Así se movió el Ocad del departamento de La Guajira 2012-2019: muchos recursos, poco impacto.

Por: Danna Rodríguez Lechuga (Investigadora Regional para Crudo Transparente)

Los recursos recaudados por concepto de regalías son destinados al financiamiento de proyectos que procuren el desarrollo social, económico y ambiental de los diferentes territorios; dichos proyectos son evaluados y aprobados por medio de Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), constituidos por los entes locales y representantes de estancias nacionales. 

El Sistema General de Regalías (SGR) ha aportado recursos significativos en las diferentes entidades, sin embargo, ha presentado problemas estructurales como las deficiencias en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, que no han permitido la correcta ejecución de los recursos y por ende se ha impedido un mayor crecimiento en las regiones. Por lo cual, se ha discutido la pertinencia y eficiencia de los OCADS, pues estos evidencian debilidades técnicas y administrativas que disminuyen su capacidad de gestión en la adecuada formulación de los proyectos.

Ante ese planteamiento Crudo Transparente ha resuelto realizar un análisis de seguimiento sobre el desempeño del OCAD departamental, escogiendo el correspondiente a La Guajira para dicho objetivo, teniendo en cuenta que este territorio fue el de mayor aprobación en recursos y proyectos en toda la región Caribe. En este sentido este documento presentará los proyectos, sectores y recursos asignados y ejecutados en el periodo 2012 al 2019.

RECURSOS, PROYECTOS Y SECTORES

El OCAD departamental de La Guajira, fue el que más recursos recibió vía Sistema General de Regalías (SGR) en la región Caribe para el periodo 2012 2019. Este órgano colegiado de administración y decisión aprobó un total de 126 proyectos por un valor total de $869,416,358,912.54 de pesos. La gran mayoría de los proyectos (72) fueron ejecutados por el departamento de La Guajira, 48 fueron ejecutados por municipios y los síes (6) restantes por la Corporación Autónoma Regional De La Guajira (CORPOGUAJIRA), el Instituto Departamental De Deportes De La Guajira (IDDG) y el Fondo Nacional De Vivienda (FONVIVIENDA).

Cuadro 1. No. Proyectos Aprobados Por Año

Cuadro 2. Estado General De Los Proyectos (Cifras en Pesos colombianos)

En general, se presenta un balance positivo en el desarrollo de los proyectos, sin embargo, más adelante se mostrará que la observación de los detalles dice todo lo contrario. El 67 % están terminados o en proceso de ejecución, representan más de la mitad de los recursos aprobados.

Sin contratar hay diez; nueve se aprobaron entre agosto y noviembre de 2019 en los sectores de transporte (3), planeación (3), agua potable y saneamiento básico (2) y vivienda (1), mientras que el proyecto “Reconstrucción de las vías en pavimento rígido de 3500 psi en zona urbana del municipio de Manaure, la guajira”, que fue aprobado el 15 de noviembre 2018, si presenta retrasos mayores a 12 meses para ser contratado.

Otros doce proyectos resultaron desaprobados, es decir, se liberó el total de sus recursos para la inversión en nuevos proyectos [2]. Resulta preocupante que el 38 % de los recursos aprobados han sido destinados al cumplimiento de compromisos adquiridos en vigencias pasadas inflexibilidades, principalmente, destinadas a reestructuración de pasivos, servicio de deuda, saneamiento fiscal y financiero, y por otra parte al Plan Vial y al Plan Departamental de Agua.

Estas Inflexibilidades corresponden a obligaciones adquiridas por las entidades territoriales con anterioridad a la vigencia fiscal 2011, antes de entrar en vigencia el SGR en 2012 que reemplazó el sistema de transferencias anterior.

Gráfico 1. Avance Físico de los Proyectos 2012-2019

 Gráfico 2. Avance Financiero de los Proyectos 2012-2019

Las inflexibilidades (19) no resultan útiles para evaluar la ejecución, ya que son obligaciones financieras de las que no se registran avances ni plazos de ejecución, por lo cual se revisa el avance con un total de 107 proyectos. Para facilitar la comprensión, se ha clasificado los rangos de avance en tres niveles; total para el 100 %, intermedio para el rango desde 50 % hasta 99% y bajo para menos del 50%. En cuanto al avance físico, 33,64 % están en un nivel de avance alto; 14,95 % en nivel intermedio, y 51,4 % en bajo. En cuanto al avance financiero, el 22,43 % presentan un nivel alto, 38,32 % en nivel intermedio, y los 39,35 % restantes en nivel bajo.

