Fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira ordena la culminación del proyecto multipropósito del Ranchería antes del 2025.

Un proyecto que no cumple con sus propósitos

Represa del río Ranchería – Foto: Betty Martínez Fajardo.

Por: Betty Martínez Fajardo

La decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira al contestar una acción popular interpuesta por los Procuradores Agrario y Administrativo,  donde protege  los derechos e intereses colectivos de las comunidades de nueve municipios que siguen sin gozar del servicio de agua y a los agricultores para irrigar ocho mil hectáreas de tierra,  dejó en evidencia la negligencia del gobierno nacional a través de la Agencia de Desarrollo Rural al no culminar el proyecto multipropósito del río Ranchería,

En esta acción conjunta entre el Procurador 12 Judicial II Agraria y Ambiental, Cesar Valencia Villamizar ,  y Procurador 91 Judicial I Para Asuntos Administrativos de Riohacha, Edwin José López Fuentes,  se busca que el Gobierno nacional, el departamento y 9 municipios terminen las obras de la represa del cercado o del ranchería, en especial, la construcción del acueducto sub regional para que los 9 acueductos de los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, y Uribía, se conecten al embalse de la Represa.

La decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira es relevante, desde el punto de vista social y económico, como quiera que pone de presente la ausencia de protección, entre otros derechos, de la defensa del patrimonio público por parte del gobierno nacional y locales, toda vez  que después de haberse realizado una inversión tan cuantiosa de más de $800.000 millones de pesos, el proyecto no se ha culminado en su totalidad.

El fundamento de la decisión tiene que ver con la crisis de agua por la que atraviesa el Departamento de la Guajira, y especialmente los municipios de Manaure, Uribia y Maicao, lo cual es de conocimiento público, y ha sido abordado en reiteradas sentencias de la Corte Constitucional como fue la histórica sentencia T-302/17, reiterada en la T-359/18, y en la T-216/19, que declara el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.

Se precisa que la acción popular hace parte de una lucha emprendida desde 2017 y que inicialmente, conllevó a la expedición de la  Sentencia T-216/19 que reitera la T-302/17, cuyo accionante fue también la Procuraduría General de la Nación por intermedio del Procurador 91 Judicial de Riohacha, que buscaba, asimismo, la culminación de la Fase II del proyecto multipropósito del Río Ranchería en el componente del Acueducto Regional, en virtud a que la omisión estatal había vulnerado y continuaba vulnerando los derechos fundamentales al agua potable de las comunidades indígenas wayuu.

En este sentido, se expuso en la demanda de acción popular, que resultaba un contrasentido, que si en esas providencias se le imponía al Estado Colombiano buscar una solución coordinada al tema del agua potable para las  comunidades citadas,  y teniendo a la mano una posible solución, como lo es el proyecto estratégico multipropósito del Rio Ranchería, al cual se le han invertido cuantiosos recursos públicos, planificado desde hace mucho tiempo y, que ha hecho parte desde hace 52 años del discurso y de las promesas de dirigentes guajiros y regionales que guiaron la suerte del departamento en este medio siglo, aun no se hubiese terminado.

Edwin López- Procurador Judicial Administrativo.

DECISIÓN.

 El Tribunal Administrativo de La Guajira protege los derechos e intereses colectivos invocados, entre ellos la defensa del patrimonio público, vulnerados por el Agencia de Desarrollo Rural a quien  ordena acreditar dentro del término de 6 meses el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas en virtud de la licencia ambiental otorgada por CORPOGUAJIRA, a través de la Resolución 3158/05, así como allegar al expediente pruebas del cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas en el documento CONPES 3926/18, es  decir, concluir el proyecto multipropósito Rio Ranchería como máximo en el año 2025.

Además de  continuar con la evaluación, control y seguimiento sobre las actividades que debe realizar la Agencia de Desarrollo Rural,  en virtud de la licencia ambiental y con el proceso administrativo sancionatorio ambiental tendiente a dilucidar su grado de responsabilidad, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la misma la  sentencia.

