Irregularidades en contratación por parte de la Administración Temporal en Educación.

Se pagaron recursos sin registro presupuestal

Nubia Socarras- concejal de Riohacha

Con documentos en mano, Nubia Socarras, concejal del Distrito de Riohacha, advirtió de una serie de irregularidades en contratación por parte de la Administración Temporal de Educación, en cabeza de la gerente Grisela Monroy Hernández.

Las irregularidades de acuerdo a la concejal tienen que ver con la administración del recurso económico por parte de la Administración Temporal sin contar con las facultades otorgadas por la corporación, y el pago de cuentas sin registro presupuestal.

Expresó, que no entiende como la Administradora Temporal distribuyó los recursos del Distrito a los rectores, y con qué criterio jurídico y presupuestal trasladó el dinero  de calidad educativa al fondo educativo.

Además, conque autorización  distribuyó el grueso de los rubros de educación que los  llevo a hacer deducciones y adiciones.

Reveló la concejal, Nubia Socarras, como en el 2018 se registró la   expedición de los diferentes CDP y RP para el programa mundial de alimento, y la contratación de personal sin ninguna autorización por parte del Concejo.

“Me causa curiosidad como aquí encuentro los giros y transferencias que se le hicieron a las instituciones educativas,  por tres mil 374 hechos con situación de fondo,  y los sin situación de fondo son de dos mil 718 millones de pesos,  casi seis mil millones de pesos en manos de terceros”, dijo.

En ese mismo sentido, la concejal Nubia Socarras, argumentó que no entiende como la Administradora Temporal de Educación trasladó  cuentas a los rectores de diferentes instituciones educativas para manejar recursos que van desde 507 millones de pesos.

“Hay instituciones rurales que se les ha girado el recurso quieren hacer el proceso y no lo han podido hacer porque no saben llevar el proceso en el Secop, no saben la aplicación de la ley 80, como hay otras instituciones que lo hicieron y pagaron con caja menor, y cuando venga el debate lo vamos a demostrar”, dijo.

Explicó, que tiene en su poder la distribución del recurso colegio por colegio, encontrando por ejemplo que en su mayoría tienen adecuación de pisos, de cubiertas y cielo raso, pintura, adecuación de batería sanitaria, por un valor de seis mil millones de pesos, develando en ese procedimiento algunas irregularidades administrativas.

“Por  optimización de presupuesto es preferible tomar todos los cielo rasos y hacer un solo contrato, porque la ley 80 lo reglamentó para no hacer fraccionamiento de contrato, pero aquí la señora le giró a cada colegio para que hiciera su propia necesidad  y de eso se desprende presumo yo un prevaricato, y también presumo un fraccionamiento de contrato”, manifestó.

Precisó, además de contratos con unas fundaciones para manejo tecnológico, por valor de 504 millones de pesos, cuyos recursos se pagaron sin registro presupuestal.

“Aquí lo que ha habido es un distractor de la información, para que nosotros nos concentráramos en la preocupación del servicio de transporte y alimentación, y descuidamos el tema presupuestal pero al final estamos en el tiempo que debíamos estar porque los errores ya se cometieron”, dijo.

Rafael Pérez – concejal de Riohacha

Por su parte, el concejal  Rafael Pérez, recordó que la intervención llega hasta el 21 de febrero del 2020, además que existen  intereses para que la Administración Temporal continue manejando los más de 40 mil millones de pesos de contratación.

“Uno ve las causales de la intervención,  y ninguno fue porque se haya perdido cantidades de dinero como presumiblemente está pasando ahora”, manifestó.

Argumentó, que la Administradora Temporal  violó el principio de publicaciones de la contratación, porque existen evidencias de  contratos que se firmaron el 3 de enero pero  aparecieron publicados hasta el 26 de julio, cuando  la ley establece que deben ser publicados dentro de los tres días siguientes a la transparencia del proceso.

“La doctora Grisela debe explicar conque facultades se auto expedían los CDP, que es algo gravísimo,  porque se ha generado un desorden mayor, amén de otras acciones ilegales que han realizado”, manifestó.

Argumentó, que el concejo  es una entidad de seguimiento,  vigilancia y control, y por tanto se debe verificar posibles errores cometidos por la Administración Temporal en la contratación de algunos docentes, y en el primer contrato de transporte escolar.

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