La aprobación de más de 20 proyectos en 2019, en parte, puede explicar la baja ejecución, sin embargo, es notorio que existen muchos incumplimientos en los plazos de ejecución.

Dos aspectos merecen especial atención. El primero, es que existe una sistematicidad en el aplazamiento de las fechas de inicio y final de ejecución de los proyectos. El segundo, que 13 proyectos que tenían programado finalizar a más tardar en diciembre de 2019, aún presentan un nivel bajo de avance físico, incluso algunos presentan un avance nulo. La gran mayoría de estos problemas se encuentran en el sector transporte (vías).

Análisis por Sectores

Más del 60 % de los recursos aprobados por el OCAD departamental de La Guajira se concentran en las inflexibilidades (37,65 %) y el sector transporte (25 %).

Los recursos que se destinan inflexibilidades, es decir, a cubrir obligaciones financieras –deudas- adquiridas antes de 2011, no cumplen con el objetivo de política pública del SGR. Una pequeña proporción (11,5 %) se destinan a compromisos con un Plan de Vías y un Plan Departamental de Aguas.

El sector transporte concentra la cuarta parte de los recursos, que van dirigidos fundamentalmente la construcción de infraestructura vial en la red urbana y la red terciaria. Le siguen en asignación de recursos los sectores de agua potable y saneamiento básico, ambiente y desarrollo sostenible y educación con cerca del 7 % cada uno. En salud y protección social solo se aprobó un proyecto que apropia 4 % de los recursos.

Los demás sectores (9) suman entre todos el 13 % de los recursos asignados a cerca del 30 % de proyectos aprobados, igual proporción de proyectos asignados al sector transporte.

Gráfico 3. Distribución de Recursos por Sector

Cuadro 3. Distribución de Proyectos y Recursos por Sector

(Cifras en Pesos colombianos)

Agricultura y Desarrollo Rural

Para este sector se aprobaron ocho (8) proyectos con recursos del orden de $18,686,616,714 de pesos (2 %). Estos se encuentran en ejecución o terminados. Dos (2) fueron desaprobados. Preocupa uno proyecto que presenta 57 % de avance físico a pesar de registrar fecha de finalización en 2015.

Agua Potable y Saneamiento Básico

Para el sector de agua potable y saneamiento básico se priorizaron trece (13) proyectos, con una asignación de $61,672,995,503 de pesos (7 %). Casi todos los proyectos se destinaron al subsector de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamientos. Dos (2) proyectos están sin contratar (aprobados en 2019), el resto está terminado o en ejecución.  

Ambiente y Desarrollo Sostenible

En el sector de ambiente y desarrollo sostenible se aprobaron un total de diez (10) proyectos con una asignación total de $59,003,032,751 de pesos (6,79 %). Casi todos los proyectos se aprobaron durante las vigencias 2018 y 2019. Uno de los proyectos fue desaprobado (2015), los demás se encuentran terminados o en ejecución.

Ciencia, Tecnología e Innovación

Un (1) proyecto fue priorizado para este sector, la asignación para este fue de $21,885,714,399 de pesos (2,52 %), y su avance físico y financiero es de 100 %.

Comercio, Industria y Turismo

Para el sector se asignaron $14,705,328,938 de pesos, que representan menos del 2 % del total de los recursos. Dos proyectos se encuentran en ejecución, uno terminado y uno se desaprobó. Dos proyectos, a pesar de aprobarse en 2012 y 2015, aún presentan, respectivamente, 56 % y 27 % de avance físico.

Deporte y Recreación

Este sector presenta seis (6) proyectos priorizados, de los cuales dos (2) fueron desaprobados, uno está en ejecución (49 % de avance físico) y los demás presentan avances físicos y financieros de 100 %. Se asignaron $8,598,496,087 de pesos, es decir, el 1 % de los recursos totales.