El Tribunal, dispuso la conformación de un Comité de verificación integrado por la magistrada Ponente, la parte accionante, la Agencia de Desarrollo Rural, Corpoguajira, el Departamento de La Guajira, los 9 Municipios beneficiados, y la Defensoría del Pueblo para que se encarguen de comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el fallo, se suscriba el respectivo informe bimensualmente y se remita con destino al proceso.

Otras consideraciones

 El Tribunal encontró que en virtud de la omisión del Agencia de Desarrollo Rural  (antes INCODER) en no haber efectuado los trámites pertinentes para lograr la ejecución de la segunda etapa del proyecto Rio Ranchería, se vulneraron los derechos invocados por los Procuradores Judiciales

En concreto, frente al derecho a la defensa del patrimonio público el Tribunal señala que no era de recibo que la Agencia de Desarrollo Rural, una vez suscrita el acta de entrega en noviembre/16 y recibido el proyecto para continuar la ejecución de la fase II del proyecto, haya dejado trascurrir tanto tiempo, sin que a la fecha acredite la inversión y ejecución efectiva de recurso alguno, tendiente a su iniciación.

Además,  porque no obstante haberse referido al CONPES 3926/18, no se encontraba  en el expediente, prueba alguna cuya finalidad sea la de su acatamiento, es decir  la creación de la hoja de ruta y su presentación al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su aprobación, para que a su vez en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, asegurarán los recursos financieros requeridos para su implementación, lo cual, según se desprende del mismo CONPES, debe ser finalizado como máximo en el año 2025.

En cuanto a los demás intereses señaló el Tribunal,  en relación con la preservación y restauración del medio ambiente que pese a que la ADR afirma haber evidenciado acciones no allegó prueba que así lo demuestre; asimismo, que la Corporación Autónoma ha sido pasiva, pues no obstante haber dado apertura al proceso sancionatorio en contra de la mencionada Agencia, no ha avanzado con el mismo.

En ese mismo sentido,  respecto al derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, concluye que si el proyecto no logra su finalización en el año 2025, podría convertirse en foco de contaminación que puede afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad con influencia en el área del proyecto.

Se refiere también al derecho de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, recuerda  la crisis permanente en que se encuentra el departamento por la falta de prestación del servicio de agua de manera eficiente y oportuna, lo cual ha originado importantes pronunciamientos como la T-302/17, a través de la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional.

En síntesis, señala el Tribunal  que contando el Departamento con la primera etapa del proyecto finalizada y con una reserva de agua considerable, no se adopten las medidas necesarias y contundentes para lograr la realización del 100% de la segunda etapa y la culminación del mismo en su integridad, para lograr obtener los beneficios para el cual fue diseñado, entre otros, la dotación de agua para los acueductos de los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.

Represa del Ranchería

En el mes de noviembre del 2010,  se inauguró la primera fase del proyecto del distrito de  riego del río Ranchería que incluyo la presa El Cercado, sus obras anexas como el rebosadero, túneles de desvío, toma y estructura, además de las conducciones principales a las áreas de los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar.

Esta primera fase del proyecto costó 650.209 millones de pesos, y hoy su única función es regular el río, porque no se ha construido su segunda fase que tiene que ver con el acueducto regional para llevar agua a comunidades de nueve municipios, como tampoco los distritos de riego ni la central hidroeléctrica.

Cabe recordar también, un informe de la Contraloría General de la República del 2017, donde explicaron que es clave construir la segunda fase de la obra porque “permitiría democratizar el uso del agua en la medida que actualmente solo puede ser aprovechada por los predios colindantes al río”.

En el citado informe, el ente de control advirtió sobre unos mayores costos de los que estaban proyectados, por ejemplo para el mantenimiento de la represa Incoder firmó un contrato en el año 2015 con el consorcio Etha, por valor de 10.174 millones de pesos el cual prorrogado ocho veces.


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