Caso de indígena acusado de narcotráfico se analizará de acuerdo al Sistema Normativo Wayuu.

Magistrado Juan José CantilloPushaina

El acusado se sometió a la Jurisdicción Especial para La Paz

Caso de indígena acusado de narcotráfico se analizará de acuerdo al Sistema Normativo Wayuu.

Por: Betty Martínez Fajardo

La Jurisdicción Especial para la Paz, reconoce la importancia del pluralismo étnico, cultural y jurídico y por tanto la necesidad de coordinar sus actuaciones  con la jurisdicción especial indígena, de acuerdo con su derecho ancestral y ley de origen, por eso el Magistrado de la Sala de Amnistía o indulto, Juan José Cantillo Pushaina, remitió a la sección de Revisión del Tribunal para la Paz, el caso del señor Irguis José Fontalvo Peláez, vinculado a un proceso de extradición por parte de Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

El Magistrado, reconoció en el caso objeto de análisis, la importancia del Sistema Normativo Wayuu, para que se pueda estudiar en el entendido que Irguis José Fontalvo Peláez, es miembro del pueblo wayuu, y se sometió voluntariamente a la jurisdicción especial para la Paz.

Cabe destacar, que la JEP ejerce sus funciones de manera autónoma, preferente y prevalente sobre las conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Así mismo, absorbe la competencia exclusiva de las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas sobre dichas conductas.

En ese sentido, el despacho del Magistrado, explica que según el inciso 5 del artículo 19 transitorio del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2017, la JEP tiene competencia para resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición, es decir el texto constitucional le otorga la facultad de analizar asuntos sobre extradición que sean de su conocimiento y de esa manera garantizar su prohibición.

También resalta el artículo 246 de la Constitución Política,  que establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán establecer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a la disposición y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

 

El caso

El caso tiene que ver con una solicitud de Sandra Cifuentes Osorio, esposa de Irguis José Fontalvo Peláez, en donde se establece que las autoridades del resguardo de la Alta y Media Guajira, solicita que se le reconozca su condición de indígena, y se acoja la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se da la supremacía a la jurisdicción indígena para juzgar a sus miembros.

En los antecedentes procesales, se encontró que revisado preliminarmente el sistema de información de la JEP se verificó radicado de fecha 18 de mayo de 2018 con solicitud de no extradición del señor Irguis José Fontalvo Peláez, además de dos solicitudes adicionales donde se busca que se le reconozca su calidad de indígena, bajo los radicados 20181510125942 y 201815101255972, dirigidos directamente a las magistradas Belkis Izquierdo y Ana Manuela Ochoa.

Sin embargo, revisados los sistemas públicos de información de la rama judicial, se encontró que existe un concepto favorable al trámite de extradición proferido por la Corte Suprema de Justicia del 4 de abril de 2018, “en la nota verbal 1580 del 5 de septiembre de 2014, la representación diplomática del país requirente solicitó la detención preventiva con fines de extradición del señor Irguis José Fontalvo Peláez, quien es solicitado para que comparezca a juicio por delitos federales de narcóticos, ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida “.

Las declaraciones procesales fueron devueltas al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Además consultada la página web del INPEC, se estableció que Fontalvo Peláez, se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

El magistrado de la Sala de Amnistía o Indulto, el abogado wayuu, Juan José Cantillo Pushaina,  consideró necesario efectuar la comunicación de la resolución a la autoridad tradicional “Alaulayuu” de la comunidad Mañatuy vía Poportin del resguardo de la Alta y Media Guajira, la cual deberá efectuarse por intermedio de la Secretaria de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia, de acuerdo con el Sistema Normativo wayuu, es decir, a través de un Palabrero, como autoridad moral de la etnia.

A su vez, a título informativo se comunicará a la Junta Mayor Autónoma de Palabreros, responsable de la actual formulación del Plan Especial de Salvaguardia.

 

 

 

 

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