Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, confirmó que en La Guajira las amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos, además de líderes sociales van en aumento, y es una situación delicada que debe llamar la atención de las autoridades.
“Como fenómeno nacional por supuesto que es delicado, porque no es algo que ha sucedido pocos meses, esto tiene ya tres años y con un crecimiento, ha habido expresiones de preocupación por parte del gobierno y se han intentado diferentes tipos de acciones pero la situación no ha mejorado”, expreso.
Argumentó, que en ese sentido es necesario revisar las políticas, y para ello han recomendado acciones de carácter preventivo pero también de largo plazo, porque la idea no es lograr que todos los defensores tengan un esquema de seguridad, sino que ningún defensor necesite ningún tipo de seguridad y pueda actuar libremente.
Expresó, que es un tema de responsabilidad compartida, algo que se ha aceptado, con responsabilidades por parte del gobierno central.
Precisó, que el tema de seguridad es una responsabilidad también de las autoridades locales, pero lo que hay es que priorizar y entender que los defensores y defensoras de derechos humanos, y los líderes sociales tienen un rol fundamental en la sociedad.
Además, que como parte de la democracia y del estado de derecho, hay que priorizar su protección, y en términos generales eso va a contribuir a la salud social, pero tiene que verse como una política integral buscando alternativas a toda la población para que cambie su vida.
“El acuerdo de paz solo va a ser valorado si es que cambia la vida de la gente”, dijo.
En ese mismo sentido, Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, puntualizó que la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, es una preocupación nacional desde hace varios años, además que hay una tendencia a tenerlos como objetivo por parte de diferentes grupos porque son las personas que denuncian la corrupción defienden las tierras, luchan por el medio ambiente, quieren transformar los casos de economías ilícitas a licitas, lo que genera que muchos grupos de poder sobre todo delincuenciales estén contra de ellos, y es algo que se debe visibilizar en todo el país.
En ese mismo sentido, Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos, puntualizó que la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, es una preocupación nacional desde hace varios años, además que hay una tendencia a tenerlos como objetivo por parte de diferentes grupos porque son las personas que denuncian la corrupción defienden las tierras, luchan por el medio ambiente, quieren transformar los casos de economías ilícitas a licitas, lo que genera que muchos grupos de poder sobre todo delincuenciales estén contra de ellos, y es algo que se debe visibilizar en todo el país.
Las cifras
En el informe anual 2018 de la Alta Comisionada para los derechos humanos, registró el homicidio de al menos 115 defensores en el 2018, de los cuales siete de esas muertes tuvieron lugar en la región Caribe.
Hasta junio de 2019, la oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, documentado 26 de esos casos tres de ellos en la región caribe.
De los 115 casos de defensores asesinados en el 2018, el 27% afectó a defensores de los derechos humanos, de ellos 18 casos pertenecen a pueblos indígenas, y 12 casos afrocolombianos.
En el documento se indica también que el 66% de los asesinatos defensores y defensoras estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la ´población en general o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilicitos.
Se indica, además que los autores de los presuntos asesinatos, fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizados (40%), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18), integrantes del ELN (8%), integrantes del Ejército Popular de Liberación, EPL, (4%,), miembros de la Fuerza Pública (5%), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8%), y personas por determinar (17%).
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