Una sentencia que no se cumple.

Veeduría hace seguimiento a la sentencia T 302 de 2017.

Por: Betty Martínez Fajardo

Pasa el tiempo y el Estado colombiano le sigue vulnerando el derecho al agua, a la alimentación y educación a los niños y niñas wayuu de La Guajira, que fueron amparados por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-302 de 2017.

En la sentencia de manera detallada se especifica los indicadores básicos,  las acciones a considerar y las órdenes puntuales que deben cumplir cada institución involucrada.

Además definen los diferentes objetivos que deben seguir para poder garantizar el derecho a la vida de los niños y niñas, como  aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua;  mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria; aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del gobierno nacional, y formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los wayuu.

Otros de los objetivos tiene que ver con mejorar la movilidad de las comunidades wayuu que residen en zonas rurales dispersas; como mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional.

Además garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas, además de la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu.

Desde el 2017,  poco se ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, los menores wayuu siguen sin esa protección especial que ordenó la Corte Constitucional.

 Seguimiento a la sentencia

Los integrantes de la Veeduría Ciudadana a la sentencia, hicieron llegar al despacho del Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Riohacha, Jhon Rusber Noreña Betancouth, un derecho de petición con la intención de tener información sobre el Plan de Acción que debe realizarse en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017.

Específicamente buscan saber si las entidades accionadas en cabeza de la Presidencia de la República, presentaron el Plan de Acción definido en la sentencia T 302 de 2017 como la construcción conjunta de indicadores, acciones y plazos para el cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el honorable Tribunal otorgó una prorroga inicial para el 12 de julio de 2019 y que posteriormente, tras audiencia del 6 de diciembre de 2019, mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2019, la Presidencia de la República manifestó que estimaba que la fecha de la presentación del plan de acción será el 15 de junio de 2020.

La Veeduría,  explicó que la   información solicitada resulta fundamental en aras de poder hacer un correcto ejercicio de veeduría, que de manera proactiva trabaje de forma coordinada con las entidades accionadas, los organismos de control y el pueblo wayúu, para asegurar que las políticas públicas garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad wayúu y se supere el estado de cosas inconstitucional de La Guajira declarado en la Sentencia T – 302 de 2017.

Lo cierto es que hasta la fecha y a pesar de conocerse la sentencia citada, el departamento de La Guajira aún no cuenta con un plan de acción articulado como resultado del trabajo conjunto de las 24 entidades accionadas, entre ellas la Presidencia de la República, la gobernación de La Guajira, las alcaldías de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, además de varios Ministerios como el de Vivienda, Salud, Educación, Corpoguajira, entre otros.

Para la Veeduría, en el tercer aniversario de la Sentencia se está lejos de garantizar la asistencia alimentaria, programas de soberanía alimentaria, salud de calidad con oportunidad y solución de agua potable para todos, con calidad y continuidad que les permitan a los wayuu acceder a los derechos fundamentales, situación que nuevamente se pone en evidencia durante el confinamiento de la población que ha traído como consecuencia la muerte de nuevos niños wayuu a causa de enfermedades asociadas a la desnutrición.

 “El problema de agua y alimentos dentro de las rancherías se ha hecho más visible con la imposibilidad que tenemos los indígenas de salir a comercializar las mochilas que nos dan el sustento diario, por eso, hoy cuando llegan las ayudas humanitarias (1 caja por familia) no es suficiente para calmar el hambre de las familias, ya que con el mercado suministrado  sólo alcanza a comer  una familia de 4 integrantes durante 3 días y  hoy ya completamos más de 40 días de encierro y no hemos recibido nada más, es muy triste ver a los niños llorando por hambre”,  expresó Sonia Iguaran,  líder de la  Alta Guajira..

Los miembros de la Veeduría, aseguran que el estado de cosas inconstitucional continúa inamovible y no se han abierto procesos disciplinarios, ni se ponen en marcha estrategias más vinculantes por parte de las entidades de control.

Además reconocen  que la  sentencia que determina 210 órdenes estructurales a las instituciones accionadas, le impone retos de gran magnitud al Estado social de derecho y al ejercicio de la democracia.

Como también que las entidades a nivel nacional y regional han hecho esfuerzos para cumplirlas, pero esas acciones deben ser articuladas, toda vez que la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira requiere de un trabajo conjunto, dejando de lado los prejuicios y entender que más allá de una sentencia, un mandato constitucional, un presupuesto nacional o un plan de acción conjunto, se trata de la vida de los niños y niñas y la posible extinción de una etnia.

“La sentencia T-302 de 2017 es una oportunidad para La Guajira, es un obligado punto de encuentro entre la región y la nación para propiciar condiciones de desarrollo económico y social en el territorio.  Para el próximo cumpleaños se espera que se puedan evidenciar y celebrar avances en la superación del estado de cosas inconstitucional, con   un gobierno capaz de generar acciones conjuntas a nivel nacional y regional, ejecutadas de la mano de un diálogo genuino con las comunidades, en aras de garantizar los derechos fundamentales y la pervivencia de la etnia wayuu”, dice la Veeduría.

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