Educación

Se asignaron un total de recursos $54,199,258,606 de pesos (6,23 %). Solamente un proyecto se destinó para el acceso y permanencia en el sistema de educación superior, los demás se priorizaron para el subsector de preescolar y básica y media, específicamente para construcción o adecuación de infraestructura. Un proyecto fue desaprobado, los demás presentan avance físico del 100 %.

Inclusión Social y Reconciliación

Para este sector se aprobaron dos (2) proyectos que finalmente fueron desaprobados. Iban destinados a la atención de la población indígena y a la infraestructura social y comunitaria, con una asignación total de $1,172,207,216 de pesos, menos del 1 % del total de los recursos. Ambos tenían un enfoque diferencial, uno para población indígena y otro para la población afrocolombiana.

Minas y Energía

Para este sector se priorizó el proyecto de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión para el corregimiento de San Pedro y vereda Las Delicias del municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe. Se aprobó en 2015 y ya fue terminado; se asignaron $2,199,049,905 de pesos (0,25 %).

Planeación

En este se aprobaron diez (10) proyectos, con una asignación presupuestal de $25,983,959,350 de pesos (3 %). Los proyectos se ejecutaron en construcciones, mejoramientos, estudios de caracterización, entre otros. Tres proyectos están actualmente sin contratar, tres en ejecución y el resto terminados. Resulta llamativo que, de los diez proyectos, siete (75 %) se hayan destinado a construcciones y remodelación de plazas y parques; uno se destinó a estudios de caracterización del parque automotor; otro a fortalecimiento institucional, y uno más a recuperación de espacio público en Riohacha. Este último fue aprobado en el año 2012 y, según los registros del GESPROY, presenta 100 % de avance financiero, pero apenas 38 % de avance físico, Su inversión total fue de cerca de seis mil millones de pesos y su ejecución se programó para un plazo de diez meses.

El otro proyecto que no ha cumplido los plazos es el de la construcción y remodelación de parques en los municipios de Buenavista y Chorrera, pues debió terminar su ejecución en diciembre de 2019 y aún presenta 17 % de avance físico. Compromete cinco mil millones de pesos.

Salud y Protección Social

El único proyecto aprobado fue encaminado a el desarrollo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en familias en condiciones de pobreza extrema del departamento de La Guajira. Este proyecto compromete el 4 % de los recursos aprobados ($35,260,446,267 de pesos). A pesar de haber sido aprobado en 2012 aún presenta 57 % de avance físico.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El proyecto de fortalecimiento de la cultura digital para el acceso, uso y apropiación de TIC y CTEL de los estudiantes y la comunidad del departamento de La Guajira, se priorizó para el sector de las TIC´s, apropiando 2 % de los recursos, es decir, $16,411,831,200 de pesos. Se encuentra en ejecución a pesar que debió finalizarse en 2019.

Transporte

El sector transporte se encuentra en primer lugar con un total de 42 proyectos aprobados (33 %) y una asignación total de $218,176,141,934 de pesos (25 %). Todos los proyectos de este sector se orientaron a la construcción, pavimentación o mejoramiento de vías en el departamento, tanto en la red vial urbana como en la red vial secundaria y terciaria. En este sector es en donde la mayor parte de los municipios figuran como entidades ejecutoras. También es el que presenta mayores aplazamientos en la ejecución, nueve presentan avance físico de menos del 60 % cumplidas sus fechas de finalización.

Vivienda

Dos proyectos se aprobaron, uno está sin contratar y el otro está en fase de ejecución. Su asignación fue de $4,143,594,999 de pesos, que representa medio punto porcentual del total de los recursos aprobados. Aún no supera la fecha de finalización.

Pertinencia en la Distribución Sectorial

La Guajira es el quinto departamento que más recursos recibe por concepto de regalías [3]. La rentable actividad económica extractivista y las regalías que recibe de esta, suponen progreso económico y social; sin embargo, después de cuatro décadas es el cuarto más pobre del país, según la Incidencia de la pobreza multidimensional 2018 (51,4 %), después de Guainía, Vaupés y Vichada; dobla la media nacional (19,6 %) y es mayor cuando se observa la incidencia para área rural que llega a 72,5 % [4].

Por otra parte, en 2018, la cobertura de agua potable apenas llegó al 46,56 %, la de electricidad a 60,66 % y el la de gas a 40,37 %. Solo el 11 % del territorio tiene acceso a internet [5]. Todavía está lejos de la universalidad en el sistema de educación, apenas llega al 77,66 % de cobertura neta en 2018 [6]. En 2017 la tasa de mortalidad infantil en menores de un año fue la quinta más alta del país [7].

