7 RAZONES QUE EXPLICAN LAS BRECHAS SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO

Por: Centro de Pensamiento Guajira 360°

Durante el primer cuarto del siglo XX, el país participó del modelo de crecimiento hacia afuera y La Guajira fue próspera con base en el activo comercio con las Antillas y la frontera venezolana. Desde Riohacha se exportaba café, palo de añil, carnes seca y pieles de ovinos y caprinos. En la ciudad se exportaba para vivir. Al ingresar a la fase de crecimiento hacia adentro, caracterizada por la sustitución de importaciones y promoción de exportaciones entre 1930 -1980, la acción del Estado nacional se concentró en los centros de demanda interna del mediterráneo colombiano y el comercio que se practicaba desde la península con Venezuela y las Antillas, fue asimilado y penalizado como contrabando. A partir de allí, solo las bonazas del café, azúcar y la marihuana permitieron la generación de los ingresos para la sostenibilidad económica de los hogares.

En el suelo y subsuelo guajiro se encuentran diferentes recursos naturales, entre los cuales se destacan la sal, el gas y el carbón, recursos que le permitieron al departamento ingresar al modelo de desarrollo económico nacional. La sal se ha venido explotando de manera mixta desde los años sesenta, parte de la producción se realiza artesanalmente y otra, con producción industrial. La extracción del gas se inició en la segunda mitad de la década de los setenta y el carbón en la segunda mitad de los ochenta.

Con el ingreso a la explotación masiva de los recursos naturales, La Guajira transformó su estructura productiva e inició su proceso de dependencia de la minería, la cual representa el 44,9% del PIB regional durante el 2016, Tabla 1. Una de las manifestaciones ha sido la transferencia de regalías a los municipios productores y a la gobernación de La Guajira, que entre 1990 y 2011 se estiman en $ 6 billones a precios del 2008 y están recibiendo $ 2.8 billones adicionales, para la ejecución de proyectos de desarrollo entre el 2012 y 2018. Gráfico 1.

Durante el desarrollo de la economía  con base en la minería, los recursos  de regalías han  estado disponibles en  la agenda del desarrollo regional y  usados de manera complementaria a los obtenidos con el Sistema General de Participaciones, sin embargo, muy a pesar de los montos,  las brechas sociales existentes con los departamentos de la región y el resto del país no ceden y en algunas dimensiones del desarrollo social  se han vuelto críticas. La mortalidad de niños menores de 5 años, por causas asociadas a la desnutrición, es una de ellas.

Los indicadores sociales y económicos reflejan que una gran parte de la población no tiene acceso a los servicios básicos brindados por el Estado (educación, salud, nutrición, agua, saneamiento básico y vivienda), especialmente,  en los territorios étnicos. La desconexión espacial entre la alta Guajira  con el resto del departamento y el país, sumada a la dispersión de sus asentamientos,  dificulta  el acceso  a  ellos  por parte de las comunidades, revelando  una situación generalizada de déficits de derechos y lo difícil que puede resultar cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

En La Guajira el 52,6% de la población se encuentra en condiciones de pobreza monetaria, mientras que el promedio del país está en 26,9%. La desigualdad no se disminuye, el coeficiente de Gini se situó en 0,553 durante el 2017. La más reciente tasa de desempleo la ubica con 15.3% y en el país es del 11.8%. La informalidad laboral ha crecido a 66.1% y la nacional se encuentra en 48,2%.  En la tabla 2 se pueden evidenciar las magnitudes de las brechas sociales existentes respecto a la  región Caribe y a la nación.

El Índice de Pobreza Multidimensional de la zona rural dispersa estimado por el Censo Nacional Agropecuario en 84,6%, muestra la precariedad en que viven en mayor medida a las comunidades indígenas que se encuentran en los territorios étnicos de la Alta y Media Guajira, en donde el 37.4% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir y solo el 17,1% de los niños menores de 5 años asiste a una institución de atención de la infancia. 

Las coberturas de acueducto y alcantarillado no avanzan con la velocidad deseada. En el 2016 las coberturas de acueducto en La Guajira fueron del 80% a nivel urbano y 26% en la parte rural. Ello implica que en la zona urbana existen cerca de 111.000 personas y 342.000 adicionales en la parte rural, que no acceden a los acueductos municipales o reciben un servicio discontinuo, por lo que no tienen garantizado su derecho al agua.

Igualmente, en el 2016 las coberturas de alcantarillado fueron de 82% urbano y 9% en lo rural. Ello significa, que 100.000 personas en la parte urbana y 420.000 en la parte rural no acceden a los sistemas de alcantarillados municipales o a sistemas alternativos de disposición de excretas.

En conclusión, las brechas existentes, se han venido configurando por las siguientes razones:

  1. El “síndrome de vació” asociado a la baja presencia del Estado nacional que no ha podido integrar suficientemente al departamento, instituciones y comunidades.
  2. Las políticas públicas han sido sectorial y regionalmente concentradas y desde ella no se le ha impactado con suficientes externalidades para que el mercado nacional se expanda en todo el territorio y se aproveche su posición geoestratégica.
  3. Por los altos niveles y condiciones de pobreza de la población, La Guajira se percibe más rural que urbana, pero las inversiones sociales son más urbanas que rurales.
  4. Por ser intensivos en capital los proyectos extractivos las mayorías de las transacciones por requerimientos y servicios se hacen con el exterior.
  5. La existencia de barreras interculturales y deficiencias educativas por la baja pertinencia en la formación del recurso humano.
  6. La disponibilidad de recursos económicos en los municipios productores, no ha estimulado la capacidad de recaudación de tributos en aras de obtener financiación adicional para la sostenibilidad de las inversiones con regalías e intervenir otros sectores del desarrollo social.
  7. Las instituciones de la región y las municipalidades, no cuentan con las suficientes fortaleza y calidad, que les permitan administrar con eficiencia y eficacia los recursos generados desde la industria extractiva.

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