Interpretación del litigio limítrofe entre el Cesar y La Guajira

Por: Cesar Arismendy Morales

Cesar Arismendy

Este año el departamento será objeto de una decisión trascendental. La Comisión de Vigilancia del Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado y Cámara deberá tomar una decisión definitiva sobre los límites con el Cesar que hasta el momento ha evadido tomar.

La Guajira es una entidad  territorial que cuenta con 20.848 km2, de ellos  el departamento del Cesar  ha estado reclamando como propios  80.7 km2 (8.079 hectáreas), que se concentran en San Juan del Cesar en la  frontera sur con  el municipio de Valledupar, involucrando a las poblaciones de Potrerito, Primer Rincón, Carrizal, Veracruz, Barrio El Perú, Baroblancal y el Campín.

Este tipo de pretensiones  no son nuevas. En 1991 durante el trámite aprobatorio de la Constitución Política de Colombia,  los constituyentes del Cesar a través de facultades especiales, propusieron  ampliar el territorio departamental buscando una salida  al mar,  a través de la vertiente nor occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta,  afectando los intereses territoriales de La Guajira, afortunadamente la iniciativa  no  se transformó en norma,  aunque  logró discutirse en el seno de la Comisión  para el  Ordenamiento  Territorial.

Sobre la reiterada reclamación del  departamento del Cesar,  existen  diferentes  hipótesis: I) el corregimiento de Patillal perteneciente al Municipio de  Valledupar,  requiere  expandirse territorial y demográficamente para ser jurídica y administrativamente  elevado a  la categoría  de municipio; II) el municipio de Valledupar busca consolidarse como una región homogénea de la música de acordeón,   incorporando a Carrizal corregimiento de La Junta,   como lugar emblemático en donde  nació  y se desarrolló musicalmente Diomedes Diaz; III) el municipio de Valledupar presenta una crisis de abastecimiento de agua,  a través de  los poblados del piedemonte de la vertiente suroriental de la Sierra Nevada puede acceder a los 189 millones de mde agua  del Rio Ranchería existentes en la represa el Cercado; IV) a través de las áreas reclamadas,  el Cesar   busca  la   articulación de las cuencas altas de los  ríos  Cesar y el Ranchería,   áreas que contienen  ricos yacimientos de carbón y gas, que son explorados y cuantificados  por la  Drummond.

La primera hipótesis,  parece aislada de las  otras tres. Los territorios en donde se  encuentran los barrios El Perú, Baroblancal y el Campín, al norte del  arroyo La Malena que sirve de límite entre el Cesar y La Guajira, se  están  vinculados social, económica  y políticamente al contorno urbano  de Patillal. Por la división territorial, esta población formalmente no es contabilizada  como residente del poblado, que con su  incorporación aspira a cumplir con los requisitos para  ser municipio y  contar con una  administración territorial autónoma y sin la dependencia de Valledupar.

Las otras tres hipótesis se complementan.   En conjunto  prospectan  mantener  la primacía urbana  de  Valledupar en su territorio de influencia o “hinterland”,  permitiendo  la    utilización   y aprovechamiento  como reserva de  recursos, bienes y servicios estratégicos  disponibles para la extracción de excedentes económicos necesario para darle sostenibilidad a su  crecimiento urbano.

La historia  social y económica del Cesar posterior a los años sesenta, permite identificar que  al interior  de  entidad territorial    se vienen presentando y consolidando desigualdades  subregionales,  caracterizadas por la  primacía de  Valledupar,  que actúa como una  urbe  concentradora del excedente económico y de inversiones públicas.  Los beneficios económicos de las bonanzas del algodón, la ganadería y  el carbón  no se  irrigaron   homogéneamente en el departamento.  Valledupar  mantiene una historia de  crecimiento económico  a expensas de los municipios  que se encuentran en su área  de influencia inmediata y refleja.

En medio de la transición energética que impone la sustitución de la energía proveniente del carbón por  energía renovable,  Valledupar incursiona en la propuesta  de consolidarse como  un área metropolitana, de la cual hacen parte La Paz, San Diego y Manaure Balcón  del Cesar. La reclamación de los territorios  fronterizos del norte de Valledupar que hacen parte del municipio de San Juan del Cesar – departamento de La Guajira, consolida  la estrategia del crecimiento de Valledupar a expensas de  sus vecinos.

Todo comenzó  en  agosto de  2012 con  una proposición   de Juan Manuel Campo Eljach,  ex representante a la Cámara por el departamento del Cesar, que en su calidad de miembro activo de la  Comisión de Vigilancia del Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, requirió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para  abrir  un proceso  de verificación  y corrección  de  los límites   entre los  departamentos de La Guajira y el Cesar bajo  la definición de  dudosos. Con base en  la Ley 1447 de 2011,  el instituto expidió la Resolución 0327 de 2013 con el fin  de  adelantar los estudios, acciones y consultas  necesarias para realizar el deslinde y el amojonamiento entre los dos  departamentos,  actividad que se centró en  la vertiente sur oriental de la Sierra Nevada,  municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira.