Resulta inexplicable observar que La Guajira aún se encuentre dramáticamente rezagada en materia de saneamiento básico e indicadores sociales. Es evidente que la pertinencia de la inversión no es un criterio definitorio para la priorización de proyectos en el OCAD departamental, pues el 25 % de los recursos se fueron a la construcción de vías y solo el 18 % a saneamiento básico, educación y salud.

Aún más preocupante es que cerca del 37 % de los recursos recibidos vía SGR, se diluyen en el pago de obligaciones de deuda inflexibilidades y un Plan Departamental de Aguas aprobado en 2013 y que hoy no soluciona la cobertura de agua potable en el departamento.

El objetivo de política pública del SGR está cumpliendo su propósito de redistribución de los recursos, corrigió la inequidad entre los entes territoriales. Sin embargo, persisten problemas de diseño institucional que no garantizan la orientación de las regalías hacia objetivos estratégicos en los proyectos aprobados por el OCAD. No existen instrumentos de jerarquización o priorización de las inversiones que permitan focalizar los proyectos en los sectores que más necesidad revisten; es decir, evitar la dispersión que pone en riesgo los objetivos de equidad y de eficiencia del SGR. Tampoco se contemplan mecanismos de monitoreo y sistemas de incentivos para vigilar y evitar la ineficiencia del gasto de las regalías.

El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), se utiliza para medir los niveles de concentración en los mercados. En este caso, se utiliza para medir los niveles de concentración de las regalías por sectores y, por consiguiente, medir su dispersión. Para ello, se establecen unos niveles de dispersión (alto, moderado y bajo). Dicho de otra manera, cuanto mayor es el IHH (mayor concentración) hay menor dispersión de los recursos entre los sectores y viceversa.Los OCAD departamentales presentan un alto nivel de dispersión y el mayor entre los tipos de OCAD entre 2012 y 2016 [8].

La ley 1530 de 2012 estableció criterios de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación con los planes y políticas locales y nacionales, que deben tener en cuenta los miembros de los OCAD para la priorización de proyectos. Para fortalecer estos criterios se creó el Sistema de Evaluación por Puntaje (SEP) en 2014, que establece un sistema de puntajes en el que utiliza como elementos de evaluación el cierre de brechas, la magnitud del proyecto, el impacto territorial, la concurrencia, entre otros; lo hace de acuerdo a los criterios de relevancia, objetividad y consistencia con el fin de mejorar el proceso de selección, evaluación, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos en los OCAD. Así, el SEP exige a las entidades territoriales que prioricen 5 sectores de acuerdo a los planes de desarrollo, aunque no es vinculante. Según el IHH, el SEP tuvo un impacto positivo reduciendo la dispersión para el periodo 2016-2017, cuando entró en funcionamiento, en comparación con el periodo 2012 2015.

A pesar de ello, el problema persiste para los OCAD departamentales, la dispersión apenas logró pasar de nivel alto a moderado, mientras que en los OCAD regionales el impacto fue determinante y los ubicó en un nivel de dispersión bajo [9].

CORRUPCIÓN Y PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Además de solucionar los problemas de equidad e ineficiencia en la asignación y ejecución de los proyectos financiados con recurso del SGR, la creación de los OCAD también obedece al propósito de cumplir el principio del Buen Gobierno, compartiendo las decisiones y articulando entre los distintos niveles de gobierno nacional y local o lo que se denomina el Triángulo de Buen Gobierno del OCAD.

En el proceso de viabilización y aprobación de los proyectos del OCAD departamental participan los entes locales y nacionales en las mesas técnicas, que es la que arroja los resultados de los que depende la decisión final. Las sesiones formales del OCAD prácticamente ofician de requisito formal, pues previamente se realiza una práctica conocida como pre-OCAD, que tiene el visto bueno del gobierno nacional.

Estas prácticas no regladas se constituyen como instituciones informales en las que se definen aspectos determinantes de los proyectos y se coordinan los votos de la próxima sesión formal. En estos la normatividad es ambigua, no hay límites claros.

