«Aceptar el relleno sanitario sería morirnos todos», Graciela Cotes

Consulta previa avaló construcción del relleno.

“Aceptar el relleno Sanitario sería morirnos todos”, Graciela Cotes

Por: Betty Martínez Fajardo

Los niños de la ranchería El dividivi, no dejan de caminar su territorio. Cada mañana visitan el cementerio donde descansan sus ancestros, allí disfrutan del verdor de todos los arboles silvestres que crecen por las lluvias pero que en verano se marchitan por la sequía. Ellos conocen cada centímetro de su tierra, por eso les es fácil llegar a un profundo hueco donde se construirá el relleno sanitario para Riohacha.

La comunidad del Dividivi se encuentra asentada en el kilómetro 12 de la vía que comunica a Riohacha con Valledupar. Allí Aldina Pimienta y Graciela Cotes, levantaron  una ranchería turística, sitio obligado para quienes de diversas partes de Colombia  llegan en busca de conocer sobre la cultura wayuu.

Los turistas son atendidos por los jóvenes de la comunidad que se han interesado en el negocio de sus padres, actividad que les ha permitido  también defender su cultura, por eso no entienden como a pocos metros se construirá el relleno sanitario a pesar que sus mayores  se opusieron cuando el Ministerio del Interior realizaba la consulta previa requerido para la ejecución de la obra.

“Aceptar el relleno sería morirnos todos,  va a ver un desastre, van a acabar con nosotros, con nuestra cultura, con nuestros niños, van a llegar cucarachas, ratas, epidemias, es un tema preocupante, Riohacha necesita el relleno sanitario pero no violentando nuestros derechos”, expresó Graciela Cotes.

Han pasado 10 años, desde que se firmó un convenio entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y la Fundación Universitaria Agraria de Colombia –Uniagraria- por valor de 10 mil millones de pesos, del cual se desprenden dos mil quinientos millones para el diseño y  construcción del relleno sanitario de la capital de La Guajira. Para esa época, no se contaba con el lote, razón por la cual cuando asumió como alcalde Rafael Ceballos Sierra, en el año 2011, se dio a la tarea de recuperar un espacio de terreno que se encontraba en poder de unos particulares, quienes de acuerdo al relato de la líder indígena Graciela Cotes, son de propiedad del clan Arpushana.

Graciela, mujer robusta, de piel morena, en su lengua ancestral el Wayunaiki pero también en español, explicó que desafortunadamente sus abuelos permitieron el ingreso de un familiar a la comunidad, que al parecer terminó vendiendo parte del territorio a un particular donde se pretende construir el relleno sanitario, y que el Distrito recuperó aduciendo que son de su propiedad.

“Estos terrenos son nuestros, por acá han pasado tres generaciones, algo que les recalqué a los funcionarios del Ministerio del Interior cuando llegaron a realizar la consulta previa, no son del municipio ni tampoco del particular que le compró a la administración Distrital, son de nuestra propiedad, aquí nacimos, aquí están los cementerios donde reposan nuestros abuelos y nuestros padres”, reiteró la líder.

Pero junto a Graciela, seis comunidades más que representan alrededor de 500 familias wayuu, se siguen oponiendo a la construcción del relleno sanitario, por eso no han permitido el ingreso de la firma contratista que debe ejecutar la obra, cuyo convenio podría liquidarse según dio a conocer el director de Corpoguajira, Luís Medina Toro, y parte de sus recursos serían devueltos al Sistema Nacional Ambiental.

“Desde que asumí hace cuatro año me di a la tarea de reiniciar el convenio, y hemos tenido dificultades porque el Distrito necesita  cumplir con los compromisos de la consulta previa, y de no avanzarse en el tema la capital de La Guajira no podrá contar a corto plazo con un relleno sanitario que cumpla con los requisitos exigidos por la norma para poder disponer adecuadamente sus residuos sólidos”, dijo el funcionario.

Acción popular

El Procurador Judicial Agrario y Ambiental de la Guajira, Cesar Valencia, interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira,  una acción popular contra el Distrito de Riohacha, y contra la Sociedad Interaseo S.A. E.S.P. así como contra Corpoguajira, para que previo el trámite legal correspondiente se proceda a efectuar las declaraciones de protección y defensa de los derechos colectivos, correspondiente al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, y derecho de acceso a una infraestructura de servicios públicos que garanticen el saneamiento básico, la salubridad pública, y que su prestación sea eficiente y oportuna, además del derecho a la salud.

En el relato del Procurador Cesar Valencia, se indica que desde los años 2014 y 2015 ese despacho, ha sido informada por parte de la Aeronáutica Civil y de Corpoguajira de la existencia de botaderos de basuras satélites o clandestinos en diferentes puntos de la ciudad de Riohacha que no solo causan impacto negativo al medio ambiente sino también a la salud humana por la generación de vectores productores de enfermedades, y la presencia de aves carroñeras alrededor del aeropuerto Almirante Padilla, que pone en peligro de alguna manera la vida de las personas que utilizan el transporte aéreo.

En el cuerpo de la demanda, se solicita proteger a la comunidad del Distrito de Riohacha al goce de un ambiente sano, el espacio público, la seguridad y salubridad pública, la existencia de un equilibrio ecológico, su conservación y restauración del medio ambiente, y el derecho de acceso a una infraestructura de servicios públicos que garanticen la eficiente prestación del servicio de aseo.

Hasta el momento, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, no ha resuelto la demanda citada, en tanto, el Distrito de Riohacha, adeuda más de 10 mil millones de pesos a Interaseo, por la recolección de las basuras que depositan en  un botadero a cielo abierto ubicado en el kilómetro 7 en la vía a la ciudad de Valledupar.

La alcaldesa

La alcaldesa de Riohacha, Iseth Tatiana Barros Brito, dice que hará valer las competencias que corresponde a la administración, y actuará de acuerdo a la ley, por eso no duda en afirmar que el terreno donde se tiene previsto construir el relleno sanitario, de acuerdo a los documentos que reposan en su despacho son de propiedad del Distrito.

“Estamos hablando de una ciudad en crecimiento, con una población que supera los 286 mil habitantes, y que necesita urgentemente su relleno sanitario, debo cumplir con lo que exige la ley”, advirtió la mandataria.

También, argumentó que se realizó la consulta previa a las comunidades asentadas alrededor del sitio donde se pretende construir el relleno sanitario, y la mayoría dio su visto bueno, reconociendo eso sí que siete comunidades votaron de manera negativa.

La mandataria se comprometió a dialogar con las familias que se oponen a la ejecución del relleno sanitario, pero hasta el momento no ha cumplido con ese cometido, como tampoco con la ejecución de ciertas  obras a las 25 comunidades que avalaron la consulta, y que quedaron consignados en un documento público.

Graciela Cotes, y Aldina Pimienta, siguen luchando para que no se les violente el derecho que defienden de sus tierras ancestrales. En los dos cementerios familiares,  uno de los pasos obligados para llegar al sitio donde se construirá el relleno sanitario, reposan los cuerpos de sus mayores, de esas personas que les prodigaron amor pero también el respeto y la defensa de lo que representa ser indígena Wayuu.

 

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Esta crónica fue realizada en noviembre de 2017, y publicada en Diario del Norte.

 Nota:

El cuatro de mayo de 2018, se dio por terminado el convenio entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y La Fundación Universitaria Agraria de Colombia –Uniagraria-, y en estos momentos se encuentra en proceso de liquidación.

Fotos: Betty Martínez Fajardo

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