En La Guajira aumenta muertes de niños por desnutrición.

 Foto: cortesía Javier Rojas

El Instituto Nacional de Salud, confirmó que a la semana epidemiologica 22, las entidades territoriales de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, presentan un incremento estadisticamente significativo en la notificación de muertes por y asociada a desnutrición en menores de cinco años en comparación con el promedio de notificación  de los años 2014 a 2017, mientras que las entidades territoriales de Magdalena, Tolima, Caquetá y Córdoba presentan una disminución  significativa en relación a los mismos años.

Ayer el líder wayuu, Javier Rojas, a través de sus redes sociales, denunció la muerte de un niño de dos años en el corregimiento de Musichi, zona rural del municipio de Manaure.

«Siguen muriendo nuestros niños de hambre y sed», dijo en su cuenta de twitter.

Para el líder, el incumplimiento de las medidas cautelares, decretadas por la Organización Interamericana de Derechos Humanos, por parte del gobierno nacional, la administración departamental de La Guajira, y los entes territoriales, es una de las causas para que los menores sigan muriendo por desnutrición.

En La Guajira, en lo que va corrido de este año han muerto 28 menores por desnutrición, de acuerdo a los reportes que manejan los medios de comunicación. La Administración Temporal del sector Salud, no entrega ningún tipo de información sobre la situación de los menores wayuu que continúan desprotegidos por que las autoridades no les garantizan el derecho a la vida.

Según el reporte del Instituto Nacional de Salud, a semana epidemiológica 22 de 2018 la tasa de mortalidad por desnutrición nacional es 2,1 por 100.000 niños menores de 5 años

Explicaron que para esa misma semana se notifican al Sivigila dos casos de muerte probable por y asociada a desnutrición en menores de cinco años; en la misma semana de 2017 se notificaron seis casos. Los casos corresponden a muertes por diferentes patologías que registran desnutrición como uno de los
diagnósticos. A la fecha, han ingresado al sivigila 129 casos de muertes probables por y asociadas a desnutrición, de las cuales 19 casos fueron descartados por unidad de análisis; a la fecha se
encuentran en estudio 110 casos de muerte probable por y asociada a desnutrición para su clasificación final y para definir la causa de muerte.

 Foto: Betty Martínez Fajardo

Sobre esos mismo hechos, la Corte Constitucional, en sentencia T-302 de 2017, tuteló los derechos a la salud, el agua potable, a la alimentación y seguridad de los niños y niñas del pueblo wayuu en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, y confirmó en todas sus partes el fallo del 27 de julio de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia del 1 de marzo de 2016, emitida por el Tribunal Superior de Riohacha.

En  el artículo segundo,  la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional  en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable, y a la participación de niños y niñas del pueblo wayuu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del gobierno nacional, del departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.

Ordenó además que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la superación del Estado de cosas inconstitucional, además que se garantice los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu.

En ese sentido, la Corte Constitucional, ordenó también al gobierno colombiano, al departamento de La Guajira, y a los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, que cumpla los objetivos mínimos constitucionales que garanticen que los niños y niñas del pueblo wayuu, gocen de manera  efectiva de los derechos a la alimentación, salud, y agua potable.

Para ello, estableció que las acciones que se propongan deben ser concretas, observables y corresponder a hechos materiales y  resultados en terreno.

 Foto: Betty Martínez Fajardo

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