Lo anterior, no tendría problema de no ser porque en la práctica los representantes nacionales y las mesas técnicas normalmente no participan, y los alcaldes municipales son informados, pero no tienen mayor poder de discusión en estos pre-OCAD; se entrega mayor discrecionalidad al gobernador, lo que atenta contra el Triángulo del Buen Gobierno y pone en riesgo la transparencia del proceso.

Vale la pena resaltar que en los OCAD departamentales es en donde más se presentan aprobación de proyectos con al menos un voto negativo, prácticamente se aprueban por unanimidad. El OCAD de La Guajira es el que más proyectos (47) se aprueban con al menos un voto negativo [10].

En el funcionamiento del OCAD departamental existen una serie de arreglos institucionales, tanto formales como informales, que evidencian una brecha entre la dinámica ideada por la normatividad que regula el funcionamiento de estos órganos y lo que realmente sucede en la praxis.

En los procesos de contratación también se presentan dinámicas que ponen en riesgo la transparencia de la misma, de la futura ejecución y del mismo OCAD.

De los 126 proyectos aprobados por el OCAD departamental de La Guajira entre 2012 y 2018, 25 aún se registran inconclusos a diciembre de 2019.

Algunos casos son demasiado graves: cuatro aprobados en 2012 y que registran fecha de finalización en 2015. Estos 25 que no están totalmente ejecutados y tienen los plazos de ejecución vencidos, representan el 20 % del total de proyectos y el 21 % de los recursos aprobados por el OCAD departamental entre 2012 y 2018.

La mayoría de los proyectos presentan avances de apenas 50 % de ejecución, pero todavía 4 tienen menos de 30 % de ejecución, a pesar de aprobarse en 2015 con plazo hasta 2017 y prorrogado hasta 2019.

Adicionalmente, hay uno aprobado en 2018 por valor de más de 10 mil millones de pesos que se encuentra sin contratar. De los últimos 5 mencionados, cuatro son construcciones de vías. Exceptuando las inflexibilidades, los proyectos aprobados en 2019 y los que aún no han superado la fecha programada de ejecución, es decir, hablamos de 78, de los cuales el 43,6 % se encuentran terminados. Una ejecución muy baja.

Por otra parte, los procesos de contratación en La Guajira no son ajenos a las dinámicas de contratación pública en Colombia. A pesar de que la mayor parte de la contratación (77,2 %) se realiza por las modalidades de concurso público que establece la ley, el 92 % de esos concursos se realizan con un único oferente y el restante 8 % con dos oferentes.

La situación es más grave si se evidencia que al sumar la contratación directa casi la totalidad de los recursos de contratan a dedo [11].Esta ausencia de pluralidad de oferentes representa un enorme riesgo de corrupción porque normalmente esta deriva en la concentración de recursos públicos en unos pocos privados y el Estado no se beneficia de la libre competencia que mejora los precios y la calidad de las propuestas, además eleva la probabilidad de problemas en la ejecución y pone en riesgo el objeto de los proyectos.

Un informe de la Contraloría sobre el uso y manejo de las regalías en La Guajira 2012-2015 [12] evidencia un claro ejemplo de lo que hemos expuesto:

“…El principal grupo contratista está conformado por David Ricardo Castillo Baute y Miguel Camilo Castillo Baute: conforman dos empresas que tienen contratos de obra y a su vez y hacen parte de 7 consorcios y 1 unión temporal, cuya contratación asciende a $89.191 millones -10 proyectos- de la Gobernación de La Guajira y tres municipios, por valor de $99.345 millones. Dos de estos contratos por un valor de $7.393 millones que representan el 8,3 %, están suspendidos. de infraestructura en La Guajira, Córdoba y Cesar.”

También muestra que la Gobernación celebró un solo contrato para realizar la interventoría de 33 proyectos en 11 diferentes sectores con el Consorcio Applus Gestión Social [13].

Consecuencia de la ausencia de pluralidad de oferentes en la contratación, que ocasiona demoras en la ejecución y debilidad de los procesos de interventoría, son los hallazgos con presunta incidencia fiscal. La Contraloría General de La República ha realizado auditorías que arrojaron hallazgos de este tipo por valor de $30.564 millones de pesos entre la gobernación y los municipios entre 2015 y 2017. Los mayores hallazgos fueron en los sectores de agua potable y saneamiento básico; transporte y educación, es decir, los sectores de mayor inversión de recursos [14].

