La historia de una tutela contra el Presidente de la República sobre la presencia de militares de Estados Unidos en La Guajira.

Soldados de Estados Unidos en Colombia. Foto, cortesía Periódico «Lo que pasa En» Bucaramanga y Colombia

Por: Betty Martínez Fajardo

Para evitar un macabro escenario multinacional de enfrentamientos armados en la zona fronteriza de La Guajira por la presencia de tropas de los Estados Unidos en Colombia, el abogado Armando Pérez Araujo, tutelo los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la integralidad territorial del pueblo wayuu, ante el Juez Único de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha, contra el Presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Y en medio de tremenda discusión nacional, alrededor del ingreso o tránsito de tropas norteamericanas en territorio colombiano, en La Guajira, Jueces y Magistrados evitan fallo de tutela que podría haber impedido el peligro que constituye para todos los guajiros la probabilidad de una confrontación militar con Venezuela, provocada por decisiones del gobierno estadounidense y admitidas por el colombiano.

Armando Pérez Araújo – abogado.

La historia es la siguiente: El abogado Armando Pérez Araújo promovió hace un mes aproximadamente una Acción de Tutela, cuya primera instancia le correspondió al Juez Único de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha.

La pretensión del abogado era acudir al sistema judicial para cuestionar el rifirrafe entre Maduro y Duque, agravado por la visible intervención del presidente colombiano en asuntos internos de Venezuela.

Concretamente el jurista solicitó en su petición que «..una vez sean verificadas y declaradas las amenazas a la vida, la integridad personal, la salud, la integralidad territorial del pueblo wayuu y otros derechos fundamentales de los habitantes de la Guajira que precisaré en esta solicitud, se ordene revocar, modificar o cancelar cualquier autorización a las Fuerzas Militares de Colombia, en el evento de que se haya producido, tendiente a apoyar, estimular, facilitar o practicar en la frontera colombo venezolana de La Guajira, cualquier ejercicio militar norteamericano o de otro país extranjero que amenace o ponga en peligro los derechos fundamentales.»

En la sustentación de la solicitud de amparo constitucional, Pérez Araújo añadió una serie de argumentos relacionados con lo que constituían sus temores para inferir que algunas comunidades de La Guajira podrían tener amenazadas la vida y otros derechos fundamentales.

Entre otros argumentos expresó los siguientes: «Recientemente en una publicación que difundía una entrevista televisada a un militar de alto rango del gobierno de Estados Unidos, se decía que habría ejercicios militares y otras actividades, como brigadas de salud y entrega de mercaditos, en compañía de las fuerzas armadas colombianas en cinco sitios concretos del territorio colombiano pertenecientes al pueblo wayuu: Carrizal, Porcina, Jojoncito, Tres Bocas y Los Guajiros. Llovieron críticas de la ciudadanía en ese entonces, pero no hubo rectificaciones ni desautorizaciones por parte del ejecutivo colombiano. También los franceses e italianos reconocen ser aliados de los norteamericanos en esa aventura militar suramericana. Los chinos y rusos, de una u otra manera, advierten que respaldarán al presidente Maduro.

En algún momento los rusos le enviaron al presidente Duque una dura amenaza. Maduro, o sus inmediatos colaboradores, frecuentemente y hasta de manera grosera anuncian que si los norteamericanos llegasen a atacar o tocarles un pelo a ellos, así lo advierten, inmediatamente ellos, los venezolanos, dispararán contra sitios estratégicos de Colombia, realizando una arremetida brutal de total arrasamiento y exterminio, que han denominado FURIA BOLIVARIANA. Significa lo anterior que la susodicha amenaza lleva implícito el mensaje de que esos bombardeos o como se llamen, irían principalmente dirigidos contra objetivos de nuestro país a manera de castigo del entremetimiento de nuestro gobernante en los asuntos internos del país vecino. Este el contexto que de manera pública y notoria que se percibe en La Guajira y muy particularmente en los parámetros geopolíticos de la frontera.»

La tesis del Juez para negar en primera instancia la Acción de Tutela impetrada fue textualmente la siguiente: «La tesis que adopta el despacho es que la acción constitucional de tutela debe ser declarada improcedente por evidenciarse falta de legitimación en la causa por activa al no acreditarse la calidad de agente oficioso del actor, y por tener como sustento de la presunta vulneración de derechos constitucionales, suposiciones sobre hechos futuros e inciertos».

