Las autoridades tradicionales wayuu del Distrito de Riohacha, no avalaron el inicio de la consulta previa que se intentó llevar a cabo en la comunidad de Walinay por parte del gobierno nacional para dar inició a la implementación de las medidas que ordena la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T 302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional.
Las comunidades wayuu se mostraron en desacuerdo con la intención del gobierno nacional, toda vez que internamente debían ponerse de acuerdo frente a la forma como se implementará la sentencia.
Matilde López, reconocida lider wayuu, explicó que las autoridades pedían un plazo de tiempo para trabajar en la implementación de la sentencia, pues requerían estar acompañados de expertos que les guiara en la toma de la decisión.
«No es corriendo, no es como quiere el gobierno, esto tiene más de un año y medio de retraso, ahora es que vienen corriendo a hacerlo, no puede ser», dijo.
Explicó que no solo es el tiempo solicitado, es que requieren de un equipo de profesionales que les ayude a orientar lo que ellos necesitan en la solución de los problemas en sus comunidades.
Aseguró que el encuentro el gobierno nacional lo empezó a trabajar desde hace una semana, sin tener en cuenta que habían solicitado el apoyo del equipo de expertos sin recibir ningún tipo de respuesta.
Precisó que la consulta previa que se pretendió realizar debio hacerse hace más de un año, y no ahora de manera rápida en respuesta a la audiencia pública promovida por el Tribunal Judicial del Distrito de Riohacha, para este seis de diciembre, a partir de las nueve de la mañana en el palacio de Justicia en Riohacha y a la que se convocó al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, varios ministros, y otras instancias del gobierno nacional.
La lider wayuu, en tono airado, le sostuvo a los funcionarios del gobierno nacional que los espacios de concertación deben ser virtuosos en favor de los niños y las niñas wayuu.
La sentencia T 302 de 2017, promovida por la Corte Constitucional, declaró un estado de cosas incostitucional con relación al goce efectivo de los derehos fundamentales a la salud, agua potable, alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas wayuu en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
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