Entre 2012 y 2019, ocho años, el departamento de La Guajira ha tenido 11 gobernadores entre elegidos y encargados, de los cuales cuatro se encuentran en la cárcel por delitos de corrupción electoral, contra la administración pública e incluso por asesinato, como es el caso de “Kiko” Gómez. Esta inestabilidad política también se suma a la lista de problemas que crean un clima favorable para aumentar los riesgos de corrupción.

Por ejemplo, en 2017, la Contraloría denunció la imposibilidad de rastrear los recursos de regalías destinados al departamento entre 2012 y 2016, lo que ocurrió por una falla en la base de datos. Ante los requerimientos de los libros de contabilidad por parte de la Contraloría, la gobernación entregó información parcial e incompleta para subsanar la falla en la base de datos, con lo que se pierde la posibilidad de verificar la destinación de $746 mil millones de pesos en este periodo [15].

Otro caso tiene que ver con un famoso contrato de $11 mil millones de pesos para un proyecto de bilingüismo. La Procuraduría regional de La Guajira abrió indagación a este contrato porque plantaba atender a 38 municipios cuando el departamento apenas tiene 15. Dos de los miembros principales de la empresa contratante, NIUTELCO, son socios de FUNTICS, que fue contratada en 2015 por la ex gobernadora que se encuentra en la cárcel, Oneida Pinto, por cuantía de $20 mil millones de pesos. Se refiere a Juan Carlos Cáceres y Ronald Cáceres. Por este contrato la Procuraduría abrió pliego de cargos contra la ex gobernadora por presuntas irregularidades en el proceso de contratación [16].

CONCLUSIONES

El 38 % de los recursos aprobados por el OCAD departamental de la Guajira se destinaron al cumplimiento de obligaciones anteriores a 2011 (inflexibilidades). El resto de los recursos se concentró en la construcción de vías (25 %). Los demás sectores no tienen mayor relevancia; agua potable y saneamiento básico, ambiente y desarrollo sostenible y educación apenas comprometen el 20 %, mientras que el 17% restante se distribuye en 10 sectores.

La priorización sectorial de los proyectos financiados con regalías no es coherente con el rezago social del departamento. Los pésimos indicadores de pobreza, agua potable y saneamiento básico, educación e inclusión social requieren la focalización de los recursos de las regalías en la financiación de proyectos estratégicos en los sectores que propendan por el cierre de las profundas brechas sociales, más que en proyectos que simplemente llenen los requerimientos formales.

La ejecución de los proyectos es muy baja. Solo el 43,6% se han ejecutado a cabalidad. Se ha normalizado la prórroga reiterativa de los plazos de ejecución de, lo cual es producto de no tener en cuenta el principio de planeación, entre otros, en el diseño de los proyectos.

El diseño institucional que le da vida al OCAD departamental con el fin de solucionar los problemas ineficiencia, inequidad y los riesgos de corrupción no ha cumplido su objetivo. Aunque se redujo la dispersión de las regalías, esta sigue siendo alta. No se cumplió la consolidación de objetivos estratégicos que se ideó para los proyectos financiados con regalías, por el contrario, la dinámica desarrollada en la práctica no ha mitigado sino profundizado los riesgos de corrupción. Las reglas informales introducidas, como el pre OCAD, han nublado la transparencia en la viabilización, aprobación y contratación de los proyectos.

Los procesos de contratación no son más que una extensión de las dinámicas previas del mismo: no hay pluralidad en los concursos de contratación, se escoge a dedo. Se facilita la excesiva concentración de la contratación de regalías, favoreciendo la desviación a unos pocos privados y afectando al Estado que no se beneficia con mejores condiciones de precio y calidad. Esto es lo que provoca la baja ejecución y la corrupción.

Los casos de corrupción son sonados y recurrentes para el departamento de La Guajira. Las auditorías de la Contraloría dan cuenta de ello con los hallazgos con posible incidencia fiscal que muestra en sus informes. También las actuaciones de la Procuraduría contra gobernadores y funcionarios públicos en materia disciplinaria, que terminan en procesos penales.

