Defensora del Pueblo solicitó investigar a alcaldes de La Guajira.

La Defensora del Pueblo Soraya Escobar, solicitó formalmente al Procurador Regional de La Guajira, investigar la conducta de once alcaldes que no le entregaron información requerida sobre las medidas adoptadas  para proteger a los menores de edad, y evitar que sigan muriendo por desnutrición, y que tienen que ver con la sentencia T 302 de 2017 donde la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional  en La Guajira.

“Queremos dejar evidencia que no nos están respondiendo y estamos haciendo mano de las herramientas que tenemos para proteger los derechos de nuestra población guajira”, dijo.

La funcionaria explicó que la solicitud está fundamentada en la ley 24 de 1.992,  que crea a la Defensoría y en su artículo seis dispone que las instituciones públicas que de forma negligente no presenten los informes que se les  solicite y que esa negativa retrase la función que deben cumplir la institución a su cargo es causal de mala conducta y tiene como consecuencia la destitución del cargo.

En ese mismo sentido, la defensora del Pueblo Soraya Escobar, manifestó su inconformidad por el poco interés de los alcaldes en entregar la información que se les está requiriendo toda vez que le corresponde hacer seguimiento a las decisiones que han asumido para garantizar la vida de los niños y niñas.

“Si he estado molesta porque eso entorpece nuestra función, y nuestra función  del lado de la población es garantizar esos derechos esa es la función primordial de la Defensoría garantizar que las instituciones encargadas de velar porque se protejan los derechos ejerzan su labor”, expresó.

La Defensora del Pueblo, Soraya Escobar dijo también que los municipios que no entregaron la información solicitada fueron Riohacha, Uribia, Albania,  Hatonuevo, Barrancas, Distracción, San Juan, Urumita, La Jagua, El Molino, Villanueva.

En tanto los alcaldes de Maicao, Manaure, Fonseca y Dibulla, además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guajira, si entregaron el informe requerido.

“Cada niño que muere en La Guajira es un niño que la población siente, y estamos bajo la vigencia de la sentencia T 302 que declaro el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, precisamente por la muerte de nuestros niños y por la desatención que hay en la zona rural del departamento”, puntualizó la funcionaria en el marco del Consejo de Política Social que se realizó la mañana de ayer en el Centro Cultural.

El Procurador

William Millan Procurador Regional de La Guajira, confirmó que estará investigando la conducta de los alcaldes que no entregaron la información solicitada por la Defensora del Pueblo, Soraya Escobar, porque como representante de la ciudadanía no puede pasar desapercibida una situación como la presentada.

“La Procuraduría va a actuar como corresponde, no vamos a tener ningún tipo de contemplación frente a este tipo de actitudes, y no estoy prejuzgando, vamos adelantar las acciones disciplinarias que correspondan, investigaremos respetando las garantías procesales,  el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y si corresponde de acuerdo a las pruebas que recaudemos imponer las sanciones las vamos a imponer sin ningún tipo de contemplaciones”, precisó.

Recordó que los  derechos de los niños están por encima, y es un mandato constitucional que todo servidor público está en la obligación de acatar como debe ser.

“Este no es un acto social, es un llamado que hace la Procuraduría de atención a los servidores públicos, este es un evento en donde se está tratando nada más y nada menos que los derechos fundamentales de los habitantes de esta región tan sufrida  pero especialmente lo que concierne a los derechos de los niños”, expresó.

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