“Frente a los grandes megaproyectos no hay nadie que haga un control”: director de la ANLA.

Fuente: El Espectador

Por ser un tema de interés general, compartimos con nuestros lectores la entrevista que el director de la ANLA, Rodrigo Súarez Castaño, concedió al diario El Espectador sobre el proyecto de Hidroituango.

Rodrigo Suárez dice que el reto frente al caso Hidroituango será establecer si el problema fue de geología, diseño o construcción. Quiere reunir un comité de expertos para analizar las posibles sanciones.

“Hay que eliminar la incertidumbre, trabajar más de cerca con las comunidades y los actores involucrados”, fue una de las primeras declaraciones que dio Rodrigo Suárez Castaño cuando aceptó la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en septiembre del año pasado. 

Incertidumbre en su máxima expresión es lo que tuvo que enfrentar esta semana ante la emergencia ambiental que se generó con el cierre de las dos compuertas de Hidroituango, el represamiento del río y la interrupción completa del caudal del río Cauca por cuatro días.

Suárez es ingeniero ambiental y sanitario, especialista en gestión pública e instituciones administrativas. Desde 2013 hasta 2016 se desempeñó como director de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente. En esta entrevista plantea que el país debe discutir cómo se deben monitorear las megaobras pues en este punto no existe ninguna entidad destinada para esa tarea. También apunta que ante una situación tan excepcional como esta no está del todo claro cuál debe ser la sanción adecuada. 

¿Se imaginó que tendría que enfrentarse a una situación de esa magnitud?

Yo sabía de las responsabilidades de la entidad. Pero dos cosas no me imaginaba. Una, que fueran todas en un mismo momento. Y la otra que encontraría dificultades administrativas. Apenas llegué me di cuenta que no teníamos recursos para pagar la nómina del año anterior. Además tenía que nombrar a 50 funcionarios nuevos de los 70 que tenía la entidad. Eso no lo calculé y ha sido un reto importante.

¿Cuál cree que es el antecedente más parecido en Colombia a esta situación de alto riesgo que estamos viendo con Hidroituango? 

Uno que no muchos tenemos presente pero ocurre casi a diario y son los actos terroristas sobre la infraestructura petrolera y la minería ilegal. Ahora que sobrevolé el río Cauca hasta Caucasia no se imagina el dolor que da ver la tierra devastada. En el caso de Hidroituango al menos tenemos herramientas administrativas para monitorear, establecer compensaciones y si es del caso sancionar. 

¿Qué tan frecuentes son esos atentados? 

Casi semanalmente hay un atentado contra la infraestructura petrolera y por cuestiones políticas, como la ruptura de los diálogos, se incrementan. Nosotros hacemos un seguimiento a eso pero a nadie le duele. Hoy todos nos acordamos del río Cauca, pero la minería ilegal también lo está destruyendo. La situación que enfrentamos con el caudal es algo mayor. Algo que no estaba en las cuentas de nadie, pasar a 50 metros cúbicos cuando el mínimo debe ser 450 metros cúbicos. En este caso estableceremos medidas pero lo otro es una devastación enorme y no hay responsable. 

¿Cómo fue esta semana de la contingencia en Hidroituango para usted? 

Mucha adrenalina. Comencé el lunes con desconcierto. La semana pasada tuvimos una reunión con EPM para que explicaran el plan de contingencia con mucho detalle, las acciones ante un cierre eventual de la otra compuerta. Se suponía que ese plan comenzaría a ejecutarse a finales de febrero; y lo que nos dijeron que lo más posible era que no tocaba ejecutarlo, cuando recibo una llamada a las 10 de la noche diciendo que cierran las compuertas al otro dia. Quede desconcertado y con poco margen de maniobra para movilizar el equipo a campo. Ahí viene un proceso de preocupación para organizar la logística, para que los profesionales de Anla estén en sus puestos y lleguen a tiempo a las poblaciones. Estos últimos días han sido de agradecimiento con el equipo de trabajo de la entidad. Ahora, con cabeza fría es cuando se deben comenzar a tomar decisiones. Hay una indignación de los colombianos frente a la situación y esperan una actuación de la autoridad inmediata, pero el marco normativo y el debido proceso establecen unos tiempos que no se articulan con el calor de las redes sociales. 

Foto Cortesía: El Colombiano

¿Qué tan cierto es que ustedes no sabían sobre el cierre anticipado de la segunda compuerta?

Está claro que los ingenieros tenían que llegar a casa de máquinas y eso implicaba el cierre de las dos compuertas. Cuando hicieron el cálculo de cerrar una compuerta, sabían que iban a estar por debajo de caudal mínimo, que es 450 metros cúbicos por segundo. Pero con información del Ideam, con bajas precipitaciones, se dan cuenta que eventualmente el río va a llegar con menos de 450. Por lo tanto, es imposible exigir ese caudal si el río no iba a tener ese caudal. Ahí se discute el cierre de la primera compuerta para quitar cierta presión a la presa y a casa de máquinas. Pero faltaba la segunda compuerta. Lo que se había discutido es que eso se hacía cuando comenzara a salir agua por el vertedero. En ese momento se hizo un seguimiento riguroso de caudales. en la página de nosotros tenemos tablero de control de caudales. Cuando vieron que iba a tardar en subir el nivel del embalse, se habló con la represa de Salvajina para que aportaran más agua y tener más caudal; propuesta que hicimos desde la ANLA. Considerando que podíamos tener una urgencia esa propuesta tomó vuelo y resultó posible. Hace 8 días en el Puesto de Mando Unificado, EPM nos presentó el plan de contingencia ante el cierre de la segunda compuerta pero nunca se dice que eso va a ser inmediato. Pedimos una reunión en la Anla a la que vinieron los gerentes ambientales de EMP y nos hicieron una explicación completa de las medidas de manejo. La conversación termina en que no están considerando que eso se cierre antes de finales de mes. Cuando me avisan el lunes a las 10 p.m me sorprende. 