La figura del OCAD departamental ha cumplido con elevar la rigurosidad técnica con la que se estudian los proyectos gracias a las mesas técnicas. Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo con los propósitos de corregir la ineficiencia, la inequidad y la dispersión; lograr objetivos estratégicos y mitigar los riesgos de corrupción. Funcionarios públicos entrevistados por la Contraloría consideran que son innecesarios y que estarían de acuerdo en su eliminación, pero manteniendo las mesas técnicas [17]. La baja ejecución, la concentración de la contratación, los casos de corrupción, los hallazgos de la contraloría y la poca incidencia que ha tenido la inversión de recursos para solucionar el rezago del departamento arrojan un balance negativo para la gestión del OCAD departamental de La Guajira.

Los datos y análisis presentados sirven para abrir el debate sobre la pertinencia de los OCAD´S departamentales y sobre su posible eliminación. Este artículo sobre el OCAD departamental de La Guajira sugiere que la posibilidad de eliminarlo está suficientemente sustentada, pues tiene muchas dificultades, tanto de diseño institucional como las que generan sus dinámicas de funcionamiento. La gran fortaleza de estos ha sido dotar de rigurosidad técnica el proceso de viabilización y aprobación de proyectos, pero el poder de aprobación sigue concentrado en manos del gobernador. Una posible solución sería un rediseño institucional del OCAD o eliminarlos y dejar esas decisiones en los OCAD´S regionales.

Bibliografía

  1. Base de datos de Gesproy [en línea], disponible en: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx
  2. Departamento Nacional de Planeación (2018) “Manual operativo y de funcionamiento del banco de proyectos de inversión: Capítulo de Ajustes Dentro del Sistema General de Regalías” [en línea], disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Manual%20operativo%202018.pdf
  3. Contraloría General de la República (2018) “Resultados del SGR Informes departamentales, La Guajira 2012-2017” [en línea], disponible en: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1274989/informes_regalias_deptales_01_guajira_FINAL_WEB.pdf/6b47e97c-3a3d-4812-bda0-6cabd3c8990e?version=1.0
  4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2019) “Pobreza Multidimensional por Departamentos 2018” [en línea], disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/presentacion_pobreza_multidimensional_18_departamento.pdf
  5. Terridata, Departamento Nacional de Planeación “Base de datos de indicadores del departamento La Guajira” [en línea], disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/44000
  6. Ibid.
  7. Ibid.
  8. Contraloría General de la República (2017) “Los OCAD y la gestión por proyectos. Evaluación del Sistema General de Regalías” [en línea], disponible en: https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/boletin-pdf?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=1067190&_101_type=document&inheritRedirect=false
  9. Ibid.
  10. Ibid
  11. Contraloría General de la República (2018) “Resultados del SGR Informes departamentales, La Guajira 2012-2017” [en línea], disponible en: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1274989/informes_regalias_deptales_01_guajira_FINAL_WEB.pdf/6b47e97c-3a3d-4812-bda0-6cabd3c8990e?version=1.0
  12. Contraloría General de la República (2016) “Uso y manejo de las regalías La Guajira 2012-2015” [en línea], disponible en:https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Uso%20y%20manejo%20de%20las%20Regal%C3%ADas%20La%20Guajira.pdf
  13. Ibid.
  14. Contraloría General de la República (2018) “Resultados del SGR Informes departamentales, La Guajira 2012-2017” [en línea], disponible en: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1274989/informes_regalias_deptales_01_guajira_FINAL_WEB.pdf/6b47e97c-3a3d-4812-bda0-6cabd3c8990e?version=1.0
  15.  El Heraldo (2017) “En La Guajira no aparecen recursos de regalías por $746.000 millones” [en línea], disponible en: https://www.elheraldo.co/la-guajira/en-la-guajira-no-aparecen-recursos-de-regalias-por-746000-millones-441228
  16. Caracol Radio (2019) “Procuraduría indaga escandaloso contrato de bilingüismo en La Guajira” [en línea], disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2019/07/23/riohacha/1563842779_281920.html
  17. Contraloría General de la República (2017) “Los OCAD y la gestión por proyectos. Evaluación del Sistema General de Regalías” [en línea], disponible en: https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/certificado-de-antecedentes-fiscales/boletin-pdf?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=1067190&_101_type=document&inheritRedirect=false

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