Siguen las amenazas a los líderes sociales en La Guajira

Las lideresas wayuu Debora Barros Fince, Leonor Viloria, y el lider Armando Valbuena miembro de la Organización Nacional Indìgena de Colombia -ONIC- fueron amenazados de muerte en hechos que investiga la Fiscalìa General de la Naciòn.

Debora Barros Fince

Debora Barros Fince, relató que en su vivienda en la ciudad de Riohacha, sujetos fuertemente armados intentaron asesinarla, pero se resguardó y logró salir ilesa.

Leonor Viloria

Leonor Viloria, fue perseguida por un vehículo cuando se movilizaba por la ciudad de Riohacha.

Armando Valbuena

Armando Valbuena, fue declarado objetivo militar por las llamadas Aguilas Negras, quienes a través de un panfleto que dejaron en su residencia le dieron 72 horas para que abandone su vivienda en el municipio de Manaure.

” Se conoció que Débora Barros y Leonor Viloria participaron de una protesta en el ICBF la semana anterior. Las autoridades investigan si la amenaza a Armando Valbuena tiene relación con ese mismo caso.

Ambas mujeres vienen apoyando las protestas sociales de sus comunidades, que tienen que ver con los programas que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, exigiendo conocer la forma como se escogen a los operadores, y la implementación de un enfoque diferencial.

También vienen denunciado el desplazamiento de las familias indígenas en varias zonas de La Guajira, lo que ha generado una serie de conflictos que requiere la intervención de la administración departamental, y del Ministerio del Interior.

La situación es calificada como delicada por las lideresas, quienes siguen en su lucha social pero con los miedos propios del ser humano pero también con la entereza para no dejarse intimidar.

La abogada Leonor Viloria, recordó que el año pasado fueron asesinados dos líderes sociales: Raúl Antonio Paz Jusayu, el 28 de noviembre en la vía Valledupar, y Luis Guillermo Pana, el 19 de diciembre de 2018.

“Dos meses dos asesinatos, y desde mayo anterior las amenazas, hostigamiento, y esto es preocupante”, dijo.

Expresó que las  amenazas contra ella, tiene que ver con el  proceso de acompañamiento a la defensa territorial en el municipio de Riohacha y otros , y ahora últimamente que participó acompañando  en el proceso de defensa ante el ICBF.

Soraya Escobar – Defensora del Pueblo

La Defensora

Soraya Escobar Arregoces, Defensora del Pueblo Regional Guajira, calificó como delicada la situación de los líderes sociales que vienen siendo objeto de amenazas e intimidaciones por personas desconocidas que actúan al margen de la ley.

Aseguró, que el tema pasó a manos del Defensor del Pueblo, quien ha solicitado a las autoridades competentes garantías de protección para los líderes sociales de La Guajira

La Defensora del Pueblo, dijo que formalmente se ha solicitado a la Subdirección de Protección que se evalué nuevamente el nivel de riesgo de las lideresas Débora Barros y Leonor Viloria, para que se tomen las medidas que sean necesarias para protegerlas.

Cabe recordar que de acuerdo a las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, 431 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

El  Ministerio Público, confirmó que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.

El objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Carlos Negret Mosquera- Defensor del Pueblo

“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado.  Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

En el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, también se encontró que de los crímenes ocurridos en 27 departamentos, se cometieron más en Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).

En cuanto a los municipios, los 30 con mayor número de homicidios corresponden igualmente a los departamentos con más altos niveles de ocurrencia de esta violación a los derechos humanos, entre ellos Corinto (Cauca), con 16 casos; Caloto(Cauca), con 13; Tumaco (Nariño), con 12, y Riosucio (Chocó), con nueve.

Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo verificó siete homicidios de líderes sociales en los primeros 8 días del año 2019, en Cauca (2), Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.