Corte Constitucional tuteló derecho al agua potable para los niños wayuu

Procurador Judicial Administrativo, Edwin López Fuentes.

Siguen las medidas para proteger a los niños wayuu

Con ponencia de la Magistrada, Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional sala segunda de revisión revocó la sentencia proferida por la sala disciplinaria seccional de La Guajira del Consejo Superior de la Judicatura y confirmado por la sala jurisdiccional disciplinaria, y tuteló el derecho fundamental al agua potable ( en su faceta subjetiva como consumo humano) de los niños, niñas y adolescentes y de las madres gestantes del pueblo wayuu, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-302 de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia.

El caso tiene que ver con una acción de tutela interpuesta por el Procurador Judicial I para Asuntos  Administrativos, Edwin José López Fuentes, quien solicitó se ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y al agua potable de los niños, niñas y adolescentes y madres gestantes y lactantes del pueblo wayuu, dando cumplimiento a las medidas cautelares proferida por la comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de ese  pueblo, y se ordenará principalmente el diseño de una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable en La Guajira.

Comunidad Wayuu, foto: Betty Martínez Fajardo

En el desarrollo de la tutela, el Procurador Judicial, expuso por ejemplo, que la no ejecución de la fase II del proyecto multipropósito de la represa del río Ranchería en el componente del acueducto regional no solo ha impedido el logro del abastecimiento de agua a varios municipios sino que tal omisión estatal ha vulnerado y continúa vulnerando los derechos fundamentales al agua potable de las comunidades indígenas wayuu.

Advirtió también el funcionario, que «la construcción del acueducto regional(…) si bien es una medida estructural que, coadyuvará en la solución de la crisis, no está previsto para darle agua a las zonas rurales dispersas, especialmente de los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, no obstante se constituye en un punto de partida crucial para comenzar a brindarle más apoyo a las comunidades indígenas dispersas; sería importante que se propiciará en ese proyecto o en otro, el estudio y puesta en marcha de acueductos a menor escala para surtir de agua a grupos de comunidades cercanas».

En ese mismo sentido, el Procurador Judicial para Asuntos Administrativos, Edwin López, agregó que es necesario determinar la responsabilidad de la empresa Carbones del Cerrejón Limited en la escasez del agua para establecer como podría ayudar a solucionar dicho fenómeno, porque no basta con la provisión de carrostanques.

Esa situación de acuerdo al Procurador, obedece en la medida que produce desechos anuales de más de 220 millones de metros cúbicos, ha aumentado el vertimiento de residuos a los ríos de la región («de 1352 metros cúbicos en el 2.008 a 3124 en 2009»), consume cinco mil millones de litros de agua al año, que equivales a 17 millones de litros de agua diaria, mientras que una persona de la zona solo consume 0.7 litros por día.

Agregó que, aunque «la empresa ha reportado que el 90% de su consumo de agua diario corresponde a agua de baja calidad proveniente principalmente de los mantos de carbón y de agua lluvias que no es apta para consumo humano, animal o para riego de cultivos, según voces especializadas la sustracción de esta gran cantidad de agua diariamente de un ecosistema naturalmente seco tiene gram impacto ambiental(…)».

La magistrada ordenó a las autoridades accionadas divulgar la sentencia, lo que no impide que  actúen antes de la implementación de dicho mecanismo.

Se remitió copia de la providencia a la Procuraduría General de la Nación, y a la defensoría del pueblo para que en el marco de sus funciones y competencias realicen el respectivo seguimiento.

La magistrada consideró también que no era necesario proferir ordenes adicionales por cuanto la vulneración del derecho fundamental al agua potable alegada por el accionante se enmarca en el estado de cosa inconstitucional identificado en la sentencia T-302 de 2017.

Expresa la magistrada que se concede la tutela del derecho fundamental al agua potable en su faceta subjetiva para recurso humano revocando las decisiones de instancia que declararon su improcedencia.

El fallo lleva también la firma de los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, y Martha Victoria Sáchica Méndez.

La tutela fue interpuesta contra el Congreso de la República, la presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda,  de Vivienda, Agricultura, DNP, Agencia de Desarrollo Rural,  los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Uribia, San Juan del Cesar, Aguas del Sur, Cerrejón y Consorcio Unión Temporal Agua para La Guajira.

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