Tres mil millones de dólares deben devolver a la Nación

Abogado: Luis Eduardo Acosta Medina

Al declarar nulo un concepto de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional, por el cual se conceden exenciones tributarias especiales a las empresas que realizan actividades de explotación de recursos naturales no renovables,  el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, ordena se devuelvan a la Nación tres mil millones de dólares.

La decisión tiene que ver con un fallo de la magistrada ponente, María del Pilar Veloza, en respuesta a una acción popular contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, interpuesta por el abogado Luis Eduardo Acosta Medina, el 12 de diciembre de 2012, quien para la época de los hechos ejercía como Procurador Judicial para Asuntos Administrativos.

De acuerdo al abogado, por un concepto emitido por la Oficina Jurídica de la DIAN, se violaron los derechos colectivos a la Defensa del Patrimonio Público y la Moralidad Administrativa, no solo por parte de la Dirección de Impuestos Nacionales por exonerar del pago de impuestos autorizando que se descontaran lo que pagaron por regalías, sino también  por el Ministerio de Minas y Energía por omitir su deber de vigilar que a La Nación se le pagara lo que legalmente  correspondía violàndose la Constitución y la ley al hacer extensiva a todas las empresas una gabela que solo se podía otorgar a las empresas estatales.

En el fallo, se ordena a la Dian, efectuar una liquidación que determine con claridad el monto de los recursos que ha dejado de percibir la Nación durante la vigencia del concepto tributario 015766 del 17 de marzo de 2005.

Ademas del registro de La información que establezca cual sociedades o personas sujetas al derecho privado obligados al pago de regalías por explotación de recursos naturales no renovables, se beneficiaron de las disposiciones del artículo 116 del Estatuto Tributario para organismos descentralizados durante la vigencia del concepto tributario citado.

Como también de todas las personas de naturaleza jurídica privada que se han beneficiado de la deducción prevista por el artículo 116 del Estatuto Tributario acogiendo lo dicho en el concepto Tributario 015766 del 17 de marzo de 2005, para adelantar los procedimientos para la recuperación de los activos del patrimonio público amparado en los términos de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción con el fin de pagar al Estado los recursos tributarios del impuesto de rentas dejados de percibir por la expedición de dicho concepto, según corresponda en cada caso particular.

El abogado Luis Eduardo Acosta Medina, explicó que el artículo 116 del Estatuto Tributario,  dispuso que “Los organismos descentralizados obligados al pago de Regalías por explotación de Recursos Naturales no renovables, podían descontar dichos valores pagados del impuesto de renta que le correspondiera cancelar, lo cual dice, es un artículo con nombre propio, “para CARBOCOL” que era entonces socia  de Intercor  considerada como una empresa Estatal.

“La Oficina Jurídica de la DIAN, al resolver una consulta de Asomineros, conceptuó que esa exención se hacía extensiva a todas las empresa que explotan recursos naturales no renovables, lo que consideró como un prevaricato”, dijo.

El abogado, Luis Eduardo Acosta Medina, dijo que después de estudiar el tema presentó la Acción Popular, que fue fallada por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, con ponencia de la Magistrada María del Pilar Veloza, en esa providencia de ciento dieciocho páginas, la togada hizo un extenso análisis del asunto,  y le dio la razón declarando que con esa exención se violaron los Derechos e intereses colectivos de la Defensa del Patrimonio Público Administrativa,  previstos por el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, porque con ese concepto sin ser procedente la Oficina Jurídica de la DIAN,  modificó el Estatuto Tributario lo cual solo se podía hacer por la ley.

Para destacar, que en la contestación de la demanda, las empresas además de manifestar que el Doctor Luis Eduardo Acosta estaba equivocado, pidieron que se rechazara porque en el Consejo de Estado ya estaba en trámite una demanda de nulidad contra el mismo acto de exención.

Sobre esa situación, se conoció que el Tribunal ofició al Consejo de Estado,  y pudo verificar que quien primero presentó una acción legal fue el abogado Luis Eduardo Acosta Medina, quien lo hizo un año antes que Jorge Robledo, Álvaro Pardo,   con unas pretensiones mucho más ambiciosas al solicitar que se le reintegren al Estado más de tres mil millones de dólares ilegalmente dejados de pagar al erario público , por esa razón la magistrada admitió la acción y continuó el proceso que contiene más de ochocientos cientos folios.

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