Para evitar una tragedia en la cárcel de Riohacha Consejo de Estado confirmó sentencia de un Tribunal.

Para prevenir una tragedia al interior de la cárcel del Distrito de Riohacha, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,  confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira en la Acción Popular promovida por el abogado Luis Eduardo Acosta Medina,  cuando se desempeñaba como Procurador Judicial Administrativo, en contra del Ministerio de Justicia, el INPEC y el USPEC por violación de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, la seguridad pública y la construcción de la infraestructura y desarrollo urbano dando prevalencia al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la prevención de desastres técnicamente previsibles por falta de equipos especializados en la prevención y sofocación de incendios en ese establecimiento.

La única modificación que hizo el Consejo de Estado en su fallo de 39 páginas  a lo decidido por el fallador de primera instancia fue  que dispuso “Incluir al Tribunal Administrativo  de La Guajira como parte del Comité de verificación con la finalidad de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia”.

En su momento, Acosta Medina,   denunció que los internos y el personal de guardia y el administrativo de esa penitenciaria se encuentra sometido al peligro inminente de perecer en caso de un amotinamiento o cualquier incendio que allí se presente, y demostró en inspección judicial que el INPEC y el USPEC estaban sometiendo a los citados  a riesgos que no estaban en el deber de soportar, y puso como ejemplo lo sucedido en la cárcel modelo de la ciudad de Barranquilla,  donde decenas de internos perdieron la vida por no contar con ese sistema preventivo poniendo en peligro la vida de las personas que allí se encuentran.

El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016,  con ponencia de la Magistrada Nadia Benítez Vega, si bien libró de toda responsabilidad al Ministerio de Justicia y del Derecho,  le dio la razón al Abogado de Mongui declarando que la Unidad  de Servicios Penitenciarios del INPEC  al omitir dar cumplimiento a los requerimientos que le hizo el procurador judicial previamente a instaurar la Acción Constitucional para que instalara los equipos contra incendio violó el derecho colectivo a la seguridad pública y la prevención de desastres técnicamente previsibles y le ordeno, instalar Extintores con la última versión  de las normas de extintores portátiles NTC2885  y con las normas de extintores de fuego NFPA 10 en todas las puertas de evacuación.

Se ordenó además colocar sistemas de detección y alarmas de fuego, y dotar el establecimiento de un sistema de bocas de incendio  debidamente equipado con tomas de agua fija para bomberos  lo cual debía ser coordinado con el cuerpo de bomberos de la ciudad de Riohacha

Para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal se concedió un plazo de seis meses. Desde que el fallo fue proferido han transcurrido dos años sin que el demandado cumpla lo ordenado pero que deberá hacerlo esta vez obligatoriamente ya que al haberse resuelto la apelación confirmando lo ordenado, el USPEC a más tardar en el mes de junio debe cumplir totalmente lo que se le ordenó so pena de incurrir en desacato lo cual dará lugar al arresto de su representante legal a nivel nacional.

En la sentencia se ordenó la conformación de un Comité de Verificación del cumplimiento conformado por el Procurador 91 Judicial Administrativo,  comandante del  Cuerpo de Bomberos de Riohacha, la Defensora  del Pueblo y el Personero de Riohacha, que tiene la obligación de enviar al Tribunal un informe cada dos meses sobre el cumplimiento de lo ordenado hasta los seis meses que se le dio de plazo para ello a la Unidad de Servicios Penitenciarios.

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