Presunto daño fiscal detectó Contraloría General en represa del Ranchería

Fotos: Betty Martínez Fajardo

La Contraloría General de la República, alertó sobre un presunto daño fiscal por valor de 637 mil millones de pesos, en el proyecto de la represa del río Ranchería, porque no se ha cumplido después de 13 años los objetivos de la obra.

De acuerdo al ente de control, la suma equivale al valor de la construcción de la Presa «El Cercado» de la fase 1 que incluye las lineas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan, que aún no se construyen.

En la investigación de la Contraloría, quedó claro que las obras contratadas fueron ejecutadas con costos superior a los previstos inicialmente, sin que se lograra el objetivo inicial definido.

Según una Auditoría de Cumplimiento al proyecto, la única función que hoy cumple es regular el caudal del Río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país, como eran el suministro de agua potable a 9 municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como la construcción de los distritos de riesgo y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.

El informe de auditoría realizado por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, señala lo siguiente:

“…se observa que, si bien se cumplió con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato de obra 140 de 2001, se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto, para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del río”.

Además, la CGR manifestó su preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garantice la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria.

Más de $470 mil millones de mayores costos*

El costo total ejecutado en la realización de los diseños detallados del Proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, incluida la interventoría, fue de $637.369.4 millones de pesos.

Dicho valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría.

Así mismo, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra; y de 72 meses a 106 meses y 27 días para interventoría.

La Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Represa Río Ranchería determinó también un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, relacionado con las gestiones adelantadas para garantizar el cumplimiento del proyecto.

En el Documento Conpes 3362 de 2005, se estableció que los diseños de los sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial, quedarían disponibles, para que otras instituciones públicas y/o privadas llevaran a cabo su construcción.

No obstante, se observó que si bien se adelantaron algunas contrataciones por valor de $10.983,7 millones de pesos, tendientes a dar continuidad a la Fase II del proyecto, las mismas no fueron eficientes ni eficaces, para lograr los resultados esperados.

Para la Contraloría, se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad.

Otro presunto hallazgo con incidencia disciplinaria tiene que ver con los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la Comunidad Wayúu, considerando que:

“Las acciones adelantadas por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayúu asentadas en las zonas rurales de la alta y media Guajira, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, no han solucionado de forma definitiva esta situación; circunstancia que está afectando los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad Wayúu, así como los deberes en la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, por parte de los entes competentes”.

De igual modo, se identificó un hallazgo con incidencia disciplinaria, correspondiente a la falta de cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de los niños y niñas Wayuu, dirigidas a encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población vulnerable.

En concreto, si bien la CGR reconoció las acciones que se han intentado con este propósito, hizo un llamado de atención a la Cancillería para que efectué un seguimiento a las medidas ordenadas, lo que debe implicar un esfuerzo por monitorear a las diferentes entidades estatales involucradas en esta materia, convocando y coordinando las reuniones que sean del caso.

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