La anterior postura fue cuestionada por el abogado en la impugnación que fue estudiada y resuelta por el Magistrado de la Sala del tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha Jaime Antonio Movil Melo, quien en providencia del pasado 27 de mayo modificó la sentencia impugnada en algunos aspectos, por ejemplo, reconoció que Pérez Araújo, sí podía actuar como Agente Oficioso, pero la negó aduciendo, básicamente, porque se trataba de derechos e intereses colectivos y por tanto que la vía legal para proteger esos derechos son la Acciones Populares y no la Acción de Tutela.

Consultado el doctor Armando Pérez Araújo al respecto ha dicho que lamenta que los Jueces y Magistrados de La Guajira coincidan en negar una protección al Derecho a la Vida de personas que no pueden ni se saben defender frente a una situación de inminente peligro, como sería una eventual confrontación militar internacional de impredecibles proporciones, en territorio indígena fronterizo con el argumento errado de que por tratarse de que son miles personas las que estarían expuestas a perder la vida en una guerra ajena e ilegal, estaríamos frente a una situación de intereses o derechos colectivos y no de Derechos Fundamentales.

Paralelamente un número importante de Congresistas colombianos han entablado una fuerte discusión con el Presidente Duque y el Ministro de Defensa Holmes Trujillo, porque de acuerdo a la Constitución, según dicen los senadores, el Presidente, mientras no esté en receso el Senado de la República, debe solicitarle permiso a éste para autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

El gobierno dice que no porque los norteamericanos no harían tránsito, es decir, pasar de un lado para otro, sino que se quedarían en un solo lugar del territorio colombiano. Esa tesis ha sido considerada por expertos juristas como José Gregorio Hernández como un adefesio constitucional.

Consideraciones de la Sala

En un extenso documento, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Guajira, a través del magistrado ponente Jaime Antonio Móvil Melo, confirmó la sentencia en apelación que fue emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha.

El Magistrado, explicó que el accionante, se encuentra legitimado para presentar la acción de tutela en su nombre, atendiendo que lo que se pretende es que se tomen medidas urgentes debido al conflicto que se vive entre los Estados Unidos y Venezuela, que pueden tener repercusiones militares serias en la zona fronteriza donde éste reside.

 Dice  que el accionante de igual forma advierte que acude en representación de los niños de la población wayuu, quienes serían los primeros afectados ante una eventual confrontación militar entre Estados Unidos y Venezuela.

Argumentó que  tratándose de la defensa de los derechos de los niños, tiene un fundamento constitucional expreso cuando se autoriza a cualquier persona para exigir de la autoridad competente la protección o el ejercicio pleno de tales derechos. Lo anterior, porque la Constitución Política reconoce la indefensión de aquéllos y la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás.

Por ese motivo, en dichos eventos no impera con igual rigor la exigencia en el cumplimiento de los requisitos establecidos, pues no se impone la obligación de manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa.

En consecuencia, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños, “la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve”1. Por lo que en consecuencia, el accionante, se encuentra legitimado para presentar la presente acción de tutela, atendiendo que lo que se pretende es el amparo al derecho fundamental a la vida de los niños wayuu que viven en la zona fronteriza con Venezuela.

Sigue explicando el Magistrado, que la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia ha indicado que la acción de tutela no es procedente para proteger derechos colectivos, que no es la vía idónea para el efecto, pues para ello existen las acciones populares consagradas en el artículo 88 Constitución Nacional. No obstante, dicha Corporación ha precisado que si la afectación de un interés colectivo implica a la par la vulneración o la amenaza de un derecho fundamental del peticionario, la acción de tutela sí procede y prevalece sobre las acciones populares.

Al aplicar los anteriores criterios al presente asunto, se observa que de conformidad con el numeral 3ro de la sentencia constitucional en referencia, los argumentos plasmados por el impugnante son meramente subjetivos e hipotéticos, respecto a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

Además de ello no se aporta prueba siquiera mínima que permita concluir que la afectación es real, individualizando alguna violación específica.

Precisa el Magistrado, que como se puede observar el demandante pretende que a través del ejercicio de la acción de tutela se proteja derechos de las comunidades asentadas en la frontera colombo venezolana, el cual son de naturaleza colectiva, ello no deviene posible si no hay individualización de violaciones, pues el quebrantamiento comunitario no personalizado puede hallar expedita solución a través de la acción popular o de grupo.

 En todo caso, de considerar que aún se vienen vulnerando los derechos como grupo indígena de la comunidad wayuu, pueden acudir a la otra figura constitucional regulada por el Decreto 472 de 1998 denominada acción Popular.

“Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.” Y como quiera que el accionante pretende que se protejan una diversidad de derechos de la comunidad wayuu; es decir derechos de una colectividad, no debió acudir a la acción de tutela, sino directamente a la protección de los derechos de su comunidad por intermedio de una acción popular, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

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