianza con Malteser Internacional realizó un estudio en los años 2018 y 2019 con el fin de documentar la situación de violencia de género (principales afectaciones y rutas de atención) en zonas rurales. A través de encuestas y grupos focales en las que participaron mujeres de los corregimientos de Juan y Medio y Matitas, de comunidades Wayuu: Alewa Los Monos y Loma Fresca ubicadas en Riohacha, de las veredas Paz del Caribe y Marquetalia pertenecientes a el municipio de Santa Marta, Magdalena y residentes del caserío Campana Nuevo de Dibulla.

Los resultados obtenidos mostraron que un 36% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica (insultos, juicios, prohibiciones, calificativos negativos, piropos vulgares, y confinamiento), el 24% vivenció al menos un episodio de violencia física (golpes, puñaladas, asesinatos), seguido del 17% que afirma haber sido víctima de violencia económica/patrimonial (daño de materiales de trabajo, restricción económica, robos) y un 5% indica que ha sido sujeto de violencias de carácter sexual (tocamientos, exhibicionismo, acceso carnal violento y abuso sexual a menores).

Los relatos recolectados a través de los grupos focales permiten identificar que los lugares donde se presentan frecuentemente las violencias contra las mujeres son: la casa o finca, el estadero (lugar de esparcimiento similar a un bar o discoteca), las calles o vías principales de sus comunidades que recorren cada día, lugares ancestrales y de poca concurrencia como los ríos, el colegio, el parque/ la cancha e incluso la iglesia y el hospital/puesto de salud.

Así mismo, los resultados permiten afirmar que en el periodo comprendido entre 2.000-2.005 los actores que ejercieron en mayor medida violencia contra las mujeres en estos territorios, fueron los actores armados legales e ilegales. En la actualidad, según el 60% de las encuestadas el agresor usualmente es la pareja, el otro 40% indica que los agresores son los hijos, hermanos, vecinos, jefes, compañeros de trabajo, profesores, el líder religioso de la iglesia a la que asisten, médicos y enfermeras.

Las mujeres aseguran que, ante una situación de violencia, la mayoría de las veces intervienen las personas cercanas (vecinas, vecinos, familiares), para evitar la escalada de la violencia, sin embargo, esta medida cada vez es menos frecuente, puesto que, las personas prefieren no interferir porque resultan ser víctimas de amenazas por parte de los agresores.

En otras ocasiones acuden a la seguridad pública – Inspección Policía Nacional – buscando protección, sin embargo, la respuesta se reduce a medidas temporales (horas) de privación de la libertad a los agresores. Para respuestas más efectivas las mujeres deben dirigirse hasta la capital del departamento, para el caso de La Guajira: Riohacha o Santa Marta para el caso del Magdalena y la mayoría de las veces no cuentan con el recurso económico para cubrir los gastos de traslado. Estas acciones motivan la desconfianza y el desinterés por denunciar los hechos violentos y en consecuencia invisibilizan la realidad de las mujeres de estos territorios, respecto a esto una mujer comentó: “Una vez iba caminando y encontré a un vecino vigilando el patio de otra vecina y mientras la observaba se masturbaba, él volteó y me vio y salió corriendo y yo enseguida llamé a la policía, estos llegaron, pero no se lo llevaron, actualmente sigue en el pueblo«.

Lo anterior, demuestra que las violencias ejercidas contra las mujeres no han sido solo hechos propios del conflicto armado interno, sino que se han perpetrado y se siguen perpetrando en los territorios por actores diferentes a los armados y en esferas más íntimas, muchas de estas se han naturalizado y se ocultan tras la cultura machista y las formas de relacionamiento.

Algunas mujeres reconocieron que los gobiernos locales y nacionales han tomado medidas encaminadas a la reparación personal y colectiva de las víctimas del conflicto armado, indican que estas sobre todo han respondido a la indemnización: subsidios de vivienda, de alimentación. Sin embargo, indicaron que las violencias ejercidas contra mujeres en el marco del conflicto sociopolítico, generaron traumas que han dejado secuelas negativas en la salud mental, según sus relatos algunas mujeres han tenido comportamientos psicológicos ligados a la depresión y la ansiedad (sin reporte clínico), otras han desarrollado trastornos psiquiátricos (diagnosticados) pero, la carencia de servicios de salud mental en estas zonas, reducen la oportunidad de tener un tratamiento efectivo.

Estas realidades configuran un nuevo escenario de riesgo puesto que los agresores aprovechan la condición de estas mujeres, para perpetuar actos violentos en su mayoría de tipo sexual y físico. Al respecto una participante comenta: “Tengo una vecina que sufre de afectaciones mentales a raíz del flagelo de la violencia, ella tiene 4 hijas y decidió tomar en adopción a una niña, la cual hace parte de su familia. Las hijas también nacieron con esos (problemas mentales), cuando alguna de ellas comete algún error o hace algo que le disguste a la señora, enseguida las castiga y las maltrata al punto de ocasionar en ellas querer irse de la casa. A raíz de esos maltratos, las niñas han tomado inadecuadas decisiones como por ejemplo siempre están con hombres diferentes y eso las satisface, regresan a su casa y la madre suele golpearlas; se volvieron drogadictas”

El panorama de las zonas rurales antes descrito, solicita la atención inmediata de los diversos actores locales, regionales y nacionales (públicos, privados y civiles), exige el dialogo y unión de esfuerzos para resguardar iniciativas que se encaminen a la garantía de los derechos de las mujeres rurales especialmente el derecho a la vida y el derecho a la salud (física y mental), respaldar los procesos comunitarios liderados por las mujeres, enfocados a la construcción de paz y el desarrollo equitativo de los territorios, fortalecer los protocolos para la atención y prevención de los casos de violencia contra la mujer con énfasis en las zonas rurales, apoyar procesos de reparación y memoria histórica, promover acciones de investigación que documenten y actualicen la situación de violencia de género en los territorios rurales.

Hoy las mujeres rurales decidieron transformar desde sus propias comunidades las historias de dolor que ha dejado el conflicto, y a partir de la comunicación asertiva, las prácticas tradicionales de diálogo, la resolución de conflictos, la respiración y la meditación quieren continuar creyendo que una vida libre de violencias si es posible para ellas.


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