Corte Constitucional declaró inconstitucional proyecto de ley que transforma a Uniguajira en ente autónomo.

Universidad de La Guajra. Foto cortesía

La Corte Constitucional declaró fundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el gobierno nacional al proyecto de ley que transformaba a la universidad de La Guajira en ente autónomo del orden nacional,  por desconocimiento del principio de autonomía territorial y haberse omitido la iniciativa gubernamental en materia presupuestal.

En el expediente OG-163 de la sentencia C-380, se declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 058/16, luego del análisis de las objeciones presentadas por el Presidente de la República junto con los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Educación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En ese sentido, el gobierno nacional señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Nacional la competencia del legislador para determinar la estructura orgánica de las entidades públicas se restringe materialmente a la administración nacional, y por tanto no se puede predicar de la administración territorial.

“Dicha competencia se radica en la respectiva Asamblea Departamental, en el caso de la administración departamental y del correspondiente Concejo Municipal, en el caso de la administración municipal”, dice el documento.

Agrega que por lo tanto el artículo 2 del proyecto de ley objetado infringe los artículos 1, 150, numeral 7,287, 298 y 300 numeral 7 de la Carta Política. Ausencia de competencia del Congreso para modificar la estructura de la administración nacional.

Se expresa que en el presente caso el proyecto de ley no contó con la iniciativa gubernamental, ni el gobierno durante el trámite parlamentario expresó su intención de avalar dicho proyecto, y se abstuvo de emitir un concepto favorable sobre dicha iniciativa, y por el contrario solicitó su archivo.

En el expediente por ejemplo se indica que el Congreso exime sin justificación alguna a la Universidad de La Guajira respecto de su obligación de concurrir en el pago de su pasivo pensional  mientras que las demás universidades oficiales lo están asumiendo, con lo cual se otorga a la mencionada universidad un tratamiento diferencial que no encuentra asidero en la Constitución, y que además resulta inequitativo frente a las otras universidades del orden nacional que debe concurrir a dicho pago.

Para la Corte la decisión del legislador de transformar a la Universidad de La Guajira en un ente autónomo del orden nacional, vulnera el principio de autonomía territorial consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional y el artículo 287, numeral 2 del ordenamiento superior que confiere a las entidades territoriales la potestad autónoma de ejercer las competencias que les corresponda, y por ende afecta en gran medida el núcleo esencial de autonomía del departamento.

“En este caso, la decisión de crear, reformar o transformar su naturaleza jurídica competía de manera exclusiva a la Asamblea Departamental de La Guajira. Por la misma razón, la manifestación expresa del gobernador al Congreso sobre su aquiescencia y apoyo de la transformación de la Universidad no reemplaza la decisión que le correspondía a la Asamblea Departamental a la cual está reservada la competencia para determinar la estructura de la administración departamental”.

La magistrada Ortiz Delgado salvó su voto al considerar que el proyecto de ley acusado, salvo una expresión contenida en el artículo 3 era constitucional.

La Corte Constitucional declaró fundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el gobierno nacional al proyecto de ley que transformaba a la universidad de La Guajira en ente autónomo del orden nacional,  por desconocimiento del principio de autonomía territorial y haberse omitido la iniciativa gubernamental en materia presupuestal.

En el expediente OG-163 de la sentencia C-380, se declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 058/16, luego del análisis de las objeciones presentadas por el Presidente de la República junto con los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Educación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En ese sentido, el gobierno nacional señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Nacional la competencia del legislador para determinar la estructura orgánica de las entidades públicas se restringe materialmente a la administración nacional, y por tanto no se puede predicar de la administración territorial.

“Dicha competencia se radica en la respectiva Asamblea Departamental, en el caso de la administración departamental y del correspondiente Concejo Municipal, en el caso de la administración municipal”, dice el documento.

Agrega que por lo tanto el artículo 2 del proyecto de ley objetado infringe los artículos 1, 150, numeral 7,287, 298 y 300 numeral 7 de la Carta Política. Ausencia de competencia del Congreso para modificar la estructura de la administración nacional.

Se expresa que en el presente caso el proyecto de ley no contó con la iniciativa gubernamental, ni el gobierno durante el trámite parlamentario expresó su intención de avalar dicho proyecto, y se abstuvo de emitir un concepto favorable sobre dicha iniciativa, y por el contrario solicitó su archivo.

En el expediente por ejemplo se indica que el Congreso exime sin justificación alguna a la Universidad de La Guajira respecto de su obligación de concurrir en el pago de su pasivo pensional  mientras que las demás universidades oficiales lo están asumiendo, con lo cual se otorga a la mencionada universidad un tratamiento diferencial que no encuentra asidero en la Constitución, y que además resulta inequitativo frente a las otras universidades del orden nacional que debe concurrir a dicho pago.

Universidad de La Guajira. Foto cortesía.

Para la Corte la decisión del legislador de transformar a la Universidad de La Guajira en un ente autónomo del orden nacional, vulnera el principio de autonomía territorial consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional y el artículo 287, numeral 2 del ordenamiento superior que confiere a las entidades territoriales la potestad autónoma de ejercer las competencias que les corresponda, y por ende afecta en gran medida el núcleo esencial de autonomía del departamento.

“En este caso, la decisión de crear, reformar o transformar su naturaleza jurídica competía de manera exclusiva a la Asamblea Departamental de La Guajira. Por la misma razón, la manifestación expresa del gobernador al Congreso sobre su aquiescencia y apoyo de la transformación de la Universidad no reemplaza la decisión que le correspondía a la Asamblea Departamental a la cual está reservada la competencia para determinar la estructura de la administración departamental”.

La magistrada Ortiz Delgado salvó su voto al considerar que el proyecto de ley acusado, salvo una expresión contenida en el artículo 3 era constitucional.

Los magistrados Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, manifestaron aclaraciones de votos. La magistrada Diana Fajardo, y los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas, se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto.

Los magistrados Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, manifestaron aclaraciones de votos. La magistrada Diana Fajardo, y los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas, se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto.

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