Organismos entregan primeros resultados sobre dineros del Covid-19

Treinta y cuatro contratos de salud pública, 14 de alimentos y 5 de publicidad, investigan la Procuraduría General de La Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía investigan las instituciones en el paías en el marco del programa de vigilancia y control denominado «Transparencia para la Emergencia”, que tienen que ver con los recursos públicos destinados para la población afectada del Covid-19.

Se han llevado a cabo dieciséis (16) sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad para articular esfuerzos conjuntos, quienes están unificando criterios para establecer posibles irregularidades en la contratación estatal.

Las citadas entidades han identificado hasta el momento un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES APROXIMADAMENTE ($135.918.838.213).

Dentro de las modalidades contractuales por sector se tienen 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y 5 contratos de publicidad.

La Contraloría General de la República continúa en la acción preventiva sobre 17486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y 1 proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.

La Procuraduría General de la Nación, ha asumido más de 990 acciones preventivas a nivel País. En materia contractual se han analizado 5586 contratos por un valor de 1.4 Billones de pesos, 18% a nivel nacional y 82% a nivel territorial. Priorizó para tramite inmediato 588 casos. En materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el tramite a juicio disciplinario y 7 investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.

La Fiscalía General de la Nación, ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, dos (2) indagaciones preliminares relacionadas con entidades del Orden Nacional, se iniciaron cinco (5) indagaciones en contra los Gobernadores del Departamento de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada.

Contraloría General

La Contraloría General de la República comenzó a tomar medidas por los presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y es así como abrió un primer proceso de responsabilidad fiscal, contra el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo (por $1.050 millones), y, además, ordenó la apertura de 27 indagaciones preliminares, donde se verificará si hay mérito para adoptar o no igual decisión.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió 20 indagaciones preliminares, en casos que fueron declarados de impacto nacional. Y a su vez la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal abrió otras 7 indagaciones preliminares y evalúa 19 casos más, de los cuales 4 corresponden al departamento de Cesar.

También se abrirán 21 Actuaciones Especiales (con 24 casos) por parte de la Unidad de Reacción Inmediata de la CGR.

Un caso será remitido por la Contraloría a la Procuraduría y 4 a contralorías territoriales.

Proceso de Responsabilidad Fiscal a Gobernador de Arauca

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones de pesos contra el Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, su Secretario de Gobierno y su Secretario de Desarrollo Social, así como el Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria Covid-19.

El organismo de control estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato. Se encontraron pressobrecostos en productos como: sal (145%), (panela 206%) y pasta (211%).

Evidenció la Contraloría falta de planeación en esta contratación por $4.463 millones: no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista (tampoco están soportados).

Para la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, la Gobernación de Arauca no expuso la forma como se determinó el valor final de los kits, dado que las cotizaciones no cumplen con las formalidades que permitan identificar el eventual proveedor y, a su vez, se indica que el valor del contrato recogía lo relacionado a la operación en la entrega de los kits, sin que esto estuviera técnicamente establecido o calculado, por lo que la determinación de un valor final del kit multiplicado por el número total de los mismos conllevó a que se sobre costearan sin justificación los ítems alimenticios y los costos indirectos de logística o entrega.

Dentro de este proceso, la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales a:

*José Facundo Castillo Cisneros, en calidad de Gobernador de Arauca.

*Carolina Muriel Zea, Secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género Departamental.

*Luis Merardo Tovar Altuna, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana.

*Edward Enrique Portillo, Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental.

*Y el contratista Multiservicios  Mael SAS Zomac, representada legalmente por el señor Hebert Ernesto Espinoza Braga.

La Contraloría, conforme a la ley, ordenó la búsqueda de bienes y medidas cautelares a que haya lugar en este caso.

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