Consejo de Estado confirma sentencia que rechazó tutela contra la empresa Promigas

Consejo de Estado confirma sentencia que rechazó tutela contra la empresa Promigas

Han pasado 17 años y todavía los habitantes de Riohacha, recuerdan como todos corrían de un lugar a otro huyendo de las llamas que provocó la explosión de un tramo del gasoducto que transporta el gas desde Ballenas a las demás ciudades de la Costa Atlántica en el sector del Patrón, y que dejó como saldo siete personas muertas entre ellas cuatro menores de edad. La tragedia además de enlutar a las familias de los fallecidos, generó perdidas económicas en los dueños y concesionarios de dos emisoras radio Almirante y Ondas de Riohacha. Los afectados en el año 2002 interpusieron una acción de grupo contra la empresa Promigas.

Diecisiete años después, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta del Consejo de Estado, confirmó la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por la sección segunda del mismo organismo que rechazó por improcedente la solicitud de amparo a una acción de tutela interpuesta por la empresa Promigas contra el Tribunal de La Guajira, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, al ordenarles el pago de perjuicios a las víctimas de la explosión del gasoducto Ballenas- Barranquilla en el sector del Patrón en Riohacha.

De acuerdo, al magistrado ponente Milton Chávez García,  advierte que lo alegado por la actora en  el proceso de la acción de grupo no puede ser objeto de estudio de nuevo en acción de tutela, toda vez que a la fecha cuenta con otros mecanismos de defensa judicial en curso por lo tanto la sala confirmará el fallo del 12 de diciembre de 2017, proferida por la sección segunda, subsección A del Consejo de Estado.

En el estudio de la impugnación de la tutela, la sala indicó que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial, dado que el proceso de acción de grupo se encuentra en estudio para eventual revisión al despacho del Consejero de Estado Alberto Yepes, y además contra la sentencia atacada en el presente amparo, fue interpuesto un recurso extraordinario de revisión que se encuentra en trámite al despacho del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas, momento  en el que analizará de nuevo la providencia.

En el fallo, se establece por ejemplo, que la inconformidad de la empresa demandante, en este caso Promigas, radica en que no se tuvo en cuenta ciertas consideraciones como el régimen de responsabilidad que debió ser aplicado en razón a que estando involucrada una entidad particular el proceso debió ser conocido por la justicia ordinaria.

Además que no fueron analizadas las causales eximentes de responsabilidad como la causa extraña por el hecho exclusivo de un tercero y la culpa exclusiva de las víctimas. –Omisión de la solicitud de llamamiento en garantía a los coautores de un daño extracontractual (Nación-Ejército Nacional y municipio de Riohacha).

En ese sentido, se indica que los argumentos fueron alegados por la parte actora en el recurso de apelación de la acción de grupo ya fueron debatidos en el trámite de dicho proceso, y también fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de La Guajira en providencia del 25 de mayo de 2017, siendo presidenta para esa fecha, Carmen Dallys Argote.

En ese momento, el Tribunal argumentó, que aunque el hecho determinante –explosión del gasoducto-, proviene del actuar de un tercero, este no fue absolutamente imprevisible para Promigas, porque la empresa podía suponer que las instalaciones del gasoducto podría ser objeto de ofensivas por los grupos al margen de la ley, no solo porque parte del ducto ya había sido objeto de ataques, a la altura del municipio de San Juan del Cesar, o el que tuvo lugar en Arroyo Piedra, corregimiento perteneciente al municipio de Luruaco en el departamento del Atlántico, entre otros, y que propició un Consejo de Seguridad entre las autoridades y la Fuerza Pública del Departamento de La Guajira, a efectos de articular esfuerzos para mitigar los mismos, sino porque en realidad la conmoción de orden público para la época del insuceso se constituía en altamente factible la consecución de tan lamentables actos.

Expresó la Magistrada Dalis Argote, en su momento, que le estaba dado entonces a Promigas, adoptar las medidas eficaces y conducentes en aras de evitar ser cobijadas por esos hechos, por ejemplo, pedir la protección y vigilancia permanente del punto sensible del ducto.

Cabe recordar, que en el año de 1.976, la Nación-Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Promigas S.A.S E.S.P, suscribieron un contrato de concesión con el fin de ejecutar un gasoducto entre La Guajira y Barranquilla.

El 21 de Octubre, como consecuencia de un ataque terrorista hubo una explosión en el sector de El Patrón del Gasoducto Ballenas-Barranquilla, operado por Promigas, la cual provocó daños a la población civil cercana.

El 10 de agosto de 2.002, fue presentada una acción de grupo contra la Sociedad Promigas, y el Ministerio de Minas y Energía, con el fin que se les ordenara indemnizar al agrupo afectado por los perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de la explosión.

En sentencia del 26 de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha, accedió parcialmente a las pretensiones, y declaró patrimonialmente responsable a Promigas y al Ministerio de Minas y Energía por los hechos ocurridos y ordenó el pago de perjuicios, decisión que fue apelada y el Tribunal Administrativo de La Guajira, en sentencia del 25 de mayo de 2017, la confirmó.

El fallo lleva la firma de los magistrados, Milton Chávez, Stella Carvajal Basto, Julio Piza Rodríguez, y Jorge Ramírez Ramírez.

 

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