No hubo daño patrimonial en contrato de magacolegios

Antonio Avila Chassaigne

La Contralorìa General de la Repùblica, archivò la investigaciòn que seguìa contra la firma contratista Avila SAS y H&H Arquitectura S.A, al determinar que no incurriò en ningùn daño patrimonial al Estado porque ejecutò y cumpliò a cabalidad con los terminos del contrato 770 de 2009, que tiene que ver con la ejecuciòn de estudios tècnicos, diseño, construcciones, nuevas ampliaciones y mejoramiento de la infraestructura educativa de La Guajira.

La investigación fue declarada de impacto nacional, por el hoy ex Contralor General, Edgardo  Maya Villazón, quien conformó un grupo especial de investigadores de esa entidad en la ciudad de Bogotá  quienes se dieron a la tarea de conocer los detalles de la contratación, revisando minuciosamente toda la documentación, y visitando cada uno de los colegios intervenidos en los diferentes municipios.

Carmenza Avila Chassaigne

La  firma logró demostrar al entregar toda la documentación requerida que habían actuado apegados al cumplimiento de la ley,  y que no era cierto que los precios contratados superaban los precios oficiales de la administración departamental en el 2009, según denunció el arquitecto, Manuel Luís Ballesteros Chassaigne.

Según el organismo de control, no existió daño patrimonial al Estado, porque no se observa lesión al patrimonio público representado en deterioro de los bienes o recursos públicos.

En el fallo  se indica “no hay un solo ítem de la propuesta del contratista que se encuentre por encima de los precios oficiales, incluso hay 140 items que están por debajo de los precios oficiales de la gobernación de La Guajira”.

Enrique Avila Chassaigne

En el desarrollo de la investigación, quedò claro que tampoco existieron daños en relación a la devolución de impuestos, tasas y contribuciones dentro del contrato.

La Contraloría determinó que los gastos de legalización del contrato de obra pública No. 770 de 2009, celebrado con la Unión Temporal del Norte, no fueron pagados con los dineros públicos entregados a este por concepto de anticipo, sobre lo cual indicó: «En los folios 5564-5569 se observa copia de las constancias de ingresos Nos. 1862 y 1863de la Gobernación de la Guajira, de fecha 14 de diciembre de 2009 (fecha anterior al desembolso del anticipo) donde consta el ingreso del pago de las sumas correspondientes por publicación la Gaceta Departamental y pago del impuesto de timbre Nacional. De igual manera se observa a folios 5565-5568 los comprobantes de consignación de cheques a la cuenta del banco Bogotá No. 530276740 del Departamento de la Guajira, mediante los cuales se consignó el dinero pagado por concepto de impuesto de timbre y publicación de la gaceta.

Sobre el tema de los rendimientos financieros, la Contraloría General, precisó que  en el expediente reposan las pruebas que indican que los rendimientos financieros generados del anticipo fueron devueltos por el contratista, y sumado a esto el informe técnico rendido por el contador permitió concluir que: «…Los rendimientos reportados y devueltos por parte del Contratista al Departamento de la Guajira, suman Setecientos Noventa y un Millones Seiscientos Siete Mil Quinientos Siete Pesos ($791.607.507.00 m/cte), que fueron consignados a la cuenta corriente N° 530-26596-6 del Banco de Bogotá, a nombre del Departamento de la Guajira, denominada FIDUBOGOTÁ E.F. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En el documento, se establece también que verificada  la información està  probado  que la suma de $ 265.420.000 se gastó en la ejecución de los primeros 7 meses del proyecto, tal como se indica en el plan de inversión del anticipo y como se observa en el cronograma (folio 5810), pues los costos administrativos de la etapa de diseño estaban incluidos en la oferta irrevocable que ejecutó la sociedad Avila Ltda, la suma prevista como costos administrativos dentro del plan de inversión del anticipo se usó para costos de personal, transporte y otros costos de administración, relacionados con el contrato, razón que se desestima como daño.

“No se observa lesión al patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos y fines esenciales del Estado”, se indica en el fallo.

Los hermanos Avila Chassaigne, esperan salir airosos de la investigaciòn que le sigue la Fiscalìa General de la Naciòn, toda vez que lograron demostrar en la Contralorìa General, que ejecutaron a cabalidad el contrato, y que las obras estàn a la vista de la comunidad, ejecutadas de acuerdo al contrato que se suscribiò con la gobernaciòn de La Guajira.

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