La sentencia T- 302 es la base del diálogo genuino con la Nación.

Magistrados del Tribunal Superior de Riohacha, quienes hacen seguimiento al trabajo de las autoridades en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017.

Por: Cesar Arismendy Morales

En la historia política – administrativa de La Guajira,  a sus  autoridades   se le ha negado la oportunidad de  establecer un  diálogo franco y abierto con  la nación, en donde la población  pueda evidenciar  sus necesidades más sentidas y obtener respuestas efectivas por parte del gobierno nacional,  que permitan  justificar pertenencia  del territorio a este inacabado país  llamado Colombia.

Con la Sentencia T 302 de 2017, la Corte Constitucional  ha generado  ese obligado espacio para que la nación dialogue de manera genuina con el Departamento y sus comunidades.  La sentencia es la gran oportunidad que los habitantes de la península han esperado desde hace mucho tiempo  y que no se puede desaprovechar.

En esa medida,  el fallo de la Corte debe ser asumido como el verdadero Plan de Desarrollo, que se manifiesta en la creación  de un marco jurídico  para el cambio social planificado del territorio,  a través de un  gran acuerdo nación – región con un  plan de  acción que es   obligante  adoptar y ejecutar por parte de las entidades nacionales y territoriales.

La sentencia cumple con todos los parámetros para ser asumido  como un plan de desarrollo en La Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de  Maicao, Uribía y Manaure.  En el fallo  se precisa un diagnóstico, se establece la  línea de base, estrategias, objetivos mínimos  constitucionales a conseguir,  el plan de acción, los indicadores de resultados,  herramientas de cumplimiento, mecanismos de evaluación y seguimiento.

La matriz plurianual de inversiones  se determina a través de  los aportes y consensos de los tres niveles de gobierno, que de manera progresiva, buscarán  que los beneficios lleguen a todos, lo que debe  servir para  establecer un contrato – plan. La mayor virtud  que tiene  la sentencia,  es su consolidación como un plan normativo,  es decir, que es obligante  cumplirlo por parte de  las autoridades accionadas, los gobiernos nacionales y territoriales.

Por primera vez, un plan de desarrollo territorial en Colombia  sería normativo  y la sociedad civil puede interponer recursos jurídicos  (incidentes de desacato) ante el Tribunal Superior de Riohacha,  si no se asume debidamente  por parte de los funcionarios que tienen la competencia en su ejecución.

La  Sentencia T-302 de 2017

Producto de  la revisión  de  una acción de tutela impetrada ante el Tribunal Superior de Riohacha,  la Corte Constitucional llevó a cabo un estudio detallado de las condiciones económicas, sociales y ambientales en que se encontraban inmersas las comunidades  wayuu. Este órgano  de justicia percibió que a la etnia  se le vulneraban de manera sistemática  los derechos fundamentales, lo que trajo como consecuencia  la alta mortalidad  de niños  y niñas  menores de 5 años en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribía y Maicao.

Para corregir esta situación, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-302 de 2017 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional y protegió los derechos fundamentales al desarrollo armónico e integral de las personas menores de edad, derechos relacionados con: i) la vida; ii) la integridad física; iii) la salud; la seguridad social; iv) la alimentación equilibrada y v) el acceso a agua potable.

Un estado de cosas inconstitucional significa que existe una vulneración generalizada y continua  de los derechos fundamentales de un grupo poblacional, que en este caso es el wayuu.  Ello implica que los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribía, la Gobernación y las entidades nacionales accionadas deberán  hacer los  máximos esfuerzos y  destinar recursos adicionales  para  atender  dicha situación,  ya que las actuaciones  de las autoridades han resultado insuficientes para resolver los  hechos generalizados de desnutrición y muertes en La Guajira.

El Plan de Acción, es la clave

En este fallo histórico y trascendente para el desarrollo del departamento, las entidades accionadas  en cabeza de la Presidencia de La República,   buscarán  actuar coordinadas  y desarrollar  actividades adicionales  para superar  el estado de cosas inconstitucional.  Ellas deben evidenciarse en un Plan de Acción convenido con las comunidades indígenas, tratando  de  impactar el territorio con políticas públicas  a partir de 8 objetivos  mínimos constitucionales, los cuales se dividen en dos bloques.   Los primeros  4 objetivos,   son de  desarrollo socioeconómico y los 4 siguientes,  están  asociados a fomentar la calidad institucional con eficiencia y eficacia.

En torno de la ejecución del plan de acción,  las instituciones participarán  de manera coordinada en el llamado mecanismo especial de seguimiento y evaluación, el cual  se constituye en  el conjunto de medidas adoptadas  en el marco de la  sentencia y de las órdenes concurrentes de otras decisiones judiciales, orientadas a garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu.

En esa instancia de coordinación intersectorial, la Corte le abrió el espacio para que puedan participar de  manera activa las autoridades indígenas, la sociedad civil a través de veedurías. Adicionalmente,  y con el objeto de hacerle  el respectivo seguimiento y vigilancia del cumplimiento,  vinculó directamente a la Procuraduría General de la Nación, la  Defensoría del Pueblo y  al Tribunal Superior de Riohacha. La Corte Constitucional se reservó la capacidad para  asumir la supervisión y solucionar cualquier controversia que se genere relacionada con la interpretación de las órdenes de la providencia.

La superación del estado de cosas inconstitucional

El estado de cosas inconstitucional se entenderá superado cuando, al menos, se alcancen niveles mínimos de protección en los cuatro indicadores básicos de alimentación y nutrición infantil y el desarrollo de una agenda detallada de acciones que a la fecha se incumplen, lo que quedó en evidencia  el 6  de diciembre de 2019 y el 6 de marzo de 2020,  cuando el Tribunal Superior de Riohacha verificó el nivel  de ejecución  de la Sentencia.

En torno a ello,   el gobierno expidió en el 2018 el documento  Compes 3944 relacionado con la estrategia para impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas y la población de La Guajira, como condición para avanzar en la garantía de los derechos de la niñez. Esta estrategia responde a los requerimientos sobre la garantía de los derechos de la niñez wayuu, y extiende su aplicación a todas las comunidades indígenas y la población del departamento,  esfuerzos que aún no se concretan.

Con  el Decreto 100 de enero 28 de 2020 se creó la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira  con el objeto  de coordinar y orientar las acciones de las diferentes entidades del Gobierno nacional tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional en el corto, mediano y largo plazo, facilitar la labor de dichas entidades en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales que ordenan medidas integrales y estructurales que se deban adelantar en La Guajira y apoyar los procesos de planificación de las acciones y/o actividades necesarias para la atención integral en el citado territorio.  

El incidente de desacato

El Tribunal Superior de Riohacha, cuya misión es la de  verificación judicial del cumplimiento de las órdenes emitidas, se encuentra estudiando  la reiterada  omisión en  la ejecución de la sentencia por parte de los 3 niveles de gobierno, por lo que está valorando la apertura de un incidente de desacato.. Hasta ahora, la Procuraduría insiste en que no se le dé más tiempo al gobierno nacional y territorial para presentar el Plan de Acción y la Defensoría del Pueblo plantea que el incumplimiento debe ser declarado de manera inmediata. Ya son dos audiencias públicas en que se ha analizado el tema,  pero aún no hay un pronunciamiento de fondo sobre la declaración de un incidente de desacato

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