Las actuaciones del IGAC buscaron  realizar una propuesta técnica   de  deslinde de las entidades territoriales con base en estudios histórico, legal, social,  económico y administrativo, proceso que se inició en  mayo del 2013. La facultad para resolver los problemas y definir los límites formales  en Colombia es el  Congreso de la República (artículo  1 de la Ley 1447 de 2011).

El trámite  de  la reclamación y pruebas

En la  jornada de  trabajo de  la Comisión de Deslinde Limítrofe  Cesar – La Guajira realizada el 20 de Noviembre de 2013 en las instalaciones del IGAC en la ciudad de Valledupar, de manera  directa  la delegación del Departamento de La Guajira, en cabeza del Jefe de Planeación,   pudo exponer  que se estaban cometiendo errores en el estudio técnico de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales, ya que  la historia  y la administración del territorio  en litigio  demostraba que no se tratan  de límites  dudosos, sino de la existencia de límites tradicionales.

El Cesar y el municipio de Valledupar  sostenían que de acuerdo al artículo 8 de la  Ley  1447 de 2011,  los limites existentes entre los dos departamentos eran dudosos por la  baja identificación de hitos o referentes cartográficos  del  deslinde y a la inexistencia de un acuerdo entre las partes.

Por su parte  el Departamento de La Guajira y el  Municipio de San Juan del Cesar, sostenían que  a la luz del artículo 6 de  la misma ley,  los límites existentes entre las entidades territoriales  debían ser considerados como tradicionales, es decir, que  han  venido siendo  reconocidos por la comunidad y las autoridades de los entes territoriales.  Esa postura que fue documentada dentro del proceso  con la tradición cartográfica, catastral, registral, descripciones contenidas en textos de geografía o estudios de reconocidos científicos de las   geociencias,  testimonios de miembros nativos de la comunidad, aspectos  ambientales, notariales, prestación de servicios públicos, salud, educación y construcción de obras públicas, existencia de corregimientos, inspecciones de policía, juntas de acción comunal y otras formas institucionales de ejercicio de competencias; así como la participación en el registro censal y en el censo electoral.

En esa oportunidad se dejó en claro que la discusión debía partir de la existencia de  límites “tradicionales”   y no del concepto de “dudosos”,  dado que  los límites vigentes estaban formalizados  desde 1976 cuando el IGAC los estableció en la cartografía oficial de Colombia.

Se esgrimió  que  entre 1985 y 1990 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC realizó y publicó de manera oficial  el estudio sobre la estructura urbano-regional del  país y  estableció  el ordenamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se legitiman los actuales  límites entre el Cesar y La Guajira. En el Proyecto Piloto de Ordenamiento Territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta, el IGAC adoptó como definición la siguiente: ” El ordenamiento territorial es el proceso integral para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos, teniendo en cuenta para ello los intereses y expectativas de los sectores sociales del territorio, con la finalidad de optimizar y armonizar su aprovechamiento, propendiendo por el desarrollo sostenible, la valoración del medio ambiente, el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de la población” (Paramo, 1993: 251).

Durante el  desarrollo de los  estudios técnicos del IGAC, la delegación  de La Guajira  reiteró  que no reconocían  elementos que generen dudas, controversias, diferendos,  ni conflictos  sobre los limites existentes, razón por la cual se requirió permanentemente la  ratificación de   los limites vigentes acorde con la cartografía oficial existente en el IGAC y que data de 1976.  Igualmente, solicitó que el trabajo debería  concentrarse en un esquema de compensación territorial para resolver la dependencia de los barrios El Perú, Baroblancal y el Campín, articulados al corregimiento de  Patillal (Cesar) y pertenecientes  a La Guajira.

El informe de Técnico del IGAG y el proceso de adopción  de nuevos límites

Carrizal- Foto cortesìa

En  el informe técnico  del 14 de junio de 2017,  el IGAC emitió  de manera definitiva  su informe  sobre los límites del Cesar y La Guajira, en el cual se anexa un proyecto de Ley para  su  formalización en el Senado. Allí   se reconoce que  los caseríos de Potrerito, Veracruz y Carrizal, hacen parte  del territorio del municipio de  San Juan del Cesar, La Guajira; mientras que los barrios El Perú, Baroblancal y El Campín, así como un área suficiente para su expansión, hasta el callejón Primer Rincón, pasan a pertenecer al territorio del corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar,  terrenos que le  fue compensado a La Guajira  en dos sectores del piedemonte de la Sierra Nevada.

Dado que después de un año la Comisión de Vigilancia del Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara  no se  pronunciaron  sobre el asunto, en consistencia con el artículo 10 de la Ley 1447 de 2011,  el IGAC  utilizó  dichas  competencias para  adoptarlos como límites provisionales en la cartografía  nacional, proceso que se cumplió y que  se encuentra disponible en las páginas web del DANE y del IGAC. Estos límites para que se puedan asumir  de manera definitiva, requieren  contar con el visto bueno y aprobación de parte del Senado de La República, proceso en el cual actualmente nos encontramos. E

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