Fabio Velásquez regresará nuevamente a la alcaldía de Riohacha

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, ordenó la suspensión provisional de los fallos disciplinarios emitidos por la Procuraduría Segunda Delegada para la contratación estatal por medio del cual el demandante Fabio Velásquez Rivadeneira, en calidad de alcalde Distrital de Riohacha, fue sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por doce años.

Las magistradas advirtieron que la medida tutelar surtirá efectos hasta que exista pronunciamiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sede ordinaria sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados.

En el fallo, la parte actora explica que según lo preceptuado en el artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación no puede restringir los derechos políticos del señor Fabio Velásquez Rivadeneira, por haber sido elegido por voto popular, advirtiendo que tal competencia radica exclusivamente en una autoridad penal, norma que debe ser aplicada por los jueces nacionales bajo el control de convencionalidad.

En ese sentido, la parte actora explica que de la descripción del único cargo disciplinario endilgado puede inferirse que no corresponden a actos de corrupción.

Por ello, el Tribunal consideró que tal y como fue afirmado por el Honorable Consejo de Estado, la potestad en cabeza de la Procuraduría General de la Nación de restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios elegidos popularmente a través de la destitución o la inhabilidad (general o especial) contraviene la Convención Interamericana, ya que esta facultad se encuentra convencionalmente instituida para las autoridades judiciales, siempre y cuando la restricción no sobrevenga de la ejecución de actos de corrupción.

Considera la Corporación que las apreciaciones jurídicas dadas a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben ser tenidas en cuenta para resolver el sub lite, pues en ambos casos se configuró una restricción a los derechos políticos de mandatarios elegidos popularmente, quienes fueron limitados por una autoridad administrativa  en el marco de un procedimiento que no se corresponde con las exigencias expresas y contundentes del artículo 23.2 de la Convención Americana.

Miguel Fonseca, abogado del alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira, dijo que el fallo ampara los derechos políticos y fundamentales y a la igualdad y el debido proceso de su cliente, lo que indica que puede reasumir sus funciones de manera inmediata.

Explicó también que los actos administrativos se encuentran suspendidos hasta que no se produzca  un fallo definitivo en la demanda contencioso administrativo que próximamente se estará instaurando para que se decrete la nulidad absoluta.

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