Veeduría Ciudadana pide protección a la vida de los indígenas wayuu.

Familias wayuu, ubicada en zona rural de Riohacha. Foto: Betty Martínez Fajardo.

Que se elabore un plan de acción para garantizar que se efectúen acciones coordinadas y efectivas a nivel nacional y regional para garantizar la aplicación de medidas especiales de protección para la vida de los indígenas wayúu y su acceso a los derechos al agua, la salud, la alimentación y la participación en medio del estado de emergencia nacional declarado con ocasión a la pandemia del COVID-19, solicitó la Veeduría Ciudadana a la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Riohacha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones  fundamentando en la aplicación a  sentencia T-302 de 2017.

Además piden que se continúe con la prestación del servicio del Plan de Alimentación Escolar, de manera permanente y durante el estado de Emergencia con las medidas de sanidad necesarias para contener posibles contactos a la hora de las entregas.

Como también que se garantice mercados básicos para todas las rancherías wayúu, ajustados a su cultura, que permitan durante el estado de emergencia y cuarentena, su supervivencia hasta que sea superada la emergencia de salud.

 Solicitan también que se  garantice  el acceso permanente al agua potable para todo el pueblo wayúu, bien sea por carro tanques, suministro por medio de pilas públicas o demás medidas que el Estado considere necesarias para abastecer de manera amplia y efectiva a todos los miembros de las comunidades.

Según la Veeduría, la solicitud tiene como fundamento, que hasta el momento no existe una política pública que garantice los derechos al agua, la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo wayuu, a pesar de la existencia de medidas cautelares y sentencias de orden constitucional.

Expresaron que El 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS identificó el nuevo Coronavirus: COVID-19, y  el 6 de marzo de 2020, se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en Colombia.

Además que el  11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID – 19 como una pandemia, por la velocidad de su propagación y su escala de transmisión por lo que solicitó a los estados, personas y empresas tomar acciones efectivas e inmediatas, toda vez que se trata de una emergencia sanitaria y social mundial.

Así como se declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud para la prevención y expansión del Virus COVID-19, además el Estado publicó el Decreto 457 del 22 de Marzo del 2020, el cual en su artículo 1 se ordenó ”El aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la república de Colombia a partir de las 00 (cero horas) del 25 de Marzo del 2020 hasta las 00 ( cero horas) del 13 de Abril del 2020 se limita la libre circulación de personas por el territorio.”

En ese sentido, la Veeduría señala que la  Constitución Política de Colombia de 1991, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado colombiano mediante Ley 21 de 1991, ha reconocido a los diferentes grupos étnicos de acuerdo a lo señalado por el artículo 1° del mencionado Convenio, el cual manifiesta que los pueblos tribales y los pueblos indígenas en países independientes son reconocidos según la conciencia de su identidad siendo este el criterio fundamental para determinar los grupos a los cuales se aplica el Convenio.

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7°). Los niños tienen derechos fundamentales, entre estos a la vida, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física, abuso sexual y explotación laboral (…). Además “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores, pues los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Recuerdan el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006): artículos 13, 40, 41 y 204,  norma que armoniza la legislación nacional con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los reconoce como sujetos de derechos (art. 7); determina el interés superior del niño y la prevalencia de sus derechos en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza (art. 9); así como la exigibilidad de los mismos y la corresponsabilidad (art. 10). El artículo 13 precisa que el principio del interés superior del niño actuará “como límite a la discrecionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas en términos del uso o abuso del poder en menoscabo (…) de los derechos de los niños”.

Por su parte, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptó una Resolución de Medidas Cautelares el 11 de noviembre de 2015, en la cual solicitó al Estado de Colombia adoptar “las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira”.

En tanto la Corte Constitucional, mediante Sentencia T 302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la violación de los derechos al agua, la salud, la alimentación y la participación de las niñas y niños wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao y ordenó al estado construir una política pública con participación de las comunidades wayúu, que cumpla con los siguientes objetivos mínimos constitucionales: 1. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua; 2. Mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria; 3. Aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional; formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los Wayúu; 4. Mejorar la movilidad de las comunidades wayúu que residen en zonas rurales dispersas; 5. Mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional; 6. Garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas.

La Veeduría Ciudadana tiene como finalidad verificar que el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira cumpla con las obligaciones establecidas en la Sentencia T-302-2017.

La citada organización la conforman la Asociación de Defensa de niñas y niños internacional, la Fundación Caminos de Identidad, la Corporación de Apoyo a comunidades populares, el Centro de Investigación y Educación Popular, la Organización Indígena de Colombia y Omaira Orduz, experta independiente.

La solicitud también va dirigida a la gobernación de La Guajira y las alcaldías de Manaure, Uribia, Dibulla, Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Riohacha y San Juan del Cesar.

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