Después de la emergencia de mayo de 2018, Anla le impuso una serie de medidas a EPM. ¿Se han cumplido o no?

Hemos venido sacando actos administrativos continuos. En enero teníamos unos 215 requerimientos, de los cuales unos 160 o 170 fueron cumplidos. Es un ejercicio dinámico. Este lunes hay otro. Obviamente vamos viendo que unos están cumplidos, otros incompletos y otros que no se cumplen. 

¿La Anla que usted recibió tiene la fuerza técnica para enfrentar esta emergencia?

Aquí hay varios aspectos. Si uno mira somos 73 funcionarios de planta.  Con abogados y contratistas somos cerca de 1.000. Bajo esa lógica es una entidad que requiere ser fortalecida. Mientras estábamos en contingencia esta semana nos reunimos con otras entidades para demostrarles que necesitamos más funcionarios. Pero los profesionales que están atendiendo Ituango son profesionales que le han puesto el alma a esta situación. Estuvimos trabajando hasta las madrugadas para definir procedimientos que vamos a hacer el lunes. El nivel de presión es alto y hay pocas entidades enfrentando situaciones similares. Enero y febrero han sido meses peculiares: crisis en el sitio de disposición de residuos de (El Carrasco)en Santander,  Ituango, atentados a infraestructura petrolera, radicación de solicitud para el proyecto de minería en Sotonorte y la evaluación del sendero de las mariposas en Bogotá.

Foto Cortesía: Revista Semana

Usted mencionó la posibilidad de retirar la licencia ambiental a Hidroituango. ¿Eso es posible? ¿Qué tan severa puede ser la ley colombiana en un caso como este?

He pensando mucho en esta situación. Colombia tiene un problema y es que frente a los grandes megaproyectos no hay nadie que haga un control. Los colombianos creen que es la Anla. Pero no está en nuestras funciones revisar materiales, los diseños, las mezclas de concreto o si el ancho de la presa es el adecuado. Eso no hace parte de nuestras funciones, por lo tanto no lo hacemos nosotros y no existe ninguna entidad nacional que lo mire. Por otro lado tampoco existe una entidad que gestione el recurso hídrico del agua embalsada. Esta es una discusión muy viva. Mire por ejemplo lo que ocurrió en este caso. EPM pudo soltar pulsos de agua desde las represas de los Porces sobre el río Nechí, a 200 km de Ituango. Pero si esas represas fueran de otra empresa le hubiera tocado hacer maniobras diplomáticas para lograrlo como ocurrió con la de Salvajina (Celsia y CVC).  Nadie hace una regulación integral de estos embalses. Por eso creo que hace falta adicional a la regulación ambiental, temas asociados de construcción y diseño de este tipo de obras. La gran responsabilidad recae sobre la licencia ambiental pero estamos ante una contingencia que tiene que ver con la construcción. 

¿Ha sucedido que se retire la licencia de un proyecto en marcha por incumplimiento de la misma?

Le solicitamos a EPM que a través de un tercero independiente, una firma internacional que no tenga ningún vínculo con EPM, se realice un peritaje. Eso fue hace seis meses. Se contrató a una empresa Suiza. Ellos tienen que entrar a casa de máquinas pero hasta ahorita apenas estamos obteniendo las primeras imágenes. Creemos que en tres o cuatro meses se tendrá el informe de toda la estructura y definirán si es viable.

¿Cuáles son los pasos que siguen en esta emergencia?

Me imagino que en cuestión de horas tendremos normalidad frente a caudal del río. En una o dos semanas deberíamos tener un establecimiento de unas compensaciones como resultado de las afectaciones que tuvimos estos tres días. EPM debe entregar información y estableceremos la sanción. Más adelante esperamos recibir el documento del peritazgo. Eso en el marco de la licencia ambiental. En el marco de gestión del riesgo si EPM ve que la estructura está bien, si la casa de máquinas está estable, cambiaria el nivel de alerta. Es lo que presumo. 

Foto Cortesía: Kien y Ke

¿Pero cuál es la máxima sanción que establece la ley colombiana si alguien por alguna razón seca un río temporalmente?

Estamos haciendo esa evaluación. Es algo nuevo. Le he pedido a la oficina jurídica tener un panel de expertos. De aquí en adelante se discutirá mucho si la sanción impuesta fue la adecuada. Esperamos que los que conocen el regimen de la norma imaginaron algo como esto. Queremos acercarnos a las personas que pensaron y redactaron el regimen sancionatorio ambiental colombiano. 

¿Esta situación era previsible como mucha gente cree? Dicen que las comunidades y algunas organizaciones sociales lo habían advertido. ¿Qué responde ante esa postura?

Si a uno le hablan de una hidroeléctrica, la primera consideración es que va a tener impactos y uno de ellos es la posible reducción de los caudales. Eso es lo que uno intuye como ciudadano normal. Sin embargo, lo que está en el marco de la licencia ambiental en este caso eran unos caudales mínimos de 450 metros por segundo lo que garantiza que eso no pasara. Frente a las fallas geológicas ahí está el reto como tal. Hay diferentes escuelas de ingeniería que usan factores de seguridad diferentes entre ellas. Por ejemplo, si hay una falla geológica los de una escuela podrán concluir que no se puede hacer la obra, pero otros dirán: ahí hay una falla y por lo tanto hay que hacer unas obras que se comporten de tal manera. Sin embargo, creo que ese documento de Skava, el chileno, nos dará muchas luces si el problema fue de geología, diseño o construcción. Ahí podremos aclarar qué ocurrió.

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