Corte Constitucional tuteló derechos de niños y niñas wayuu

Foto: Betty Martínez Fajardo

La Corte Constitucional, en sentencia T-302 de 2017, tuteló los derechos a la salud, el agua potable, a la alimentación y seguridad de los niños y niñas del pueblo wayuu en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, y confirmó en todas sus partes el fallo del 27 de julio de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia del 1 de marzo de 2016, emitida por el Tribunal Superior de Riohacha.

En  el artículo segundo,  la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional  en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable, y a la participación de niños y niñas del pueblo wayuu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del gobierno nacional, del departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.

Ordenó además que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la superación del Estado de cosas inconstitucional, además que se garantice los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu.

En ese sentido, la Corte Constitucional, ordenó también al gobierno colombiano, al departamento de La Guajira, y a los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, que cumpla los objetivos mínimos constitucionales que garanticen que los niños y niñas del pueblo wayuu, gocen de manera  efectiva de los derechos a la alimentación, salud, y agua potable.

Para ello, estableció que las acciones que se propongan deben ser concretas, observables y corresponder a hechos materiales y  resultados en terreno.

Plantean que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior de Riohacha, no deben admitir acciones reglamentarias o de planeación que no tengan un complemento claro de implementación en el terreno. Tampoco deben admitir acciones formuladas exclusivamente con verbos abstractos o aspiracionales como articular, coordinar, promover, fortalecer o mejorar, pues se responden más a objetivos que a acciones.

La Defensoría del Pueblo, es la entidad responsable para el seguimiento y acompañamiento permanente de la construcción y ejecución del o los planes que se formulen de acuerdo con la sentencia, para lo cual deberá ejercer todas las facultades constitucionales y legales con las que cuenta la entidad.

Fotos: Betty Martínez Fajardo

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